La Asamblea Nacional, con 95 votos a favor, censuró al ex ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo. La resolución será remitida a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado para que realicen las investigaciones del caso, el objetivo determinar las responsabilidades penales, administrativas y civiles a que haya.

Según, el artículo 131 de la Constitución de la República y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta inhabilita a Fernando Santos Alvite para el ejercicio de cargo público por los próximos dos años.

La suerte del ex ministro de Energía y Minas estaba echada, las coincidencias en el debate hacía que la resolución de los asambleístas sería la censura del ex funcionario, 18 intervenciones se refirieron a la necesidad de ir más allá de la censura y la importancia de atender en forma urgente al sector energético para evitar que, a futuro, se repitan los apagones, que generan pérdidas millonarias para el país, sobre todo en el sector productivo, incluida la economía popular y solidaria.

Por su parte, los integrantes de la comisión de Fiscalización destacaron la sustanciación del juicio político cumpliendo todos los procedimientos determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con absoluto respeto al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa.

Para el asambleísta César Umajinga la censura de Santos Alvite es “por inoperante, sin odio o venganza, porqué le dejo a los ecuatorianos en la obscuridad”, expresó.

En cambio, el legislador Ramiro Vela sostuvo que la ex ministra de Energía y Minas, igual debe recibir la sanción que Santos Alvite, que a pesar de tener las herramientas y los estudios de los problemas del sector energético no hizo nada la ministra que renunció.

Mientras tanto, el legislador Lenin Rogel, indicó que “en lo único que le puedo dar la razón al ex ministro de Energía y Minas, Santos Alvite es que antes la energía se cortaba 3 horas y a hora son 7, más de 72 millones de dólares de pérdidas diarias para el país”.

Finalmente, entre las responsabilidad política del ex ministro de Energía y Minas, Santos Alvite no tener los argumentos para defender su gestión, no tomó las acciones necesarias para atender al sector eléctrico, pese a las múltiples alertas dadas por los organismos técnicos y de control del sector eléctrico, no hizo nada, puntualizaron.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció la solicitud de juicio político presentada por la asambleísta Ana Galarza contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo y en tres días la Unidad de Técnica Legislativa deberá emitir un informe técnico-jurídico no vinculante.

Además, autorizó ampliar por 180 días, el plazo para el funcionamiento de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales, a partir del 13 de junio del 2024.

La solicitud la presentó el asambleísta Otto Vera, presidente de la comisión, el objetivo continuar el análisis de dos proyectos de enmiendas a los artículos 138, 120, 141, 292, 294 y 295 de la Constitución de la República, presentados en el 2022 y que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional.

Finalmente, el CAL acogió la iniciativa presentada por la legisladora Johanna Ortiz, para conmemorar el centenario del primer voto femenino en Latinoamérica, la cual incluye realizar una Sesión Plenaria, el próximo 6 de mayo, con la participación de todas las asambleístas principales y alternas, entregar reconocimientos a activistas en favor de la paridad de género, nombrar al Hall del Palacio Legislativo como Matilde Hidalgo y honrar su memoria colocando una pintura que forme parte del Palacio Legislativo.

Este lunes 29 de abril 2024, a las 10h30, el Gobierno Nacional realizará la entrega oficial del puente tipo Delta sobre el río Lelia, ubicado en el km 82 de la vía Alóag – Santo Domingo, esto permitirá restablecer la conectividad en este corredor vial que conecta la Sierra y Costa.

Una fuerte crecida del río socavó el estribo derecho de la carretera ocasionando el colapso del tablero del puente y como consecuencia el cierre de la circulación vehicular, el presidente de la República, Daniel Noboa dispuso la colocación de un puente provisional sobre el río Lelia, debido a la importancia de la vía para el desarrollo comercial, productivo y turístico del país.

Desde el cierre de la vía, el Gobierno a través de Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ha intensificado los esfuerzos para atender la emergencia en esta vía delegada.

