La eliminación de la contratación integral por precio fijo y racionalizar los procesos de régimen especial, entre otros, es materia de análisis del proyecto de reformas a la Ley del Sistema de Contratación Pública, para la elaboración del informe para primer debate.

Para el abogado especialista en contratación pública, Luis Andrade la Ley requiere una reforma integral para alcanzar la confianza de la ciudadanía en la contratación estatal. “Es oportuno incluir nuevos principios, como la compra pública sostenible”, dijo.

Además, Andrade sugirió analizar la competencia de control del Servicio Nacional de Contratación Pública, porque actualmente no todos los procesos son revisados, en otros casos quedan suspendidos tres o cuatro meses.

Mientras tanto, que temas observados fueron informe de pertinencia de la Contraloría que se ha convertido en una simple verificación de requisitos formales aumentando la carga administrativa; ampliación de la casuística para la declaratoria de desierto de un proceso; racionalizar los procesos de régimen especial en 4 o 5 casos; eliminar la contratación integral por precio fijo; eliminar la lista corta en consultoría; prohibición de mover los recursos hasta la liquidación del contrato con las entidades públicas; desarrollar las compras públicas sostenibles; fijar un monto mínimo de anticipo; reformular el delito de sobreprecio en contratación pública porque resulta inaplicable debido a la incidencia de la oferta y la demanda.

Para Jaime Villacreses, presidente del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, una nueva Ley de Contratación Pública que simplifique los procedimientos, incluso utilice la inteligencia artificial. En toda contratación pública se debe incorporar de manera transversal criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato.

En cambio, Erick Mejía, especialista en contratación pública, manifestó que en las atribuciones del SERCOP se incorpore la de solicitar la aplicación del régimen disciplinario a un servidor público.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango indicó que la intención no es elaborar una “ley parche” sino una normativa transversal a todas las instituciones del Estado, que en realidad sirva a la ciudadanía.