La Comisión de Biodiversidad, con 7 votos a favor y 2 abstenciones, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería. La propuesta busca apoyar y regular la minería artesanal y pequeña minería, establecer herramientas de planificación y control minero, garantizar los derechos de la naturaleza y protección de la biodiversidad y determinar las autoridades de control, regulación y fiscalización para que puedan disponer inspecciones en áreas de exploración y explotación minera.

Además, crea un entorno de protección a la minería legal y mayor seguimiento y sanción a la minería ilegal. En este sentido, la norma prevé que los equipos, maquinaria y vehículos que sean decomisados como efecto de las actividades de la minería ilegal serán donados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de las zonas donde se haya detectado la realización de estas actividades ilegales, para que sea utilizado en el desarrollo de los territorios.

Así mismo, establece la obligatoriedad del plan de cierre de las operaciones mineras que deben incluirse en los estudios de impacto ambiental para las actividades de explotación, beneficio, fundición o refinación. Esto con el objetivo de asegurar la rehabilitación y retorno de las áreas afectadas, como la protección de los bosques protectores, fuentes de agua y los ecosistemas frágiles que permitan el desarrollo de otras actividades productivas y las necesidades básicas de las poblaciones.

La reforma garantiza los derechos colectivos a la información, participación y consulta, se determina que previo al otorgamiento de una concesión minera debe efectuarse una consulta previa a las poblaciones, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del área de influencia directa o indirecta, como veedurías ciudadanas, esto en el marco de los principios de transparencia, se prohíbe clasificar como información reservada la que pueda contener datos de afectación o vulneración de derechos humanos y de la naturaleza.

Por otro lado, el informe para segundo debate constan las disposiciones que prescriban las inhabilidades para solicitar concesiones mineras.

De igual forma, plantea que el Estado proporcione las mejores condiciones para que la minería artesanal, se sume al proceso contractual minero, considerando e incorporando los estándares de sostenibilidad económica, social y ambiental, que es preciso cumplir por todos los actores interesados en realizar esta actividad económica.

Finalmente, la comisión revisó 64 observaciones, los asambleístas destacaron que en el informe para segundo debate recogieron varias propuestas legislativas, como los criterios del ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Cámara de Minería y de varios colectivos sociales.