La Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, en el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, recibió al subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino y las observaciones de los expertos José Cedeño y Héctor Tapia, previo al informe para segundo debate.

Según, Stalin Andino la propuesta de incrementar las penas en 12 delitos se debe al crecimiento de la violencia y el crimen organizado, por lo que es necesaria que toda pena esté establecida en la Ley.

Además, Andino explicó que el Ejecutivo para establecer las penas sugeridas tomó en cuenta un criterio técnico, considerando que el límite actual de la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es de 30 años, desde ahí se ubicó hacia abajo según la gravedad del infracción.

Así mismo, el cumplimiento total de las penas en los centros de rehabilitación social, tipificación del delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como el destino de las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios para uso inmediato de las dos instituciones, la reforma propuesta y el impacto esperado es urgente, dijo Stalin Andino.

En cambio, la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, esta declaratoria no debe estar atada a una sentencia condenatoria ejecutoriada en lo penal, porque la extinción de dominio es materia civil, expresó.

Las reformas al COIP, fueron comentadas por el abogado constitucionalista, José Cedeño, quien pidió analizar la pena para sancionar la conducta de los colaboradores en el delito de delincuencia organizada, la propuesta es desmedida. La segunda observación fue respecto a la Ley de Extinción de Dominio, sobre la proporcionalidad que debe existir entre la pena privativa de libertad y el monto de activos objeto del delito, manifestó.

Mientras tanto, el docente de la Universidad Central, Héctor Tapia sostuvo que “hagamos que robar sea más costoso”, aquello con relación al incremento de penas. Desde el Estado hay que seguir la plata y no a las personas y sugirió que exista un informe pericial del contexto social del infractor.

Finalmente, los asambleístas plantearon consultas sobre la dosimetría penal, técnica jurídica aplicada para el incremento de penas en delitos relacionados con la minería, entre otros de la reforma.

Este viernes 21 de junio 2024, Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria al proceso de auditorías de las organizaciones políticas para las elecciones generales del 2025.

Del 24 al 28 de junio de 2024, los partidos y movimientos políticos habilitados a participar en los comicios electorales podrán solicitar la inscripción de un auditor y su respectivo suplente. Las solicitudes se recibirán de forma presencial en la Secretaría General del CNE, en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior

De acuerdo con la convocatoria aprobada, el proceso de auditoría se iniciará con el taller de inducción a los auditores calificados y acreditados por el CNE, que se efectuará el lunes 15 de julio, a las 10h00, en el auditorio Matilde Hidalgo del Consejo Nacional Electoral.

El registro de organizaciones políticas para las Elecciones Generales del 2025, el CNE cerró en 78 partidos y movimientos políticos que podrán auspiciar sus candidaturas para los próximos comicios electorales.

De estas, 17 son organizaciones políticas de carácter nacional:

ORGANIZACIONES POLÍTICAS NACIONALES

MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO

PARTIDO UNIDAD POPULAR

PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA, 21 DE ENERO

MOVIMIENTO PUEBLO IGUALDAD DEMOCRACIA

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO

MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA

MOVIMIENTO ACCION DEMOCRATICA NACIONAL, ADN

PARTIDO AVANZA

PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA

MOVIMIENTO AMIGO, ACCIÓN MOVILIZADORA INDEPENDIENTE GENERANDO OPORTUNIDADES

PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO

MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL, PACHAKUTIK

MOVIMIENTO DEMOCRACIA SI

MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES

PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MÁS ACCIÓN, SUMA

MOVIMIENTO CONSTRUYE

MOVIMIENTO RENOVACIÓN TOTAL, RETO

Mientras que 61 organizaciones políticas son de ámbito provincial.

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, fiscalizará el Proyecto Hidroeléctrico Santa Rosa. Este se habría convertido en un punto crítico tras el juicio político al ex ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, entre las recomendaciones en el informe recomienda el inicio de la acción de fiscalización por la comisión debido a varias irregularidades encontradas.

Según, el asambleísta Jaime Moreno, la comisión identificó inconstitucionalidades en contratos que involucraban arbitrajes extranjeros y la carencia de permisos ambientales, dijo.

