El cuidado y protección del medio ambiente, ausencia de un permiso de construcción para el proyecto inmobiliario y la falta de consulta previa, fueron los principales aspectos de los actores que participaron en la sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, en Olón, provincia de Santa Elena, el objetivo tratar sobre la afectación del área del bosque “Esterillo Oloncito”, mediante el acuerdo 072, el 14 de noviembre de 2001, fue declarado como área de Bosque y Vegetación Protectores a 2.25 hectáreas, por parte del Ministerio del Ambiente.

Para la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Victoria Desintonio dentro del proceso de fiscalización y control político es importante escuchar la voz de los ciudadanos, considerando que el capital no puede estar por encima de la humanidad y la naturaleza, dijo.

Según, Melissa Lemus, presidenta del GAD Parroquial de Manglaralto, la acción de las autoridades locales en apego a lo establecido en el artículo 65, literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. Pidió que se garantice el cuidado y protección del ambiente, expresó.

De igual forma, la alcaldesa de Santa Elena, María Aquino indicó que la compañía Vinazin S.A habría adquirido los terrenos en 1980, luego solicitaron el permiso de colocación de hitos y cerramiento. A la compañía se le informó que se trata de un área natural protegida, por lo que no efectúo la colocación de hitos; el proyecto inmobiliario tampoco tiene permiso de construcción, manifestó.

En cambio, el presidente de la Federación de Comunas, Elvis Suárez aseguró que la comuna Olón es un territorio ancestral Huancavilca, por lo que se requiere de una consulta previa, libre e informada, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución de la República, referente al ejercicio de los derechos colectivos.

Mientras tanto, John Reyes, presidente de la comuna Olón, sostuvo que solicitó a la compañía Vinazin S.A la socialización del proyecto inmobiliario, petición que no se cumplió. “Este proyecto sí tiene afectación”.

Finalmente, los asambleístas Victoria Desintonio, Héctor Valladarez, Eustaquio Tuala, Paola Cabezas, Fabiola Sanmartín y Arisdely Parrales insistieron en la necesidad de garantizar el derecho de la naturaleza y cumplimiento de la Ley, como las acciones que realizaran en beneficio de la comunidad de Olón, precisaron.

Una vez concluida la campaña de cambios de domicilio para las elecciones generales del 2025, entre el 12 de abril y el 11 de mayo del 2024, el Consejo Nacional Electoral registró 242.191 solicitudes a nivel nacional y 21.192 en el exterior.

Luego de este proceso, hasta el 14 de mayo se abrirá un periodo de verificación y validación. De acuerdo al calendario electoral, el 14 de junio se publicará el Registro Electoral, para que la ciudadanía y organizaciones políticas ingresen reclamos administrativos, si así lo consideran.

Finalmente, el 13 de agosto el pleno del CNE aprobará y publicará el Registro Electoral depurado y actualizado para los comicios del 2025.

La comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Micro Empresa de la Asamblea Nacional, inició el debate de varios proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, relacionados con la seguridad vial, clasificación del transporte, movilidad sostenible, entre otros.

Además, el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial propone prohibir a los conductores de vehículos como bicimotos, motocicletas, motonetas, cuadrimotos, llevar a uno o más pasajeros, excepto si se trata de su cónyuge o familiares directos.

Así mismo, plantea que el examen médico, psicológico y psicosensométrico para los conductores profesionales y no profesionales en el proceso de renovación de la licencia.

En cambio, desde la ciudadanía proponen que se consideré en el artículo 57 al transporte Técnico Logístico, una forma diferente al servicio de transporte de taxis, mixto, carga liviana, cuenta propia o comunitario rural, este es estratégico y temporal pero que necesita ser reconocido dentro de la Ley, explicó Luis Alfredo Azogue, presidente nacional del Transporte Técnico Logístico.

Por su parte, Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transportes en Taxis (FEDOTAXIS), es partidario que se mantenga el texto del artículo 79, porque contribuye a la armonía y confraternidad entre las operadoras de transporte terrestre organizadas en todas sus modalidades.

Para Ruth Caldas, gerente de la Empresa de Movilidad de Paute, retornar la competencia sobre la regulación del transporte mixto a la jurisdicción cantonal y considerar la realidad territorial de cada uno de los puntos geográficos del país es importante, dijo.

Sin embargo, el secretario general de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, Javier Salazar indicó que se dice mucho del transporte, más no de la parte humana de la transportación. “La ley propone desarrollo económico, mejores días en el trabajo, pero al chofer profesional no se lo considera en sus derechos”, por eso solicito sean acogidas las propuestas y observaciones desde el sector de los choferes profesionales como la salud ocupacional que no hace referencia la Ley, somos más de un millón trecientos mil, entre el 17% de la población votante, de tras de un accidente de tránsito solo se mira a las escuelas de capacitación de los sindicatos, aseguró.

