El Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolló, este miércoles 22 de marzo, el taller denominado “Evaluación del Proceso Electoral 2023 y Lecciones Aprendidas”, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las Unidades de Tecnología de las 24 Delegaciones Provinciales Electorales.

El encuentro se realizó en el Auditorio Matilde Hidalgo de la sede matriz del CNE y contó con la participación de directores de las Delegaciones Provinciales Electorales y jefes de las Unidades de Tecnología de la institución.

En el taller se conformaron mesas de trabajo para compartir experiencias de las Elecciones 2023, con el objetivo de identificar fortalezas y articular acciones para la mejora continua de las prácticas electorales.

El Gobierno Nacional entregó 94 vehículos que serán destinados a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el SNAI.

En la Base Aérea Mariscal Sucre, este martes 21 de marzo 2023 el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó 94 vehículos blindados. Los automotores se destinarán a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) a fin de fortalecer las labores de seguridad e inteligencia que coadyuvan al bienestar ciudadano y la lucha contra el crimen organizado.

“Era necesario proveer de estos vehículos para así proteger la vida, en su diaria labor, de aquellos que cuidan de nuestra seguridad y de toda la sociedad ecuatoriana”, dijo el Presidente de la República.

Además, esta entrega busca precautelar la integridad de los funcionarios cuya vida se ve amenazada por las decisiones y acciones que llevan a cabo para luchar contra el narcotráfico, minería ilegal y delitos conexos a las mismas.

Por su parte, Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, manifestó que esta entrega es un aporte para afianzar la seguridad para los ecuatorianos, especialmente para luchar contra el hampa, minería ilegal.

De igual forma, Nelson Rodríguez Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sostuvo que “esto demuestra el interés de nuestras autoridades de proporcionar los medios necesarios para recuperar las capacidades estratégicas de despliegue y movilidad. Nos satisface recibir estos vehículos que serán destinados a unidades operativas, especialmente de frontera para lucha contra el narcotráfico y delitos conexos”.

Sin embargo, el Jefe de Estado aseguró que su administración respetando los requisitos que establece la ley sigue trabajando para acelerar los procesos de compra de armas, municiones, chalecos, uniformes, más vehículos y otros equipos. “Este es un gobierno honesto que cuida de los recursos de todos los ecuatorianos”, puntualizó.

Por lo que, el Mandatario indicó que continuaran insistiendo en las reformas para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. “Ojalá despierte la Asamblea Nacional y dé trámite urgente a esta reforma parcial de la Constitución que es indispensable para proteger la vida de todos los ecuatorianos. ¡No descansaremos en nuestra lucha en contra del hampa, crimen organizado y narcotráfico!”.

“Seguiremos vigilantes del accionar de ciertos jueces y fiscales que no están alineados con el clamor nacional de encarcelar y dejar en la cárcel a peligrosos delincuentes”, mi solidaridad con los periodistas y medios de comunicación que han sido víctimas de atentados, dijo el Presidente Lasso.

Mientras tanto, extendió su agradecimiento a las fuerzas del orden por su labor durante la época invernal y tras el sismo. Como Presidente es mi deber estar en primera línea dirigiendo las decisiones para enfrentar estos momentos, así como en la lucha contra el crimen organizado.

Finalmente, “están activado los frentes para atender las emergencias y asistir a los afectados, aquí está el Gobierno del Nacional junto a ustedes. Aquí está el Presidente asegurándoles que juntos saldremos adelante”, precisó.

Con cinco votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite la solicitud del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, por presuntamente haber adecuado su conducta a lo previsto en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, relacionado a los delitos de concusión y peculado.

La documentación será enviada a la Corte Constitucional para que, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, emita un dictamen previo de admisibilidad.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela indicó que el alcance presentado por los interpelantes modifica el primer párrafo del documento y no altera los fundamentos constitucionales sobre los que se basa la solicitud.

Según, la secretaría general del legislativo el alcance habría sido firmado por los cuatro legisladores que impulsan el pedido de juicio político con el Jefe de Estado.

De acuerdo al artículo 129 de la Constitución de la República, “La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos: 1. Por delitos contra la seguridad del Estado. 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente”.