Según, el ministro de Transporte y Obres Públicas, Roberto Luque inició de inmediato la gestión del puente Delta de 56 m de longitud, 9,20 m de ancho y 2 carriles de circulación, a través de un programa de estudios y diseños realizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en el que participaron ingenieros especializados y de gran experiencia. Esta solución vial beneficiará a 415.000 habitantes directos, 334.000 de Santo Domingo y 81.000 del cantón Mejía.

Mientras tanto, que los beneficiarios indirectos ascenderían a 650.000 habitantes sostuvo el ministro Luque.

Finalmente, con la colocación del puente provisional sobre el Río Leila optimizara los tiempos de viaje entre las dos regiones y facilitará la conectividad vial segura para la reactivación económica de las poblaciones de las dos provincias.

Este sábado 27 de abril del 2024, la comisión de Educación de la Asamblea Nacional se trasladó hasta la provincia del Oro, para socializar las reformas a la Ley de Educación Superior y el rector de la Universidad Técnica de Machala, Johnny Pérez les dio la bienvenida, tras referirse a la necesidad de la flexibilización para la creación de nuevas carreras, enfocadas a las actuales necesidades del mundo globalizado, en innovación, emprendimiento y tecnología, que permitan que los jóvenes puedan alcanzar un empleo y no solo la profesionalización.

“Es importante que exista una Ley que permita reinventarse a la educación superior, con leyes amigables para una educación al alcance de todos”, que garantice la autonomía de las Instituciones de Educación Superior, dijo Pérez.

Según, la presidenta de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Zolanda Plúas indicó que trabajan el procedimiento del escalafón docente en las instituciones de educación básica y bachillerato, así como en el problema de inseguridad y violencia dentro de las entidades educativas.

Además, Plúas señaló que realizan el control político a la compra de libros y uniformes; implementación de alimentación escolar; administración de bares de unidades educativas; política de prevención del uso de drogas dentro de las instituciones y la implementación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia.

Por su parte, el asambleísta Carlos Rodríguez explicó las reformas a la Ley de Educación Superior. La importancia de trabajar conjuntamente entre la academia y la Asamblea Nacional para garantizar un correcto desarrollo. La propuesta contiene tres aspectos fundamentales para contar con un sistema de educación superior de calidad, entre ellos, garantizar la autonomía de las instituciones de educación superior; la carrera y promoción de los docentes y promover la cooperación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el objetivo es que las instituciones de educación superior puedan crear extensiones y ampliar sus estructuras físicas para ofertar más cupos y facilitar el ingreso de más bachilleres.

Para el legislador Juan Carlos Camacho “la educación es el motor de desarrollo del país”, a pesar de la diferencia de partidos hay una sola visión en la comisión y el objetivo es claro del rumbo que debe tener el país respecto de la educación superior, sostuvo.

Mientras tanto, el decano de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad Técnica de Machala, José Correa expresó que se debe incluir a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, para que conste como fuente de recursos económicos para la Universidad Técnica de Machala y fortalezca el presupuesto de la institución. “Es tiempo de fortalecer la autonomía de las universidades, para que desde la universidad pública haya la oportunidad de crear nuevas carreras que permitan ampliar el acceso a la educación superior”. Son 10 mil jóvenes que desean ingresar a la Universidad en Machala, pero solo existe capacidad para 4 mil.

En cambio, los asambleístas escucharon a los servidores públicos de la Dirección Distrital de Educación, quienes mostraron su preocupación por su situación legal. Las últimas reformas han causado la eliminación de algunos puestos de trabajo, complicando la situación laboral de los servidores distritales de educación.

Finalmente, la presidenta de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional,  Zolanda Plúas destacó el recibimiento de la población orense y les reiteró “cuenten con esta comisión que siempre estará atenta a trabajar por y para ustedes”, precisó.

A las 18h24 de este viernes 26 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) culminó en las 24 Delegaciones Provinciales, con el 100% del procesamiento de las actas del Referéndum y Consulta Popular 2024.