De igual forma, la asambleísta por Manabí, María Mercedes Erbs, sostuvo que las Leyes se deben construirse desde los sectores involucrados, para que la Ley sea equilibrada para todos y solucionar los problemas de las vías.

Mientras tanto, Fernando Amador, subsecretario de Transporte Terrestre, indicó que se debe modificar la mesa técnica de seguridad vial que estaba a cargo del consejo consultivo, este pase a cargo del directorio la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Finalmente, la comisión continuará recabando información, la participación ciudadana para promover un desarrollo económico sostenible y equitativo en el país.

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional convocó este jueves 9 de mayo 2024 a la Ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y a la Gerente de la empresa Petroecuador dentro del proceso de fiscalización de los derrames petroleros, fuentes de contaminación, pasivos ambientales en la Amazonía ecuatoriana y su remediación.

Según, Marcela Reinoso, gerente de Petroecuador, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional del 21 de julio del 2021, respecto al apagado de mecheros petroleros. Los datos entregados por la autoridad, la empresa estatal, hasta marzo del 2024, se han apagado 145 mecheros, de los 424 detectados desde enero 2022. “El apagado comprenderá una segunda fase en la que se eliminarán 161 mecheros más para dar cumplimiento total a la sentencia, hasta el 2030”, explicó.

Además, Reinoso indicó que la empresa petrolera desde el 2015 forma parte de la iniciativa global de no quema de gas asociado a la extracción hidrocarburífera, de cumplimiento obligatorio hasta el 2030. “Con esta iniciativa se proyecta captar 21.5 millones de pies cúbicos de gas asociado, que servirán para generar energía eléctrica y recursos económicos para el Ecuador”.

Por su parte, la  ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Sade Fritschi señaló que en 168 días de gestión, ha impulsado acciones como la elaboración de un plan de monitoreo anual de remediación y un plan de acción para evaluar la calidad del agua en las zonas afectadas por los derrames petroleros en la amazonía provincias como Sucumbíos y Orellana.

“Los planes han sido socializados con los operadores petroleros para su cumplimiento, para identificar áreas de influencia hídrica y comunidades afectadas; realizará campañas de monitoreo, toma de muestras de agua y socializará los resultados con la población en territorio”, aseguró, Fritschi.

Así mismo, la remediación total de pasivos ambientales en Sucumbíos, Pastaza y Orellana requiere una inversión aproximada de 1.7 billones de dólares, es decir del 1 al 2% del PIB, insistió la ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Mientras tanto, los asambleístas integrantes de la comisión de Biodiversidad cuestionaron la participación de la ministra del Ambiente por los argumentos a los diferentes cuestionamientos de los mecheros, contaminación, derrames petroleros y remediación de las zonas afectadas, pero lo que más preocupación causo fue lo relacionado a la georreferenciación de los mecheros apagados, acciones de remediación ambiental inmediata en las poblaciones afectadas y de planificación para la prevención de nuevos derrames, precisaron.

Finalmente, la ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Sade Fritschi se comprometió a entregar por escrito toda la información requerida por los legisladores.

Fortalecer el sistema integral de salud es el compromiso del Gobierno Nacional, para la prestación de servicios de calidad y el bienestar de la ciudadanía, con un enfoque en la transparencia. Este 9 de mayo 2024, 24 ambulancias de soporte vital avanzado, de un total de 186 vehículos de este tipo contribuirán significativamente la atención prehospitalaria y mejorará la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia en toda la nación.

Además, las ambulancias entregadas se suman a las 81 que ya fueron distribuidas anteriormente y se encuentran operativas.

Según, el ministro de Salud Pública, Franklin Encalada, las ambulancias serán distribuidas en las cinco coordinaciones zonales de salud: cuatro para Manabí, tres para Guayas, dos para Santa Elena, dos para Bolívar, tres para Los Ríos, una para Azuay, una para Zamora y ocho para el Distrito Metropolitano de Quito, dijo.

“Con la renovación del parque automotor de ambulancias garantizamos el acceso a la provisión de servicios de atención prehospitalaria, permitiéndonos salvar vidas con una atención sanitaria oportuna y con la calidad y calidez que caracteriza a los servidores de salud y mucho más a nuestro personal de emergencia”, expresó el Ministro de Salud.

Así mismo, la adquisición de los vehículos es el resultado de un acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud Pública y la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos. Son ambulancias 100 % operativas, con la revisión técnica respectiva, seguro vigente, registros actualizados y demás garantías, explicó Encalada.

