La Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional analizó la situación de los ex trabajadores de diario El Comercio; de los trabajadores del Ministerio de Educación y la jubilación anticipada en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Además, en las jubilaciones anticipadas, reforma propuesta por el asambleísta Mauricio Zambrano, los comisionados escucharon a Gilbert Vega, director actuarial del IESS y Uber Orozco, comandante del Cuerpo de Vigilancia de la CTE.

Por su parte, Gilbert Vega expresó que por disposición de la Constitución todo beneficio debe estar debidamente financiado. La propuesta establece que los servidores de la CTE tendrían la jubilación especial por los riesgos a los que están expuestos en el trabajo. Para financiar esta jubilación se necesita el aporte adicional del 4.488 % de parte del patrono y 2.92 % del trabajador. Accederían a la jubilación a los 25 años de servicio sin límite de edad, con el 80 % del sueldo y de manera progresiva hasta llegar al 100 % a partir de los 35 años de servicio.

Para Uber Orozco, el Cuerpo de Vigilancia de la CTE está constituido por 5.600 uniformados, de ellos 540 mujeres, están expuestos a muchos riesgos, situación que amerita aplicar la jubilación especial, mediante una reforma a la Ley de Seguridad Social. El Seguro Social prevé 60 años de edad o 360 imposiciones para acceder a la jubilación, pero que en muchos casos los vigilantes no llegan a cumplir porque o son atropellados en las vías o asesinados por la delincuencia.

Según, los legisladores Xavier Jurado y Mauricio Zambrano los riesgos a los que están expuestos los vigilantes de la CTE, así como las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Por lo que, es necesario hacer justicia social y laboral, a través de una jubilación digna, criterios que fueron compartidos por los legisladores Francisco Cevallos, Johanna Ortiz, Marcela Holguín, John Polanco y María Teresa Pasquel.

En cambio, Jaime Guevara, sostuvo que se requiere que la jubilación especial esté financiada. Luzmila Abad anunció que siempre respaldará los derechos de los ecuatorianos.

Mientras tanto, los dirigentes de la Asociación de Ex trabajadores del diario El Comercio, a través de su abogado, Washington Andrade y del Sindicato de Ex trabajadores y Empleados expusieron la problemática existente. Soraya Quiyupanqui, de ASOEXELCOMERCIO, explicó que los ex trabajadores están desamparados, por lo que exigen justicia, son 500 afectados que trabajaron no menos de 10 años. Solicitó que se fiscalice a las autoridades que no han cumplido su misión, al no exigir el pago de los haberes. El Ministerio del Trabajo no les da respuesta, pese al incumplimiento de los acuerdos.

Sin embargo, Eduardo Terán denunció que viven una situación difícil por la falta de pago de sus haberes durante 14 meses y la actitud del propietario es de burla de las leyes, por lo que demandó la intervención de la comisión.

También, Terán solicitó que el Ministerio de Telecomunicaciones revise las frecuencias de radio y televisión que tiene en el país el empresario mexicano Ángel González.

El presidente de la comisión del Derecho de los Trabajadores, Johnny Terán anunció que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, comparecerá el miércoles de la próxima semana para tratar este caso.

Así mismo, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Marcela Holguín aseguró que son 252 ex trabajadores que no reciben respuesta desde que iniciaron los despidos y más de 150 trabajadores están impagos por 8 meses, desde el 2022 realice varios pedidos de información al Ministerio de Trabajo sin respuesta, propuso iniciar acciones de fiscalización al Ministerio de Trabajo, IESS y SRI, por la afectación a los derechos laborales y humanos.

Finalmente, el secretario general del Comité de Empresa Único de los Trabajadores de Servicios del Ministerio de Educación, Edwin Salazar afirmó que son víctimas de actos de discriminación. Recordó que el Ministerio de Trabajo emitió el acuerdo que fija la tabla salarial para todo el sector público, pero que no se cumple en este caso. Son 5.600 trabajadores que han planteado varias acciones hasta llegar a presentar un pliego de peticiones que hasta la fecha no han cumplido a 866 trabajadores impagos desde el 2015, a pesar que existían los fondos. “No quieren homologar los sueldos de todos los trabajadores”, puntualizó.