El ministro de Trabajo, Andrés Isch Pérez, aseguró que a pesar de la crisis sanitaria, que fracturó el tejido productivo y derivó en desvinculaciones laborales, su gestión permitió la recuperación del empleo adecuado en el país, esto lo dijo en el marco de su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, presentó las pruebas de descargo, dentro del juicio político planteado en su contra por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana.

Además, el ministro de Trabajo explicó que en todo momento su gestión se ha orientado a preservar el empleo y crear nuevas plazas de trabajo, a través de nuevos contratos por giro de negocio, contratos de empleo productivo, empleo joven, contratos de formación y contratos turísticos.

Así mismo, se refirió a las causales del juicio político propuesta por las asambleístas, sobre el supuesto incumplimiento de funciones al no permitir el acceso a la información solicitada por el Observatorio de la Ley de Discapacidad, el ministro dijo que lo que hizo fue proteger la información personal y personalísima, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley, sí se entregaron la información que es pública, como planes operativos, el número total de personas con discapacidad insertos en el sector laboral en el país y el número de inspecciones realizadas entre 2018 y 2020.

Sobre la falta de protección a las personas en condición de vulnerabilidad, subrayó que la Ley Humanitaria creó garantías para todos los sectores.

Sin embargo, uno de los ámbitos en los que no pudieron preservar sus derechos fue el de las personas con discapacidad y se emitió un Acuerdo Ministerial que garantizó los derechos de este segmento laboral para que puedan acogerse a la reducción emergente de la jornada laboral, sin que se afecte su remuneración, lo cual permitió que la curva de pérdida de empleo en este sector se estabilice y no haya más desvinculaciones.

En torno a una presunta arrogación de funciones al interpretar el artículo 20 de la Ley Humanitaria, el ministro Isch aseveró que no se ha regulado ni interpretado la norma relacionada con la aplicación de la causal de fuerza mayor o caso fortuito.

Se reguló la contratación con reducción emergente de la jornada laboral, lo cual permitió que, a partir de junio de 2020, disminuya la terminación de contratos por la causal de fuerza mayor.

Sobre la fijación del salario básico unificado para el 2021, Andrés Isch, dijo que tomó la decisión de mantenerlo en 400 dólares sobre la base de la proyección de la inflación para el 2020, fue negativa y es más, mediante Acuerdo Ministerial, se dispuso la prohibición de disminuir el salario básico, aún en el caso de que existe inflación negativa para el 2021 determinó la entrega de un bono de 60 dólares para quienes menos ganan, valor que supera a un posible incremento del salario básico, en beneficio directo de los trabajadores.

Con respecto al conflicto colectivo de EXPLOCEN C.A., el ministro de Trabajo, Andrés Isch, indicó que se trata de un caso que inició en 2018 y que fue tramitado por los órganos competentes, que son los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, de primera y segunda instancia, a pesar que al ministro no le corresponde actuar, se propuso mecanismos de diálogo para alcanzar acuerdos, se exhortó a las autoridades de Explocen para que se reintegre a los trabajadores que fueron despedidos bajo la figura de caso fortuito y los cinco trabajadores regresaron a sus funciones, añadió.

Finalmente, Isch destacó varios logros de su gestión, entre ellos, el empleo adecuado en el 30,8 % a diciembre de 2020, cuando en junio, la época más dura de la pandemia, se ubicó en el 16.7 %, el subempleo bajó del 34.5 % a junio de 2020 al 22,7 % para diciembre, el desempleo se redujo del 13,3 % en junio, al 5 % para finales de 2020, el teletrabajo actualmente es de 286. 401 funcionarios públicos que laboran en esta modalidad, 162. 500 ciudadanos en el sector privado, para solucionar los problemas relacionado con la desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral, con un promedio de 15 % menos de la remuneración respecto de los hombres, el Ministro de Trabajo anunció que enviará a la Asamblea el proyecto de Ley de Economía Violeta, que propone una serie de incentivos tributarios y de otra índole para los empleadores que contraten mujeres en sus empresas.