El Pleno del CNE, en la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio, se encuentra examinando cada una de las actas. Concluida esta verificación, las autoridades electorales anunciarán los resultados oficiales, tal como lo establece el artículo 141 del Código de la Democracia.

El CNE ejecuta procesos electorales eficientes, altamente técnicos, transparentes y respetuosos de la voluntad de la ciudadanía ecuatoriana expresada en las urnas.

La comisión de Régimen Económico evaluará la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial Suplemento 395, del 4 de agosto 2008 y sus reformas.

El objetivo de las reformas es verificar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contratación Pública, la aplicación y regulación de los procedimientos de contratación pública que garantice un accionar transparente y eficiente, mediante mecanismos adecuados de control y sanción por parte de los organismos de control.

Además, establecer si las instituciones públicas han alcanzado satisfacer sus requerimientos de productos o servicios; falencias y mejoras de las modalidades de contratación y determinar las falencias del sistema, respecto a la adquisición de medicinas y otros insumos médicos.

Esta es una ley transversal de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones públicas; por lo que, en cumplimiento de la Agenda legislativa, hay la necesidad de iniciar el proceso de evaluación de la Ley, previo a aprobar de una reforma que responda a las dificultades y realidad del Sistema Nacional de Contratación Pública en el país.

Así mismo, el tiempo estimado de evaluación será de seis meses, mientras de desarrolla el debate de las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los temas de evaluación estarán clasificados en cuatro grupos: 1) Aplicación de las atribuciones y disposiciones de las instituciones públicas, referente al alcance de los procedimientos de contratación pública, así como la simplificación o la eliminación de varios procedimientos vigentes. 2) Funcionalidad y calidad de los productos, en consideración que la calidad en ciertos casos suele ser deficiente y el contratante no tiene más opción que iniciar el proceso por catálogo electrónico. 3) Rol de la Contraloría General del Estado respecto del informe de pertinencia y favorabilidad en la fase precontractual. 4) Accionar del ente rector de compras públicas sobre el control y aplicación del régimen sancionatorio en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, junto a dirigentes barriales, presentó el proyecto de reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el cual busca establecer un precio justo para las invasiones.

Según, el proyecto de Ley este se aplicarían en los casos de predios que sean propiedad pública de dominio privado, o que, por procesos administrativos hayan pasado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano y que en los mismos se encuentren asentamientos humanos de hecho y consolidados.

Por lo que, se podrá realizar la venta directa sin necesidad de subasta a los posesionarios del predio sin tomar en cuenta las variaciones derivadas del uso actual del bien o su plusvalía, siendo el justo precio del inmueble, el que tenía el predio al momento de producirse el asentamiento, acreditado en el informe socio organizativo, legal y técnico.

Además, determina que para la autorización de la transferencia no se podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad, de acuerdo con el registro o catastro municipal actualizado, a excepción que sea para regularizar un asentamiento humano de hecho y consolidado, cuyo justo precio se establecerá conforme las reglas del COOTAD. La donación únicamente procederá entre instituciones del sector público.

Así mismo, la asambleísta Inés Alarcón, señaló que estas reformas a los artículos 486 y 596 del COOTAD, es en razón de la preocupación ciudadana por el descuido de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los asentamientos humanos.

“Queremos un precio justo, que sean asequibles, que la ciudadanía se sienta conforme, ellos son parte de zona vulnerable”, la propuesta fue trabajada con el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Fidel Chamba, en conexión con la ciudadanía, dijo Alarcón.

Por su parte, el concejal de Quito, Fidel Chamba indicó que en conjunto con los presidentes de seis barrios de Lote A 3-6 y con el respaldo de la legisladora Inés Alarcón trabajaron la reforma para establecer el justo precio. Hay familias del Lote A 3-6 que han pagado 2, 3 y hasta 4 veces más el lote de terreno, pese a que son personas de bajos de recursos económicos que no tienen capacidad de pagar el precio avaluado.