Además, Moreno expresó que el contrato fue firmado a última hora por el gobierno del Presidente Guillermo Lasso, la preocupación es sobre su legitimidad.

También, incluye la incorporación de observaciones procedimentales sugeridas por la asambleísta Sofía Sánchez.

Así mismo, establecieron parámetros claros para el proceso de fiscalización, las comparecencias y acciones necesarias para asegurar la transparencia en los procesos administrativos relacionados con los proyectos hidroeléctricos.

La comisión tiene como objetivo llevar un proceso de fiscalización exhaustivo y transparente, para abordar las irregularidades administrativas y garantizar que los futuros proyectos cumplan los estándares legales y ambientales.

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, junto a la legisladora independiente Lucía Posso y Vicente Taiano, del Partido Socialcristiano, cuestionaron los sobre saltos del Gobierno y señalaron que es absolutamente falso que el Parlamento pretenda declarar la inhabilidad mental del presidente de la República, Daniel Noboa. Esto en respuesta a las afirmaciones que realizara desde la bancada de ADN,  Valentina Centeno.

Para Viviana Veloz estas afirmaciones “serán sujetas de revisión en el CAL y el Pleno de la Asamblea Nacional, instancias que determinarán si procede una sanción disciplinaria por estas declaraciones que no se ajustan a la realidad de los hechos”.

Según, el jefe de bloque del Partido Social Cristiano, Vicente Taiano la resolución aprobada en el Pleno del legislativo, lo que hace es condenar las expresiones del Presidente de la República, Daniel Noboa en un importante medio de comunicación internacional, que evidencia la falsedad de las declaraciones de los voceros del Gobierno.

Mientras tanto, Lucía Posso sostuvo que “las sorpresivas declaraciones de Valentina Centeno son de manera irresponsable, en la Asamblea Nacional nadie ha hablado de declarar una inhabilidad de tipo mental al Presidente”.

De igual forma, Camilo Salinas de Construye, indicó que “nuestra función como legisladores es fiscalizar, debemos dar a conocer al pueblo las irregularidades que han pasado en el país. Presidente coja las críticas para mejorar por el bien de todos los ecuatorianos”.

Sin embargo, la Asamblea Nacional con 86 votos a favor aprobó la resolución que rechaza y condena las declaraciones emitidas por el Presidente de la República, Daniel Noboa, en contra del Presidente del Salvador, Colombia, Chile, Argentina, publicadas en la revista The New Yorker, porqué afectan gravemente la imagen internacional del Ecuador. Y decidió extender disculpas públicas a los Presidentes y pueblos de estos países, por las declaraciones inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas, publicadas en el medio de comunicación internacional.

Finalmente, la jefa de bloque de ADN, Valentina Centeno, dijo que la vieja política y la troncha de la Asamblea Nacional, pretende llevar el debate a una supuesta inhabilidad mental del Presidente de la República, Daniel Noboa “quieren decláralo loco en la Asamblea, repetir las viejas prácticas del viejo Congreso, más demencial es votar aquí con tus enemigos ideológicos”, precisó.

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, conoció la situación actual del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) a través de Gina Chávez, Carla Álvarez y Ana Lucía Ponce, docentes y miembros del Consejo Académico Universitario de la institución.

Según, las docentes la normativa vigente permite que el rector del IAEN sea designado por el Presidente de la República, lo que hace que sus decisiones estén supeditadas a voluntades políticas cambiantes. “Esta determinación legal le ha traído una altísima inestabilidad académica al Instituto, cambia de rector cada catorce meses, e impide al Consejo Académico de la Universidad filtrar y analizar el perfil de la autoridad nombrada”, manifestaron.

Además, advirtieron que las modificaciones frecuentes de la autoridad rectora, decanos y vicedecanos, llegan a manera de cuota política, implica una nueva curva de aprendizaje y desconocimiento de la realidad del IAEN, lo que se traduce en incapacidad de solventar problemas urgentes, procesos internos y de bienestar estudiantil.

Así mismo, entre el 2019 y 2023, ha existido una reducción significativa de personal, de 206 a 189. “Solo el 34 % del personal pertenece a la planta docente y el 66 % al personal administrativo, generando una clara distorsión de la función de un centro de educación superior”, insistieron.