Finalmente, Erika Chancay, paramédica destacó el aporte a la salud por parte del Gobierno por priorizar la gestión e inversión para fortalecer la atención de salud integral, sino por dignificar su trabajo con herramientas adecuadas. “Nos impulsan a seguir hacia adelante con nuestra misión; como el de estar pendiente de nuestra comunidad. Queremos honrar estas ambulancias trabajando con profesionalismo y con dedicación”, puntualizó.

El presidente de la República, Daniel Noboa, reconoció la labor y desempeño de los servidores policiales para precautelar el orden público y el bienestar de los ecuatorianos, en medio de un conflicto armado interno. En una ceremonia formal este 8 de mayo de 2024 en el Cuartel Modelo de la ciudad de Guayaquil, el Jefe de Estado otorgó condecoraciones «Al Valor» a 15 miembros de la Policía Nacional y nueve felicitaciones públicas y rindió honor a quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

Además, el Presidente Noboa ratificó el compromiso de respaldar el heroico accionar de los uniformados con el propósito de devolverle la paz y la seguridad a la ciudadanía. “Ustedes valientes policías, que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional, conocen de cerca al peligroso enemigo que enfrentamos, cuando patrullen quiero que sientan el apoyo de este Gobierno que, como ustedes, está dispuesto a jugarse por el bienestar de los ecuatorianos”, dijo.

Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, destacó el honor del reconocimiento al compromiso y entrega, el objetivo fundamental es trabajar en contra del crimen organizado, de la narcopolítica y del narcoterrorismo. “Solo podemos construir este Ecuador seguro desde la valentía, gallardía, honor, dignidad, lealtad y la disciplina. El Ecuador que no se rinde ante el crimen organizado y que jamás bajará la cabeza”, expresó.

Según, el Comandante General de la Policía Nacional, César Zapata los resultados  del Plan Fénix se reflejan con la reducción del 29 % de las muertes violentas, el siguiente paso es la ejecución del Plan Operativo 2.2 que estará enfocado principalmente en las zonas donde se mantienen altos niveles de violencia como son las ciudades de Quevedo, Durán, Buena Fe, Manta y Santa Elena, entre otras.

Así mismo, el Mandatario aseguró que una clara evidencia de la incomodidad que esta administración ha causado en los grupos delictivos organizados es la cantidad de ataques recibidos en los últimos días “por desenmascarar un servicio corrupto en las cárceles, estructuras criminales en empresas de seguridad, porque hacemos respetar al Ecuador ante el mundo y no permitimos que se lleven a un prófugo de la justicia del país”.

Finalmente, el presidente de la República, manifestó que “la campaña de las elecciones presidenciales del 2025 ya empezaron, porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros, iniciaron a atacar”.

La Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales avocó conocimiento de la resolución del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), que autoriza la prórroga por 180 días adicionales para su funcionamiento, a partir del 13 de junio próximo.

Por lo que, los asambleístas deberán dar tratar los proyectos de reformas o enmiendas constitucionales que están en espera del análisis respectivo.

En cambios, los dos proyectos de reformas y enmiendas constitucionales que se encuentran listos para segundo debate y que cuentan con dictamen de la Corte Constitucional de los exasambleístas Héctor Muñoz y Marcelo Simbaña, buscan modificar el artículo 138, para allanarse y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría, o ratificar el proyecto inicialmente aprobado con el voto favorable de la mayoría absoluta.

Mientras tanto, el artículo 120, la reforma se refiere a la aprobación del Presupuesto General del Estado, el límite del endeudamiento público y la vigilancia de su ejecución por parte de la Asamblea Nacional.

Finalmente, la reforma del artículo 141 de la Constitución de la República trata sobre la Función del Ejecutivo, los cambios a los artículos 292 y 295 que se refieren al Presupuesto General del Estado como el instrumento para la determinación y gestión de sus ingresos y egresos, incluye los del sector público, a excepción de la Seguridad Social, banca pública, empresas públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

La Comisión de Garantías Constitucionales continuó el análisis del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio. El defensor público, Ángel Torres y Mayra Tirira, coordinadora de Acciones Legales de Surkuna presentaron observaciones a este cuerpo legal.

Por su parte, Ángel Torres indicó que la Defensoría Pública tiene la obligación de garantizar el acceso de toda persona a una defensa justa, en especial cuando se trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia y que no tienen los recursos necesarios para una defensa privada.

Entre las observaciones del Defensor Público propone que es necesario eliminar el término “otras muertes violentas”, ya que podría afectar el interés de las víctimas indirectas de femicidio, puesto que no toda muerte violenta ocurre por razones de género.

