Con 106 votos a favor  la Asamblea Nacional aprobó que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado inicie el proceso de verificación sobre el cumplimiento de la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres, este incluirá la verificación de cumplimiento de las instituciones del sector público, responsables de la transversalización del enfoque de género en la política pública.

Además, la comisión de Justicia tiene 90 días para emitir el informe que incluirá los resultados, conclusiones y recomendaciones.

Para las asambleístas Gissela Garzón y Viviana Veloz es indispensable que se retome el proceso de evaluación de la Ley, esto implica que los ministerios deben dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, en memoria de las niñas y mujeres asesinadas. No basta con que existan leyes, hay que cumplirlas, expresaron.

En cambio, la comisión de Justicia en el año 2022 creó la subcomisión para la evaluación de la Ley y entre sus acciones era elaborar el informe de evaluación, que conoció la Asamblea el 24 de enero del 2023 y entre sus principales recomendaciones consta que el Ministerio de la Mujer ejerza su rol de ente rector del sistema y evite omitir el cumplimiento de sus responsabilidades, con el fin de que el sistema nacional integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres funcione de manera adecuada.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Garantías Constitucionales, Paola Cabezas solicitó ser veedores y permanentes gestores de que la política pública para las mujeres se haga realidad.

Por lo que, la comisión de Garantías Constitucionales está tratando la Ley de Reparaciones, el objetivo es que la institucionalidad se haga responsable del acompañamiento que requiere la familia cuando pierde un ser querido.

Finalmente, es indispensable que no solo se hable de leyes sino de la responsabilidad para materializarlas, se debe contar con instituciones fuertes y comprometidas, puntualizaron.