El Pleno del Consejo de la Judicatura analizó una serie de procesos disciplinarios iniciados en contra de servidores judiciales. Las autoridades destituyeron al juez J.E.A.Z. y a la secretaria M.C.Y.C., quienes laboraban en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los análisis determinaron que usaron sus accesos al sistema judicial para modificar el expediente relacionado con un hábeas corpus, incorporar litigantes ajenos al caso, excluir a las partes legítimas y ocultar resoluciones, impidiendo así la notificación de órdenes de libertad condicional.

Además, el Consejo de la Judicatura ratificó la amonestación escrita contra M.J.P.A. analista provincial administrativo de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas.

La decisión adoptada es porque el servidor no notificó oportunamente a la empresa de seguridad privada sobre incumplimientos detectados en la prestación del servicio en las dependencias judiciales de esa provincia.

Mientras tanto, ratificó la sanción impuesta al abogado en libre ejercicio M.G.C.P., quien deberá pagar la multa de una remuneración básica. El profesional del derecho incorporó a un proceso de inquilinato un documento que no fue emitido por la jueza competente y que no estaba registrado en el sistema SATJE.

Finalmente, el Pleno del Consejo de la Judicatura ratificó la inocencia de otro abogado patrocinador de causas y del defensor público de Loja, J.E.M.R. contra quienes pesaban sumarios, pero no se hallaron responsabilidades.

El Consejo Nacional Electoral recibió 309 postulaciones de candidaturas para la Elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027 dentro del plazo establecido para el efecto, de acuerdo al siguiente detalle:

Como parte del calendario electoral, entre el 29 y 30 de junio se difundirá el listado de postulantes en la página web http://www.cne.gob.ec, junto con los formularios y la documentación de respaldo. Posteriormente, entre el 1 y el 3 de julio, la ciudadanía podrá ingresar denuncias contra las postulaciones presentadas.

La Comisión Verificadora analizará los expedientes para determinar el cumplimiento de requisitos y que los postulantes no incurran en inhabilidades. El listado final de candidatos calificados al CPCCS se publicará el 24 de septiembre de 2026.

El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Manabí y oficializó la inversión de 26 millones de dólares para transformar la vida y dinamizar económicamente a la provincia.

Según, el Mandatario la compensación para el sector pesquero por 10.5 millones de dólares beneficiará a 519 pescadores a nivel nacional. Este monto será destinado más de 4.4 millones de dólares, exclusivamente para 302 embarcaciones en Manabí, consolidando así el apoyo a una de las principales provincias pesqueras del país.

Además, entregó dos tractores, 100 paquetes tecnológicos, 500 kits de inseminación bovina y 55 títulos de propiedad de predios rurales, en beneficio del sector agropecuario.

Así mismo, el Gobierno Nacional ejecutó la entrega de 1.178 bonos de contingencia por un monto de 339.000 dólares, sumado los 561 bonos asignados anteriormente ya superan los 500.000 dólares. Este apoyo permitirá a los pescadores afectados por la plaga de la jaiba morada adquirir redes y herramientas de trabajo.

Ante los embates de la época lluviosa, la Secretaría de Gestión de Riesgos destinó más de 765.000 dólares en asistencia humanitaria, beneficiando al sector pesquero artesanal con más de 280.000 dólares en alimentos e insumos de higiene.

Finalmente, en materia de educación, el Gobierno ha destinado una inversión de 1.4 millones de dólares para el fortalecimiento de las unidades educativas: Cultural Machalilla (cantón Puerto López), Tiburcio Macías (cantón Portoviejo), Manuel Castillo Hidalgo (cantón Chone) y Pichincha (cantón Paján). En los planteles se intervinieron aulas, baterías sanitarias, canchas deportivas, camineras, bares escolares, juegos infantiles, cerramientos, sistemas eléctricos y áreas administrativas; beneficiando directamente a 2.296 estudiantes.

El Pleno del Consejo de la Judicatura toma decisiones orientadas a fortalecer la administración de justicia y a garantizar su continuidad en distintas jurisdicciones del país.

 Además, el Consejo de la Judicatura resolvió, este 23 de junio de 2026, terminar la designación temporal de Lauro Javier de la Cadena Correa como conjuez de la Corte Nacional de Justicia, cargo que desempeñó desde el 29 de noviembre del 2019 (seis años, seis meses y 25 días).

El juzgador regresará a su cargo de origen, en la Corte Provincial de Imbabura, el objetivo cubrir el déficit de juzgadores y atenuar el estado crítico de la dependencia judicial, situación que fue determinada con base en informes técnicos y jurídicos.

