Con el objetivo de profundizar el debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, las leyes de Seguridad de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la Comisión de los Trabajadores recibió las comparecencias de los ministros de Gobierno, Defensa y autoridades del ISSPOL e ISSFA.

Según, la propuesta establece que el Estado reconozca el pago del 100 % a los beneficiarios de las pensiones jubilares por vejez o retiro que estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia y perciban, por ello, sueldo, salario o remuneración.

Además, actualmente en la legislación consta el descuento del 40 % del aporte estatal a las pensiones jubilares cuando el jubilado reingresa al mercado laboral y se afilia al IESS como trabajador en relación de dependencia.

Así mismo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, consideró que el proyecto tiene sentido constitucional y carácter social respecto a la intangibilidad de las pensiones, motivaciones básicas para que la reforma siga su trámite normal y se haga realidad, en el menor tiempo posible, la pensión jubilar es el fruto de aportaciones de los uniformados durante su carrera profesional antes de pasar a retiro, las que de ninguna manera pueden ser embargadas, retenidas o recortadas.

Por su parte, Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, señaló que ese descuento del 40 % en las pensiones es una medida inconstitucional, por lo que propuso a los comisionados que se incorpore una disposición para que el ISSPOL pueda tener jurisdicción y capacidad coactiva, a fin de cobrar deudas y recuperar fondos, tomando en cuenta los escándolos y estafas que tuvo que soportar la entidad.

De su lado, Ángel Esquivel, director del ISSPOL indicó de debe tomar en consideración el artículo 370, último inciso, de la Constitución de la República dispone que el Estado garantizará el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en el Art. 371 de la Carta Magna manifiesta que las prestaciones en dinero del Seguro Social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos o de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, precisó, al argumentar que la reforma no afecta a las finanzas del Instituto.

Mientras tanto, Alejandro Vela, director General del ISSFA, expresó que no es factible coartar la posibilidad de reintegración laboral de un pensionista, se debe considerar la pensión jubilar como un derecho de seguridad social, como la remuneración laboral, precisó.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de los Trabajadores, Karina Arteaga, solicitó que se envíen por escrito las observaciones para que el equipo técnico pueda analizarlas y sean incluidas, aseveró.

El periodo legislativo que iniciará el 14 de mayo entrará en vigencia, al menos, el 95 % de las reformas recientemente aprobadas por el pleno de la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, lleva adelante las acciones que buscan concluir el actual periodo con orden y responsabilidad, cuando restan más de 40 días para que los asambleístas electos se posesionen.

En esta línea avanzan las actividades, incluyendo reuniones y capacitaciones alineadas a conseguir que el trabajo Legislativo no se detenga.

Están previstas dos reuniones con los representantes de las nuevas bancadas que conformarán el parlamento 2021-2025, se abordaran temas que están en tratamiento, el estado de las leyes en proceso de construcción y los procesos administrativos en curso para la aplicación de la LOFL.

Otra reunión planificada es con los asambleístas más votados en las últimas elecciones, ellos son, en su orden: Pierina Correa, Salvador Quishpe y Wilma Andrade, el objetivo de este encuentro será establecer los lineamientos para la primera sesión del Pleno, dentro del procedimiento parlamentario, puesto que serán quienes la dirijan conforme establece la ley.

Mediante un programa de formación, la Legislatura generará la inducción a los 137 asambleístas electos, del 1 al 30 de abril para el efecto contará con el apoyo del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y la Fundación de Estudios Parlamentarios Manuel Giménez Abad, de las Cortes de Aragón de España, la misma que contará con el aval académico de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

El propósito de esta actividad es brindar conocimientos sobre las funciones, atribuciones, competencias, prohibiciones, que tienen los asambleístas, conocimientos sobre los procedimientos legislativos y fiscalizadores establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y sus reformas.

El Programa se desarrollará en cinco módulos, el primero, sobre la organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional, el segundo abordará el procedimiento legislativo, un tercero tratará la práctica parlamentaria; el cuarto desarrollará la función fiscalizadora y de control político y finalmente recibirán información sobre derechos y participación ciudadana.

Finalmente, la inducción tendrá una modalidad abierta en línea y los asambleístas electos podrán optar por generarla de acuerdo a sus tiempos, hasta el 30 de abril, los docentes que participarán en los diferentes módulos son profesionales nacionales con amplia experiencia en el ámbito legislativo y que se han interesado por el estudio del Derecho Parlamentario y la Técnica Legislativa,
de esta forma se realiza la transición que dará paso al nuevo periodo legislativo, encargado de poner en plena vigencia la LOFL, cuya reforma afianza el rol del Primer Poder del Estado.

El candidato de la alianza CREO – PSC, Guillermo Lasso cumplió una apretada agenda en el norte del país, Carchi e Imbabura, dónde recibió un multitudinario respaldo, al ritmo del tambor, la trompeta y trombón recorrió Tulcan se comprometió a mejorar las condiciones de las zonas fronterizas y a fortalecer la cadena productiva con créditos a bajos intereses y mayor plazo.

Además, Lasso indicó qué es maravillo poder compartir con los ecuatorianos en todo el país, “mi agradecimiento a los sectores productivos y papicultores el objetivo del gobierno del cambio es incrementar la competitividad y la reactivación económica.

Mientras tanto, en la ciudad Blanca el masivo respaldo a Guillermo Lasso, fue con rituales y rosas, este es el Ecuador del encuentro para trabajar unidos y seguir luchando por un verdadero cambio.

