Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social aprobó con 8 votos a favor el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado, reforma los artículos 74 y 34 de la Ley de Finanzas Públicas relacionados con los contratos colectivos y sus procedimientos.

La reforma busca dar facilidad a la libertad sindical y a la negociación en la contratación colectiva, elimina la exigencia de un dictamen de favorabilidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para la suscripción de los contratos colectivos o de las actas transaccionales.

Además, establece la planificación del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus empresas, incluidos los compromisos económicos que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y en las actas transaccionales con sus trabajadores se sujeten a sus propios planes.

Es decir, que no necesiten la injerencia del ente rector de las finanzas públicas para asignar y ejecutar su propio presupuesto, lo que permitirá celeridad en los procesos.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Karina Arteaga, aseguró que la propuesta de Ley está orientada a hacer respetar el derecho de las personas a organizarse para negociar y promover condiciones más dignas para el desempeño de sus actividades laborales.

Así mismo, Arteaga dijo que está nueva normativa invita a que haya un proceso de modernización o evolución de los sindicatos en el país, donde pase de una oposición inamovible hacia una negociación técnica y propositiva.

Una vez concluida la lectura del proyecto de ley que fortalece a los sindicatos de trabajadores, el asambleísta David Gallardo defendió la iniciativa con el único objeto que el presupuesto y el dictamen vinculante se a favor de las partes.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Docentes Ocasionales Universitarios y Politécnicos del Ecuador, Paúl Velásquez aseguró que dentro de las universidades públicas y politécnicas, el 43 % son docentes ocasionales y no se convocan a concursos públicos, trabajan ocasionalmente seis o siete años en las universidades y actualmente el Reglamento de Escalafón es atentatorio a sus derechos.

De su lado, las docentes Sofía Zambrano y Mariela Arias insistieron que son un sector olvidado, que incluso han sido notificadas con la terminación de la relación laboral.

Finalmente, Johnny Ramírez, secretario del Comité de Empresa de la compañía Pacifpetrol S.A solicitó la intervención de la Asamblea Nacional para que se respete los derechos laborales, especialmente, el reintegro a sus labores.