Además, Torres dijo que se debe mantener la definición de “femicidio” que se encuentra en el Código Orgánico Penal Integral (COIP), esto permite tipificar los elementos delictivos del femicidio y la definición de víctimas indirectas utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así mismo, la asignación de presupuesto es indispensable para realizar investigaciones exhaustivas de los casos de femicidio, lo que implica tener personal capacitado, equipos especializados, tecnología avanzada, así como investigadores forenses, psicólogos y otros profesionales que faciliten realizar los análisis forenses adecuados y garantizar una persecución efectiva de los responsables, como acceder a la justicia y reparación de las víctimas.

En cambio, a Mayra Tirira le preocupa la intensión de la comisión si es generar una Ley exclusiva, cuando existe la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que desarrolla todos los procesos de prevención, atención y acompañamiento para todas las víctimas de violencia de género.

Por lo que, Tirira propuso visibilizar a quienes exigen justicia, que generalmente son las madres o familiares de las víctimas. Es importante definir las edades de protección a niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad y qué tipo de protección van a recibir. Si es una Ley enfocada en la reparación y acompañamiento, sus términos deben ser claros, por ejemplo, qué tipo de servicios van a otorgar. La implementación de protocolos y políticas públicas específicas, señaló.

Mientras tanto, las preguntas de las asambleístas Paola Cabezas y Jahaira Urresta de la Revolución Ciudadana fue por la falta de diligencia de la Defensoría Pública para atender a las víctimas de femicidio, en asesoría legal y psicológica, en zonas alejadas a las grandes urbes y de escasos recursos económicos.

Sin embargo, el Defensor Público Ángel Torres aseguró que influye mucho la falta de presupuesto, en el 2022 se incorporó un equipo de psicólogos, pero que la falta de asignaciones económicas impide implementar los servicios de asesoría legal y psicológica a nivel provincial.

Finalmente, la comisión continuará en la construcción del informe, el objetivo garantizar la protección y atención a las víctimas indirectas de femicidio.

La Asamblea Nacional aprobó con 122 votos a favor el proyecto de Ley para el Control del Espacio Aéreo Nacional. Esta es la décimo octava Ley en este período legislativo.

La Ley cuenta con 36 artículos, el objetivo es prevenir y controlar las actividades ilícitas que se cometan en el espacio aéreo suprayacente terrestre, marítimo e insular, en coordinación con las instituciones encargadas de la defensa nacional y la seguridad integral del Estado.

Según, la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, el análisis fue en “el control estatal del espacio suprayacente, este juega un papel preponderante en la prevención y mitigación de actividades ilícitas y en el respaldo a la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos”, dijo.

Además, la Ley crea mecanismos para normar el uso de la fuerza y legítima defensa, a fin de neutralizar un ingenio aeroespacial hostil tripulado o no tripulado, cuando ponga en riesgo a la tripulación de la aeronave interceptora, o atente contra la vida humana y la seguridad dentro del territorio nacional, expresó.

Así mismo, durante el debate participaron 13 legisladores, quienes destacaron la normativa como una herramienta clave para la prevención y mitigación de amenazas, mediante protocolos claros y eficientes, para actuar con prontitud ante cualquier intento de vulneración de nuestro espacio aéreo.

Por lo que, hasta finales del 2023 al menos 47 aeronaves cargadas de droga habrían sido interceptadas e incineradas por las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA), dando como resultado 71 detenidos y 8.1 toneladas de droga, especialmente cocaína, incautadas, explicaron.

Mientras tanto, el asambleísta Otto Vera señaló que cada avioneta ilegal transporta una carga de aproximadamente 400 Kg de droga, que al costo estimado en el Ecuador se transforman en 800 mil dólares, pero en el mercado internacional, representan entre 11 y 12 millones de dólares, es urgente romper esta economía criminal.

En cambio, el general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos sostuvo que la elaboración de mesas técnicas operativas con miembros de su institución y los legisladores de la comisión permitió perfeccionar una ley que incorpora las mejores prácticas, para la defensa nacional de nuestros cielos y la lucha contra el narcoterrorismo internacional.

Finalmente, la Ley será enviada a la Presidencia de la República para la sanción u objeción del Jefe de Estado, en el plazo de 30 días.

Una vez que retornaron todos los paquetes electorales del exterior, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este jueves 2 de mayo, reinstaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio y aprobó los resultados numéricos del Referéndum y Consulta Popular 2024, luego de revisar las actas levantadas por las 24 Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior.

Tras la aprobación, se abrirá un periodo de tres días para que las organizaciones políticas y sociales, si así lo consideran, interpongan recursos en el CNE o ante el Tribunal Contencioso Electoral. De no haber reclamos, y una vez que se cuenten con las certificaciones correspondientes, se proclamarán los resultados definitivos del Referéndum y Consulta Popular 2024.

El CNE cumplió nuevamente con el país y la democracia, al organizar un proceso electoral altamente técnico, en apenas 60 días, garantizando el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.