La madrugada de éste miércoles 14 de abril, tras acoger la solicitud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, el juez nacional Felipe Córdova dictó orden de prisión preventiva contra Pablo C., contralor general del Estado (s), y su hermano Esteban C.; José A., ex-secretario general de la Presidencia de la República y su hermano Luis A.; Silvia L., Ángelo R. y Andrés L. por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

Mientras tanto, la procesada Natalia C. dictaron medidas sustitutivas como presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico; y para Elsie C., se ordenó que se gire la boleta de libertad.

Además, el juez dispuso la inmovilización de las cuentas de los procesados y la prohibición de enajenar bienes.

Más de seis horas duró la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en la que la Fiscal General del Estado formuló cargos contra las nueve personas, sobre la base de dieciséis elementos de convicción recabados durante un año y medio de investigación, los cuales hacen presumir su participación como autores directos en el mencionado delito.

Así mismo, entre estos constan versiones, oficios, informes periciales, decretos ejecutivos y dos asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos (EUA).

Por su parte, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar indicó que en junio de 2019, José Raúl de la T. y Roberto B. fueron detenidos por autoridades de EUA, por delitos relacionados con lavado de activos. Con esta información, la Fiscalía inició una investigación previa y practicó varias diligencias aplicando técnicas especiales, a través de las que se evidencia que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.

Por lo que, esta organización cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., entre 2017 y 2020.

De está forma la Fiscalía General del Estado, procesó a los detenidos, según lo determina el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de delincuencia organizada.

Finalmente, la instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.