De manera unánime la Asamblea Nacional, con 118 votos, aprobó el Acuerdo de Asociación Comercial entre Ecuador y Costa Rica, que generará un crecimiento del 10 % de las exportaciones actuales, lo que significaría un ingreso aproximado de 3 millones de dólares.

Para el vicepresidente de Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, José Luis Barzallo, en nombre de 250 empresas de tecnología en Ecuador, recordó la importancia del desarrollo tecnológico y la vigencia de la Ley Fintech.

Por lo que, respaldó el Acuerdo Comercial con Costa Rica, ya que favorece el comercio sin aranceles para servicios digitales. Las pequeñas empresas tendrán la oportunidad de usar el comercio electrónico. “Es una nueva vía para el fomento económico para el Ecuador”, indicó.

Además,  Vanesa Cortez, de la Asociación Procosméticos Ecuador, señaló que el Acuerdo con Costa Rica, permite el intercambio comercial al colocar los productos ecuatorianos, en este caso los cosméticos, en aquel país. “Los beneficios serán muchos, uno de ellos el empleo”.

Según, Jonathan Parra, presidente de la comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, dijo que en el Acuerdo Comercial con Costa Rica se protegió a los pequeños y medianos empresarios. Destacando que se beneficiarán los sectores metalmecánica, textil, línea blanca, construcción y alimentos. El 97 % de la oferta de exportaciones ecuatorianas tiene preferencias arancelarias y el 84 % ingresará con arancel cero desde el primer día de su vigencia.

De su lado, Raisa Corral considera que esta asociación comercial con Costa Rica es una oportunidad para el Ecuador, una evolución de los acuerdos comerciales tradicionales.

En cambio, Gustavo Mateus sostuvo que el acuerdo comercial constituye un desafío para los dos países

Finalmente, en el debate y análisis del instrumento comercial internacional participaron varios asambleístas quiénes coincidieron que el acuerdo comercial respeta la jurisdicción nacional y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, precisaron.

Con 106 votos a favor  la Asamblea Nacional aprobó que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado inicie el proceso de verificación sobre el cumplimiento de la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres, este incluirá la verificación de cumplimiento de las instituciones del sector público, responsables de la transversalización del enfoque de género en la política pública.

Además, la comisión de Justicia tiene 90 días para emitir el informe que incluirá los resultados, conclusiones y recomendaciones.

Para las asambleístas Gissela Garzón y Viviana Veloz es indispensable que se retome el proceso de evaluación de la Ley, esto implica que los ministerios deben dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, en memoria de las niñas y mujeres asesinadas. No basta con que existan leyes, hay que cumplirlas, expresaron.

En cambio, la comisión de Justicia en el año 2022 creó la subcomisión para la evaluación de la Ley y entre sus acciones era elaborar el informe de evaluación, que conoció la Asamblea el 24 de enero del 2023 y entre sus principales recomendaciones consta que el Ministerio de la Mujer ejerza su rol de ente rector del sistema y evite omitir el cumplimiento de sus responsabilidades, con el fin de que el sistema nacional integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres funcione de manera adecuada.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Garantías Constitucionales, Paola Cabezas solicitó ser veedores y permanentes gestores de que la política pública para las mujeres se haga realidad.

Por lo que, la comisión de Garantías Constitucionales está tratando la Ley de Reparaciones, el objetivo es que la institucionalidad se haga responsable del acompañamiento que requiere la familia cuando pierde un ser querido.

Finalmente, es indispensable que no solo se hable de leyes sino de la responsabilidad para materializarlas, se debe contar con instituciones fuertes y comprometidas, puntualizaron.