En cambio, “el presupuesto de 5 millones de dólares anuales que tiene el IAEN, el 77.7 % es destinado a las remuneraciones administrativas. La inversión en investigación e infraestructura es mínima en la institución”, puntualizaron.

La institución enfrenta demandas de acoso laboral y de género y demandas laborales por despidos injustificados, que se suman al ambiente excesivamente conflictivo de la universidad, por lo que requirieron la fiscalización por parte de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijeron.

Finalmente, Pablo Beltrán, presidente del CES, indicó que una vez conocidas las presuntas irregularidades en el IAEN, iniciará una veeduría y la elaboración de un informe hasta finales de julio del 2024, para tomar las decisiones correspondientes en favor de la estabilidad de la Universidad de Posgrados del Estado.

Este martes 18 de junio 2024, en el Palacio de Carondelet, el Gobierno Nacional presentó el mecanismo para la protección a los usuarios del transporte, ante la implementación del esquema de estabilización de precios en la gasolina Extra y Ecopaís. Una decisión del Ejecutivo que ha tomado para precautelar la asignación eficiente de los recursos del Estado y garantizar la inversión social.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, Inclusión Económica y Social, indicaron  que parte del proceso de estabilización de los precios en la gasolina Extra y Ecopaís, prevé el incremento del precio por galón de estos combustibles, de acuerdo al precio referencial internacional. El incremento será de 0,26 centavos por galón, medida que será ejecutada en la última semana de junio.

Además, el Gobierno trabaja en la propuesta de mecanismos que protejan a los usuarios de transporte de pasajeros y mercancías, para precautelar el mantenimiento de las tarifas de estos sectores, señalaron.

Así mismo, el precio internacional de los combustibles se ajusta según varios factores, que no son fijos. Un mecanismo será determinará un esquema para que esta tarifa no suba más de 5 % o baje más de 10%, de acuerdo a la referencia del precio internacional. Por ejemplo, si por la coyuntura internacional el precio de la gasolina experimenta una subida abrupta de su valor, en Ecuador no podrá incrementarse en más del 5 % y el Estado cubrirá el diferencial, cuidando que este factor externo NO repercuta ni afecte a la ciudadanía.

Otro de los mecanismos es que el Gobierno Nacional asumirá la diferencia de lo que cuesta cada galón para más de 84.000 unidades de transporte de pasajeros (taxis), transporte mixto (camionetas comunitarias) y tricimotos regularizados, manifestaron.

El Gobierno transferirá mensualmente al sector del transporte la diferencia de lo que cuesta cada galón de gasolina. Esto será calculado multiplicando la diferencia entre el precio internacional y el precio local de venta en el país, es decir 0,26 centavos por galón y el monto en galones referencial para cada tipo de transporte. Con esto, las tarifas a los usuarios no deben subir, explicaron.

Pero la inquietud de consumo por el transporte. ¿Cuántos galones serán por cada tipo de transporte?, taxis 156 galones de gasolina extra o ecopaís, mensual por unidad. Tricimotos/Mototaxis: 90 galones de gasolina extra o ecopaís, mensual por unidad. Camionetas 145 galones de gasolina extra o ecopaís, mensuales por unidad.

Sin embargo, ¿Cómo se efectuará la transferencia?, el transporte de taxis, camionetas y tricimotos regularizados debe registrarse en la plataforma que estará habilitada en la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas http://www.obraspublicas.gob.ec. El beneficiario debe ingresar y llenar los datos principales como: número de cédula, código dactilar o con el RUC. Automáticamente, la información se desplegará y podrá continuar con el proceso de registro.

Por lo que, los transportistas deberán contar con un correo electrónico al cual le llegará el código de verificación. Al ser un mecanismo de protección de carácter económico, el requisito principal es tener el certificado bancario digital listo en formato PDF, para que el recurso (previamente definido) sea acreditado en la cuenta del beneficiario de manera mensual. Estas transferencias serán anticipadas para que los transportistas no tengan que cubrir con su dinero el costo real del combustible y a su vez esto no afecte a la ciudadanía.