Este domingo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó La Concordia, para coordinar las acciones respecto a la caída del puente sobre el Río Blanco. “Estamos trabajando con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en dos soluciones: una provisional y una definitiva”, dijo.

La primera solución será un puente Bailey provisional para el que se pedirá ayuda a los países amigos como EE.UU. para instalar un puente de aproximadamente 300 metros de esta infraestructura.

Por otro lado, desde este lunes el Cuerpo de Ingenieros del Ejército comenzará los estudios del puente definitivo; el cual tendrá 140 metros de largo y más de 4 metros de alto “para evitar que en un futuro la crecida del río vuelva a afectar el puente”, lo que estaría listo en un año y medio aproximadamente.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, comentó que hay tres vías alternas para llegar a ese punto desde la ciudad de Quito.

Además, sostuvo que varios tramos requieren trabajos de reparación y mantenimiento entre ellos desde Los Bancos, Las Mercedes y hacia Quinindé. “La declaratoria de Emergencia cuya resolución está saliendo el día de hoy permitirá activar todos los protocolos y procesos para intervenir estas vías de la manera más rápida” para que la conectividad esté lista en el feriado.

En tanto, a otras afectaciones en este cantón, como la falta de agua potable, el Mandatario informó que mantuvo un diálogo con el alcalde con la finalidad de coordinar acciones para arreglar la tubería madre.

Finalmente, desde la Capital, el Jefe de Estado lideró el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional “para continuar gestionando las acciones requeridas para atender a la población que más lo necesita ahora. Los ministerios están activados  y ejecutan respuestas inmediatas a las necesidades”.

El presidente de la República, Guillermo Lasso lideró las operaciones de emergencia para atender a la ciudadanía afectada por el sismo de este sábado que afecto al país.

Al mediodía de este sábado 18 de marzo el presidente de la República, Guillermo Lasso, en rueda de prensa informó sobre las acciones emprendidas tras el sismo suscitado en Balao- Guayas y sus posteriores réplicas. El Jefe de Estado indicó que el Gobierno Nacional activó todos los protocolos de atención y socorro, el objetivo es precautelar el bienestar ciudadano y ayudar a las personas damnificadas.

Además, el Jefe de Estado, explicó que al momento se registran 13 fallecidos 11 en El Oro y dos en Azuay; las personas heridas son atendidas en los hospitales de manera inmediata. Respecto a la infraestructura de viviendas existen casas destruidas en esas mismas provincias, por lo que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ya activó la atención para la reconstrucción de las casas.

Por otro lado, el Mandatario anunció que el Ministerio de Inclusión Económica y Social proveerá de kits de primeros auxilios y atenderá a las familias afectadas con el contingente de su competencia.

Mientras tanto, realizan un inventario de la infraestructura hospitalaria y educativa afectada, al igual que de los centros deportivos. “He dispuesto al Ministerio de Economía y Finanzas ponga a funcionar los mecanismos de fondos de emergencia para el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Inclusión Económica y Social”, puntualizó.

En cambio, la vialidad, el Mandatario dio a conocer que el Puente de Calacalí no está operativo y el Ministerio de Trasporte y Obras Públicas va a declarar en emergencia dicha obra para iniciar desde el lunes la contratación de estudios y posterior construcción.

Así mismo, está en alerta el puente en la zona de Valle Hermoso sobre el Río Blanco. “El ministro estará mañana en estos dos lugares para comenzar los trabajos que se requieran para la reconstrucción”.

Por lo que, se ha hecho un barrido del servicio de electricidad. Al momento está afectado momentáneamente el cantón Piñas y el Guabo en un 40%, mientras que Machala en un 30%, dijo.

Finalmente, el gobernador del Guayas recorre los cantones de la provincia. En Guayaquil el edifico de la Gobernación está afectado y más de 20 viviendas. El Mandatario se trasladará a Machala para reunirse con su equipo de trabajo, la provincia de El Oro es la más afectada del movimiento telúrico.

El proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, presentado por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que viabiliza el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas para contribuir al combate a la delincuencia y la inseguridad fue debatido en primera instancia por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Además, la asambleísta Isabel Enrríquez, presidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, proponente indicó que la mesa modificó el texto del Ejecutivo, de modo que la participación de las Fuerzas Armadas pueda darse frente a delitos ligados al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas, armas y delitos conexos y para ello se deberá cumplir tres pasos: una solicitud del Comandante de Policía dirigida al Consejo de Seguridad Pública del Estado; un informe motivado del Consejo y un decreto emitido por el Presidente de la República.

Recalcó que FFAA brindarán apoyo complementario a la Policía Nacional bajo los estándares: extraordinaria, subordinada y complementaria y regulada, porque deberá respetar el ordenamiento jurídico vigente y ceñirse a los delitos de narcotráfico, lavados de activos, tráfico de armas, tráfico de personas y delitos asociados y fiscalizada porque deben existir justificaciones reales, control político y constitucional para que no se vulneren los derechos.

Según, el informe de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, los asambleístas coincidieron que el país necesita urgentes medidas para combatir los altos índices de inseguridad. Advirtiendo la responsabilidad del Ejecutivo en garantizar la seguridad pública y del Estado con la dotación de los insumos y materiales necesarios para el trabajo de la Policía Nacional y puede disponer el apoyo de Fuerzas Armadas, sin necesidad de una reforma o enmienda, solo con decisión política.

Para Nathalie la incorporación del Consejo de Seguridad Pública reduce las posibilidades que se produzcan hechos como el 30S. «La propuesta de reforma no debe desnaturalizar el rol histórico de FFAA”, señaló.

Por su parte, Ramiro Narváez planteó fortalecer a la Policía Nacional, darle insumos y especializarla. “No pretendamos darles funciones policiales a los militares, la solución no está en la reforma, se necesita el liderazgo del Ejecutivo; voluntad política; presupuesto para las instituciones vinculadas con seguridad; la construcción urgente de la política criminal para prevenir y combatir el delito; depurar y fortalecer a las instituciones de un modelo de justicia adecuado”, enfatizó.

También, las observaciones de los legisladores Byron Maldonado; Joel Abad; Nathalie Viteri; Blanca Sacancela; Patricia Sánchez y Yessica Castillo quienes expusieron que no hay que negarle a la ciudadanía seguridad y protección; que la norma constitucional referente a los estados de excepción permite disponer el apoyo de Fuerzas Armadas; que esta reforma sea temporal; que se necesita un análisis sociológico antropológico en cada una de las regiones del país, entre otros aspectos.

Para la construcción del informe, la comisión contó con los criterios de constitucionalistas, juristas, expertos en seguridad, organizaciones sociales, académicas de las universidades públicas y privadas en materia penal y derechos humanos, entre otros.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, dispuso que el proyecto regrese a la comisión para que recoja las observaciones y propuestas y sean analizadas dentro de la construcción del informe para segundo debate.

Con 90 votos a favor la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, declare el estado de excepción en los cantones Machala, Santa Rosa, El Guabo, Pasaje, Arenillas y Huaquillas, en la provincia de El Oro y asigne los recursos suficientes para  la  lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, debido al alto nivel de violencia y delincuencia que viven los orenses en los actuales momentos.

Además, la resolución propuesta por la asambleísta Noemí Cabrera exhorta a todas las funciones del Estado y a la ciudadanía, en general, para que faciliten y respeten el trabajo operativo, táctico, estratégico de todos los entes de control ciudadano en el cumplimiento de su deber, conforme lo disponen la Constitución y leyes vigentes.

Igualmente, exhorta el Ejecutivo a que disponga o solicite la activación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana de El Oro e implemente un plan operativo continuo de lucha contra la delincuencia, plan que estará sujeto a seguimientos y evaluaciones donde se pueda medir el trabajo de todas las instituciones públicas del Estado, en contra de la inseguridad y esta evaluación sea publicada a toda la ciudadanía orense como un acto de rendición de cuentas.

La asambleísta Noemí Cabrera, subrayó que a la fecha se han registrado 125 muertes violentas en la provincia de El Oro en lo que respecta al 2023, el auge de la delincuencia común y organizada ha dejado a esta jurisdicción sumida en una situación de constante zozobra y temor de llevar una vida con protección y seguridad ciudadana para todos sus habitantes.

