La Comisión de Biodiversidad tratará en seis ejes los proyectos de Ley, la sentencia del caso 51-23-IN/23, del 9 de noviembre de 2023, dictada por la Corte Constitucional, sobre la consulta ambiental y definió las acciones de control político en temas de explotación minera e hidrocarburífera y su impacto ambiental.

Por su parte, el presidente de la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Guido Vargas presentó la matriz de 35 proyectos de Ley que están en trámite de primer y segundo debate, por el corto periodo priorizaran el debate y otros como en el caso de la minería serán unificados porque se refieren al mismo tema, explicó.

Para la asambleísta, Sofía Sánchez es importante que la comisión retome el análisis de la reforma al Código del Ambiente que está para segundo debate y considerar dentro del calendario sobre las consultas pre legislativas como: el tema de minería, dijo.

Por lo que, Sánchez propuso que el trabajo sea en seis ejes: Ley de Minería; Ley Orgánica Intercultural del Uso Gestión y Protección de los Recursos Hídricos; animalista; Ley Amazónica; Código Orgánico del Ambiente y Galápagos. Por unanimidad la moción fue aprobada.

Además, la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 754 que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. La Corte Constitucional declaró que los efectos de la sentencia serán diferidos hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental.

Así mismo, en el plazo de un año la Defensoría del Pueblo apruebe una Ley sobre la consulta ambiental. Por eso desde la comisión exigirán al Defensor del Pueblo la presentación del proyecto de ley.

Mientras tanto, varias acciones respecto del control político y fiscalización serán impulsadas de acuerdo a la iniciativa del asambleísta Milton Aguas, en relación con la problemática de Galápagos, los resultados del canje de deuda por conservación de la naturaleza.

Finalmente, con cinco votos a favor de la creación de una sub comisión propuesta por el legislador Comps Córdova, para que encargue de dar cumplimiento a la creación de las universidades amazónicas, un derecho que debía concretarse en el 2020, para Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.