Mientras tanto, la entrega de la transferencia monetaria estará a cargo del MIES, para ello, el MTOP entregará el listado final de beneficiarios. Si el beneficiario requiere de ayuda técnica podrá escribir al correo electrónico: mesadeayuda@mtop.gob.ec.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene previsto incrementar la cobertura del Bono de Desarrollo Humano, a más de 40.000 familiares. El Gobierno tiene un plan de contingencia para invertir los recursos que se ahorren del subsidio a las gasolinas, esto permitirá ampliar el sistema de protección social y garantizar que más personas de grupos prioritarios accedan al sistema de bonos del Gobierno, explicaron.

También, manifestaron que este esquema de estabilización de precios de los combustibles “no contempla la eliminación del subsidio al diésel y al gas de uso doméstico. Los sectores agrícolas, ganaderos, productivos y los hogares ecuatorianos no serán afectados, porque el subsidio para estos combustibles se mantiene. La estabilización de precios de las gasolinas no impacta en ningún sector popular, ni clase media, aseguraron.

Finalmente, el Gobierno en el 2023 destinó 644 millones de dólares para subsidiar la gasolina  Extras y Ecopaís, casi lo mismo que para el Bono de Desarrollo Humano. El doble del presupuesto para combatir la desnutrición crónica infantil. El doble de las pensiones para adultos mayores. Del 2010 al 2023 se han gastado más de 13.400 millones de dólares en subsidios a las gasolinas que habrían sido invertido en los sectores olvidados como el agro, para recuperar el sistema de salud, ampliar las ofertas académica en educación, pagar la deuda con el IESS (12.518 millones de dólares), o el desarrollo en infraestructura. Durante el 2024, el Ecuador ha entregado subsidios a la gasolina sin ningún impacto positivo; al contrario, se han despilfarrado miles de millones de dólares auspiciando el contrabando y actividades delictivas, el combustible subsidiado es utilizado en lanchas que sacan la droga del país, precisaron. Pero María de un local de comidas le preocupa el incremento de los combustibles, esto afectará y tendrá que subir el precio de los productos, representando una baja en las ventas, dijo.  

Paso el primer debate del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social, en la Asamblea Nacional que permite crear la jubilación especial para los miembros del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), por la naturaleza de las funciones y labores que realiza esta institución, para lo cual deberán acreditar 25 años de imposiciones, sin límite de edad, es el principal objetivo de la reforma.

La Comisión del Derecho al Trabajo elaboro el informe, en el proceso de socialización del proyecto participaron los gremios, autoridades y demás actores involucrados entre ellos el Comandante del Cuerpo de Vigilantes de la CTE, el presidente del Club de Tropa de la CTE, Federación Nacional de Agentes Civiles de Tránsito del Ecuador y la Asociación de Municipalidades del Ecuador, entre otros.

Según, el asambleísta y ponente del proyecto de Ley, Jaime Guevara, la CTE cumplió 76 años de vida, cuenta con una estructura funcional encargada del control operativo de tránsito y formación de agentes civiles de tránsito, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) dispone al Ministerio del Trabajo y al IESS realice los estudios técnicos y actuariales que detecten prioridades laborales de los servidores sujetos a Ley.

De acuerdo a los estudios existen los recursos económicos que pueden financiar estas jubilaciones, las propuestas son aplicables y sostenibles en el tiempo, sin afectar la estabilidad del IESS. El proyecto cuenta con el estudio técnico actuarial que garantiza la sostenibilidad y hace efectivo un derecho que ya tienen servidores de otros entes encargados de brindar seguridad a los ecuatorianos. “Se busca hacer justicia en la Seguridad Social para los miembros del cuerpo de vigilancia de la CTE”, aseguró el legislador.

Para el asambleísta Mauricio Zambrano la propuesta considera que los servidores están expuestos a muchos riesgos, situaciones de alto estrés a la inseguridad desbordada y a las inclemencias del clima, que ponen en peligro sus vidas.

En cambio, el parlamentario Cristhian Vega expresó que es pertinente considerar los incentivos y requerimientos para hacer justicia y viabilizar una jubilación digna.

