La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa sigue recibiendo los aportes desde la ciudadanía respecto a la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, esta vez realizaron los delegados de Biciacción, la Unión de Sindicatos de Chóferes de Manabí, transporte Mixto, escuelas de conducción profesionales, FENACOTIP, entre otros.

Para Erika Ulloa, presidenta de la Fundación Biciacción, sostuvo que la Ley no solo se enfoca en la educación, sino en el control, aplicación y en la ejecución de la normativa.

Sin embargo, la lucha por la seguridad vial y la movilidad sostenible es desde hace 21 años, los avances en la implementación de la movilidad activa, la seguridad vial y sobre todo por los esfuerzos para crear ciudades centradas en las necesidades de la gente, es primordial, explicó.

Por su parte, Horacio Barberán, asesor de la Escuela de Conducción Profesional del Sindicato de Choferes Profesionales de Tarqui – Manabí, señaló que es importante que la Ley tenga un enfoque real y práctico para todos los entes puedan manejar de forma adecuada, se han violentado derechos sustanciales y esenciales para las escuelas de conducción profesional, el 80 % de los siniestros viales corresponden a choferes no profesionales, por eso tiene que haber igualdad en lo que respecta a las capacitaciones, dijo.

En cambio, Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de Ecuador (CTTE), insistió en que la transportación ecuatoriana es uno de los sectores más afectados con la crisis del país, por el incrementó del precio de los combustibles y el peso económico. Cuestionó drásticamente la responsabilidad de operar los radares que en su mayoría a través de convenios son administrados por los GAD municipales y la CTE.

Mientras tanto, que el gerente de FENACOTIP, Abel Gómez criticó la falta de respeto hacia la transportación, la Ley debe tener como objetivo claro el de educar a los ciudadanos, chóferes, empresarios y no favorecer negocios, a la vez que advirtió la falta de regulación tarifaría en el transporte.

Finalmente, Gómez se mostró preocupado por la falta de capacitación del personal en la Agencia Nacional de Tránsito y la falta de presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas y el Gobierno.