Los robos, secuestros y actos delincuenciales en la provincia de El Oro han afectado radicalmente los derechos de la niñez y adolescencia y el principio del interés superior del niño en este sector del país ha sido vulnerado sobremanera, situación que ha vuelto insostenible el tener una vida en paz, puntualizó la legisladora.

 

En Ecuador 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. El Ministerio de Salud Pública (MSP) emprende acciones que garanticen la atención en salud a las víctimas y oriente sus esfuerzos en la implementación de políticas para la protección de los derechos humanos en salud, fomentando la igualdad y no la discriminación.

Este viernes 17 de  marzo de 2023 en Quito, el Ministerio de Salud participó en un evento que conmemora el “Día Internacional de la Mujer”, una fecha que reivindica la lucha diaria por alcanzar la igualdad y equidad en todos los espacios de vida que experimentan las mujeres en el Ecuador.

El evento representa el trabajo conjunto  entre MSP, Fondo de Población Naciones Unidas -UNFPA, Cooperación Técnica Alemana-GIZ y Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es se enfocó en las acciones del 2022 en la atención integral en salud a víctimas de violencia basada en género y la finalización del programa de formación de formadoras/es en el manejo clínico de la violencia sexual 2019-2023.

Para José Ruales, ministro de Salud Pública, el trabajo y compromiso a todas las entidades que han hecho posible el proceso de capacitación de formadores que a su vez han sido multiplicadores de conocimiento. Cuenten con el compromiso del MSP y su equipo para trabajar en contra de la violencia, la atención integral a las víctimas y prioritariamente en la prevención”.

Además, “la activación del código púrpura implica la intervención de un equipo multidisciplinario conformado por médico, enfermera y/o psicólogo, que actúa frente a un caso de violencia de género y se brinde la primera atención”.

El MSP y el Fondo de Población de Naciones Unidas, desde 2019 y con el propósito de  fortalecer las capacidades de los profesionales de salud, protección y justicia para brindar atención digna y oportuna a las personas sobrevivientes de violencia de género, con énfasis en violencia sexual, han desarrollado un proceso de formación en Manejo Clínico de la Violencia Sexual para profesionales de las fronteras Norte y Sur.

Actualmente, el MSP cuenta con 237 salas de emergencia con el Servicio de Primera Atención que brindan respuesta inmediata a víctimas de violencia basada en género guardando la privacidad, confidencialidad y respeto a los derechos.

Así mismo, 15 salas de primera acogida en el país que habilitan competencias periciales médicas a fin de facilitar el acceso al Sistema Nacional de Justicia a las víctimas y la oportuna gestión en casos de delitos sexuales.

Por su parte, Gabriela Aguinaga, viceministra de Gobernanza de la Salud, resaltó el liderazgo del Ministerio de Salud. “Un liderazgo que nos ha permitido como mujeres tener las mismas oportunidades, ser valoradas. Aún tenemos mucho porque luchar, aprender a reconocer cuando somos agredidas, a decirlo sin temor y buscar ayuda. Tenemos derecho a que todos nuestros minutos sean de libertad, amor y vida”.

En 2022 se registraron 17.494 atenciones de salud en el ámbito de violencia física, psicológica o sexual; se capacitó a 41.731 profesionales de la salud en los procedimientos de atención integral en violencia de género y se realizaron 19.266 acciones de sensibilización orientadas a 195.665 usuarias/os de los establecimientos de salud.

Además, la habilitación de la línea 171, opción 2 para asesoría gratuita en violencia de género y la opción 6 para atención en crisis.

Mientras tanto, Julia Unger, coordinadora Nacional  del Programa Si Frontera GIZ, aseguró que “no puede haber derechos y desarrollo sin salud, no podemos solo hacer prevención sin fortalecer la atención. A largo plazo queremos garantizar la sostenibilidad y todos juntos podremos alcanzar grandes pasos, siempre trabajando a favor de las víctimas de violencia”.

Finalmente, el 100% de establecimientos del Ministerio de Salud entre centros de salud y hospitales, conocen la Norma técnica para brindar atención integral en salud a las víctimas de violencia de género y rarifican su compromiso por precautelar el bienestar de las mujeres de la población.