Así mismo, mantener un dialogo franco, honesto y abierto que permita liberar de las ataduras ocultas que durante catorce años le mantuvo postrado al país, por ello su gobierno fortalecerá con la apertura de las escuelas cerradas, la educación superior nuestra prioridad será la educación superior Técnica y Tecnológica en linea.

Con el propósito de fortalecer acciones en territorio que beneficien a los habitantes de Guayaquil y del resto del país, este 29 de marzo, el ministro de Salud Pública, Mauro Falconí y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, suscribieron el Convenio Marco Interinstitucional para inocular a la población de la urbe porteña contra la COVID-19.

Esta alianza permitirá que el MSP entregue 1.8 millones de vacunas a Guayaquil y, a su vez, el cabildo aporte con infraestructura y logística para un eficaz y oportuno proceso de vacunación.

Por su parte, el ministro Mauro Falconí destacó la importancia de esta acción conjunta, éste convenio permitirá trabajar juntos en equipo con el propósito que las vacunas lleguen a los diferentes sectores de Guayaquil, no pararemos de vacunar, expresó.

Por su parte, la alcaldesa de Guayaquil, coincidió con las declaraciones de Falconí, al señalar que estas acciones articuladas entre ambas instancias, buscan preservar la salud de la ciudadanía, así como proporcionar las herramientas necesarias para enfrentar esta pandemia.

Con la firma del convenio, Fernando Rosado, ciudadano guayaquileño, aplaudió la alianza y manifestó su agradecimiento “estoy feliz porque mi familia al igual que toda la población será vacunada, lo que nos proporciona mayor seguridad y bienestar”.

Finalmente, el MSP impulsa políticas, estrategias y acciones en conjunto con todos los sectores del país para contener la propagación del virus SARS-CoV-2. En ese sentido, esta Cartera de Estado exhorta a la ciudadanía a redoblar esfuerzos en la aplicación de las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, distanciamiento social, desinfección de superficies y uso obligatorio de mascarillas.

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, recibió aportes de varios sectores al proyecto de reformas al Código del Trabajo y a la Ley de Servicio Público para la Defensa y Garantía de los Derechos Individuales y Colectivos de los Trabajadores, iniciativa que busca recuperar prerrogativas que fueron afectadas en 2015, a través la denominada Ley de Justicia Laboral.

De su lado, Luis Cherres, de la Federación Nacional de Obreros de los Consejos y Gobiernos Provinciales del Ecuador, se mostró partidario de revisar respecto al encargo o subrogación en el Código del Trabajo, para que quienes en determinado momento ejercen funciones de mayor rango, tengan derecho a recibir el pago proporcional de la remuneración correspondiente.

De esta manera, continuó, si un operador, que cuenta con un ayudante, tiene que ausentarse y su trabajo lo ejecuta el ayudante, este podrá acceder al pago proporcional del respectivo salario de este puesto laboral, lo cual no es posible actualmente.

De su lado, el experto en Derecho Laboral, Luis Alberto Freire, recordó que en el caso del encargo o subrogación se debe aplicar el principio de primacía de la realidad, por el cual si una persona es contratada para efectuar labores de jardinería y termina ejerciendo funciones de chofer, debe recibir la remuneración correspondiente a la plaza de chofer.

También, la reforma debe hacer efectivo el principio de igualdad y equidad en la remuneración, pues la Constitución de la República reconoce que a igual trabajo corresponde igual remuneración.

Mientras tanto, desde la academia, Ana Arteaga Moreira, coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, recordó que el derecho es dinámico, por tanto, siempre es necesario establecer una actualización en la normativa, no solo en temas como la subrogación, en lo que corresponde al pago de horas suplementarias y extraordinarias, dado que en la actualidad existe un límite para el ejercicio de este derecho, lo cual no tiene razón de ser, porque si una persona, en el sector privado, es contratada para un cargo de confianza, como una gerencia, no tiene por qué dejar de percibir el pago de horas extras si es que cumple labores que superan la jornada ordinaria de trabajo.

Entre tanto, Gabriela Llumiquinga, a nombre de los trabajadores de las empresas públicas, cuestionó que el marco jurídico específico de este sector, limite sus derechos, ya que es un régimen distinto que no permite que se acojan a las regulaciones del Código del Trabajo, pese a ser obreros; tampoco de la Ley de Servicio Público, lo cual constituye una discriminación.

Otro de los temas que abordaron fue la necesidad de eliminar el valor de la remuneración básica unificada de 2015 como el promedio sobre el cual se calculan las indemnizaciones del sector público, en caso de desvinculación.

Lo lógico sería que el cálculo se efectúe con el valor de la remuneración vigente al momento de la desvinculación, por una parte y, por otra, no tiene sentido mantener en la ley el término de hasta siete remuneraciones básicas unificadas, lo cual genera confusión al momento de establecer el pago de este derecho para los trabajadores que se acogen a la compra de renuncia obligatoria u otras formas de cese de funciones, como parte de los programas de optimización del talento humano en el ámbito estatal.

Finalmente, Karina Arteaga, presidenta de la comisión y autora del proyecto de reforma legal, agradeció los aportes formulados y, a la vez, solicitó que sus reflexiones y observaciones sean remitidas por escrito para que sean incorporadas en el análisis y debate de este cuerpo jurídico.