El asambleísta por Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez presentó el proyecto de Ley de Investigación, Justificación y Recuperación de Bienes, que crea la Unidad Coactiva de Justificación de Bienes para asegurar la transparencia y legalidad en la acumulación de riqueza.

Según, Gutiérrez la Unidad Coactiva de Justificación de Bienes, operará con autonomía bajo la supervisión directa de la Presidencia de la República, con el objetivo de revisar minuciosamente la riqueza de personas y entidades, priorizando casos con discrepancias entre ingresos declarados y bienes adquiridos.

Además, el legislador define y categoriza bienes como muebles, inmuebles e intangibles, estableciendo protocolos claros para su registro, valoración y disposición. Por lo que, instituye procedimientos coactivos para la retención y subasta de bienes cuya procedencia no pueda ser justificada satisfactoriamente.

Así mismo, Gutiérrez destaca la protección y estímulo al delator e incorpora medidas de seguridad personal, recompensas económicas y acuerdos de colaboración efectiva para aquellos que proporcionen información relevante en la recuperación de activos.

Mientras tanto, el proyecto de Ley prevé que la regularización tributaria para bienes preexistentes, otorga un plazo de seis meses para su declaración y pago de impuestos correspondientes.

Sin embargo, el acogerse a este régimen especial no exime de responsabilidad penal por delitos previamente cometidos, señaló el asambleísta de Sociedad Patriótica autor del proyecto de Ley.

La cooperación internacional, capacitación a cónsules y el uso de tecnologías avanzadas es clave en la gestión eficiente de bienes en el exterior y la lucha contra la acumulación ilícita de riqueza, puntualizó el asambleísta Lucio Gutiérrez.

Garantizar una infraestructura vial adecuada, moderna y segura es vital para promover el desarrollo del país. Por eso, el martes 23 de abril 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa, participó en el acto que oficializa la reactivación de los trabajos de rehabilitación en la Vía Perimetral de Pasaje (El Oro) – Azuay.

El Jefe de Estado lamentó que esta vía haya permanecido paralizada, obstaculizando el progreso económico y productivo de la población, “como esta obra, hay muchas que estaban atrasadas en todo el país. Lo que faltaba es un gobierno con voluntad. Servir al pueblo debe ser una convicción”, esta infraestructura beneficiará a más de 90.000 personas directamente, dijo.

Para Camilo Ruiz, viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas, “para este gobierno es prioridad rescatar, destrabar y ejecutar obras vitales para la gente”. Por ello, afirmó que el MTOP transferirá los recursos para iniciar con las labores de rehabilitación.

Esta obra se cristaliza por el convenio entre el MTOP y el GAD provincial de El Oro. Para el desarrollo de la misma se requiere de 6,7 millones de dólares, de los cuales el Gobierno Nacional aportará con 3 millones de dólares. “Desde el MTOP estamos cumpliendo el mandato presidencial de servir de manera honesta, con las mejores decisiones en beneficio del pueblo ecuatoriano”, expresó.

Por su parte, Jovanny Coronel, alcalde de Pasaje, indicó que esta obra estuvo abandonada por administraciones anteriores, hoy se reactiva en beneficio de los ciudadanos. Por tal motivo, hizo énfasis en el apoyo de la población a la gestión presidencial. “Tenga la seguridad que Pasaje estará siempre respaldándolo”.

Mientras tanto, el Presidente Noboa agradeció a la ciudadanía por el respaldo demostrado en la consulta popular del domingo 21 de abril del 2024, especialmente para fortalecer la seguridad y combatir al hampa. “No pasaba hace muchísimo tiempo que toda una nación se juntaba a rechazar al mal, la impunidad y a políticos tradicionales que, en conjunto con el crimen organizado, han impedido el progreso de los ecuatorianos”, precisó.

Finalmente, el Mandatario aseguró que continuará con su labor para hacer del Ecuador un país próspero. “Nosotros estamos sirviendo, somos servidores del pueblo y que sea el pueblo el que nos juzgue”.