Este caso no es el primero que trata el Pleno del Consejo de la Judicatura. El 15 de junio del 2026, dio por terminada la designación de Pablo Loayza Ortega, como conjuez temporal de la CNJ (cargo que lo desempeñó desde el 29 de noviembre de 2019), y dispuso el regreso a su puesto de origen, como juez de la Corte Provincial de El Oro.

También, el Consejo de la Judicatura nombró a Vicente Hidalgo Maldonado como juez temporal del Tribunal de Garantías Penales Especializado en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. La decisión conforme a la resolución No. 032-2026, que establece una metodología técnica para este tipo de designaciones.

Así mismo, las autoridades analizaron procesos disciplinarios iniciados contra servidores judiciales y destituyeron al exdirector provincial del CJ de Cotopaxi M.G.R.D. La decisión porque archivó y ratificó la inocencia de una jueza, pese a que enfrentaba un sumario por falta gravísima. Estos procesos deben ser resueltos exclusivamente por el Pleno.

Finalmente, tomó medida contra de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Manabí y jueza provincial, M.R.B.Z., a quien se le atribuye la infracción prevista en el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial: solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que ponen en tela de duda la imparcialidad del servidor judicial. Este proceso disciplinario se originó a partir de información obtenida de un caso de delincuencia organizada.

Para más de 21.000 ecuatorianos con enfermedad renal, faltar a una sesión de diálisis no es una opción, significa poner en riesgo su vida.

Sin embargo, la crisis que enfrenta el sistema de diálisis en el país ya está dejando consecuencias visibles y cada vez más graves para miles de pacientes y sus familias. El cierre progresivo de dializadoras en distintas ciudades del país, provocado por la falta de pagos y la creciente asfixia financiera del sector, está obligando a pacientes a desplazarse largas distancias para poder acceder a un tratamiento vital. Lo que antes podían recibir cerca de sus hogares, hoy implica viajes de varias horas, cambios de ciudad e incluso separaciones familiares para no interrumpir la diálisis.

En algunos casos, pacientes deben salir de madrugada tres veces por semana para alcanzar un cupo disponible en otro cantón o provincia. En algunos casos, los pacientes deben salir de sus hogares en plena madrugada, hasta tres veces por semana, para recorrer varias horas y encontrar un cupo disponible en otro cantón o provincia.

Para muchos, recibir diálisis ya no significa acudir a un centro cercano, sino enfrentarse a extensos traslados, desgaste físico y gastos adicionales simplemente para poder seguir viviendo.

La situación ocurre en un contexto donde gran parte de la atención renal en Ecuador depende de centros privados y prestadores convenios que sostienen buena parte de la cobertura nacional. La deuda acumulada del Estado con las dializadoras que actualmente asciende aproximadamente a 463 millones de dólares ha llevado al sistema a un punto crítico. La falta de liquidez está afectando directamente la capacidad operativa de los centros.

Además, muchos enfrentan dificultades para adquirir insumos médicos, mantener equipos especializados y sostener sus operaciones diarias. La consecuencia ya no es solo financiera, es una crisis que impacta directamente en la atención de los pacientes.

Mientras tanto, el problema se suma el impacto laboral. El sector de diálisis genera miles de empleos para médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo. El deterioro financiero ya comienza a reflejarse en retrasos de pagos, sobrecarga operativa y un escenario de creciente inestabilidad para el talento humano de salud.

Finalmente, este panorama, el sector advierte que el sistema de diálisis en Ecuador enfrenta una situación crítica que requiere acciones urgentes e inmediatas. La regularización de pagos pendientes, mecanismos sostenibles de financiamiento y una respuesta articulada entre el Estado y los prestadores de salud son indispensables para evitar un colapso mayor. Garantizar la continuidad de los servicios de diálisis no es únicamente un tema administrativo o financiero. Significa evitar que miles de ecuatorianos sigan recorriendo el país para poder sobrevivir. Es impedir que más centros cierren sus puertas y que más pacientes enfrenten el miedo de no saber si podrán recibir, a tiempo, el tratamiento que los mantiene con vida.

El Consejo Nacional Electoral recordó a la ciudadanía que las postulaciones de candidaturas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027 se receptarán hasta el jueves 25 de junio, en horario de 08h30 a 18h00. 

Los ciudadanos, a título individual o con el auspicio de organizaciones sociales, podrán presentar el expediente físico de postulación con todos los requisitos en la Secretaría General del CNE, en las secretarías de las 24 delegaciones provinciales electorales o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

El CNE ha desplegado un contingente técnico y humano para brindar asistencia a los postulantes, tanto en la sede matriz como en las 24 provincias del país. Este hito del calendario electoral cuenta con el acompañamiento de 19 veedurías, conformadas por 80 personas, ratificando así la absoluta transparencia del proceso.