El Gobierno Nacional promueve los Centros Violeta como parte de su política pública para precautelar los derechos y bienestar para las mujeres. El Presidente Lasso destinará casi 18 millones de dólares para los Centros Violeta en todo el país.

Este miércoles 16 de marzo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, inauguró el Centro Violeta Esmeraldas; un espacio en donde sicólogos, trabajadores sociales y asesores jurídicos asistirán a mujeres, niñas, niños y adolescentes agredidos.

“El día en que asumí el cargo de presidente, dije que la lucha en contra de este tipo de violencia e impulsar la igualdad de género, es un asunto que debe ser abordado desde las más altas esferas del gobierno. Ya no es el momento de hablar de cifras, sino de actuar con más firmeza, para poder resolver juntos esta lacra social”, sostuvo.

Además, el Mandatario indicó que destinará cerca de 18 millones de dólares para abrir más Centros Violeta en el país; los mismos que se suman a otras acciones para precautelar los derechos de las mujeres como los créditos al 1 % de interés hasta 30 años plazo, el cual empezó dirigido a las mujeres del campo. “Como ningún otro gobierno lo ha hecho, Este trabaja para que miles de mujeres tengan su negocio y su vida propia, libre, feliz, sin violencia. Para que ya no dependan ni sean sometidas por nadie, mucho menos por sus agresores. ”.

También, recordó que su administración garantiza el acceso a vivienda digna, salud, educación y combatiendo la desnutrición crónica infantil. “No están solas, aquí está mi gobierno junto a todas ustedes para atenderlas y dar seguimiento a sus casos de forma permanente y especializada”, reiteró.

Por lo que, el presidente de la República, Guillermo Lasso se refirió a la creación del Ministerio de las Mujer es una muestra de la voluntad política para atender y prevenir esta violencia.

Por su parte, Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, expresó que la mujer latinoamericana ha sufrido algún tipo de violencia: sexual, patrimonial o física. En el Ecuador “en algunas provincias 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia y en algunas ciudades 8 de cada 10 han sido víctimas de violencias”.

Por ese motivo, la Ministra manifestó que el Centro Violeta Esmeraldas es un lugar seguro en donde van a contar con el apoyo de índole psicológico, social y legal, el objetivo es poder presentar sus denuncias. Y anticipó que hasta el 2023 serán nueve centros a nivel nacional.

Finalmente, el Presidente aseguró “queridas mujeres este centro violeta es una muestra concreta y real de que mi gobierno busca su protección y tranquilidad para ustedes y sus hijos. Para que duerman en paz y tengan todo el apoyo que requieran.

En la sesión extraordinaria No. 032-2023, del 16 de marzo 2023, el pleno del Consejo de la Judicatura nombró a 4 defensores públicos permanentes para las provincias de Manabí (2), Pastaza (1) y Pichincha (1).

Además, designó 4 jueces temporales para la Unidad Judicial Penal (2) y Tribunal de Garantías Penales (2) del cantón Ibarra  (Imbabura).

Los nombramientos se desarrollaron en apego al Código Orgánico de la Función Judicial y con base en los informes técnicos de las áreas competentes.

Así mismo, el Consejo de la Judicatura fortalece el servicio judicial que se brinda a la ciudadanía a  nivel nacional.

Por lo que, los servidores judiciales nombrados por unanimidad son:

DEFENSORES PÚBLICOS
NOMBRES	PROVINCIA
SANTIAGO MAURICIO BAYAS MARÍN	PASTAZA
RENÉ ALEXANDER MAZABANDA ZURITA	PICHINCHA
JORGE DARÍO NAVIA MENDOZA	MANABÍ
YAHAIRA PATRICIA MECÍAS CÓRDOVA	MANABÍ

JUECES
NOMBRES	PROVINCIA
NIEDERMAN PEPE CHANDI MALDONADO	IMBABURA
MERY RAQUEL MAZA PUMA	IMBABURA
MARÍA ELENA NUÑEZ CALAPI	IMBABURA
HUGO FABRICIO NAVARRO VILLACÍS	IMBABURA