Por su parte, Margarita Arotingo aseguró que con la propuesta de reforma a la Ley se garantiza la homologación de los derechos laborales de los servidores de otras instituciones que son regidas por el COESCOP y reconoce el sacrifico de los agentes.

Finalmente, se pueden acoger al derecho a jubilación quienes hayan acreditado 25 años de imposiciones, sin límite de edad, de acuerdo con su última remuneración mensual que hubiere percibido, establece el proyecto de reforma.

La comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, recibió este lunes 17 de junio del 2024, en modalidad virtual la comparecencia de los dirigentes del Transporte Técnico Logístico (TRANSUR) y otros ciudadanos, el objetivo presentar sus aportes y observaciones al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Según, el presidente nacional de TRANSUR, Luis Alfredo Azogue el Transporte Técnico y Logístico a nivel nacional no está debidamente considerado, por lo que exigió igualdad de condiciones para trabajar libre y voluntariamente, ya que carecen de un marco legal que facilite las contrataciones directas con el SERCOP.

Además, Azogue señaló que han acudido a todas las instancias como el Ministerio de Transporte y Obras Pública, Agencia Nacional de Tránsito, pero no han tenido han tenido una respuesta clara, porque, la Ley vigente si bien es parcial, no es clara, la respuesta de acuerdo a las autoridades es la misma, “sino consta en la Ley no se puede hacer más y solo la Asamblea Nacional es la única institución que puede reformar la Ley”.

Por lo que, el presidente Nacional del Transporte Técnico Logístico sostuvo que está es una lucha de miles de familias en todo el país, del Carchi al Macara, por más de catorce años, la Ley debe regular de acuerdo al tiempo y el transporte un sistema técnico mucho más, con nuevas formas y cada modalidad de acuerdo al objetito institucional.

“El transporte Técnico y Logístico no afecta a ninguna modalidad, taxis, carga mixta, liviana, de buses, pesado, más bien es un tipo de transporte estratégico y temporal”, propuso la reforma del artículo 57, 74, 75 y 85, entre otros de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, aseguró Azogue.

Para el vicepresidente de TRANSUR, Fernando Montalvo el artículo 33 de la Constitución de la República establece “el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía”. No están pidiendo crear na en contra de las modalidades de transporte, sino por el contrario se reconozca al transporte Técnico Logístico y seguir siendo tercerizados como es actualmente, prohibido por el mandato 8 de la Constituyente de Montecristi.

Así mismo, el asesor de la empresa pública de Tránsito de Pasaje, Eduardo Guerrero señaló que la preocupación es porque en el 2013 la organización mundial de la salud determinó que los accidentes de tránsito es la primera causa de muerte no natural en jóvenes de 15 a 29 años en Latinoamérica y en el 2021 el INEC estableció que en el Ecuador existen 12 fallecidos por accidente de tránsito cada 100 mil habitantes.

Mientras tanto, que para Guerrero se debe realizar la reforma a la Ley de Tránsito en cinco ejes basándose en el fortalecimiento de los GAD, modelo de gestión tipo b para el control operativo. Prohibir el láser DOPPLER como tecnología de control de la velocidad en el país, al ser una tecnología obsoleta y sustituirla con mecanismos de analíticas de video que permiten la mayor fiabilidad en el control de la velocidad.

Finalmente, Wilfrido Vélez, presidente de la Unión de Taxis Ejecutivos de Manta, manifestó que las plataformas digitales internacionales están afectando negativamente al sector de transporte, generando informalidad, falta de seguridad y evasión fiscal, solicitando realizar una revisión equitativa de las necesidades de los taxistas ejecutivos para asegurar condiciones justas e inclusivas, puntualizó.

La Comisión de Soberanía Alimentaria sesionó en Santo Domingo de los Tsáchilas, el presidente de la comisión saludo a los habitantes por los 57 años de cantonización.

Por su parte, la asambleísta Amy Gende advirtió la falta de garantías para los jóvenes en el sector agrícola. «El proyecto de Código Integral de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca recuperará los derechos y garantías del agricultor», señaló.

Para los representantes de los sectores productivos de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y del país les preocupa la realidad actual de cada uno de sus gremios.

Según, Víctor Tocte, representante de los ganaderos de Santo Domingo (ASOGAN), han impulsado la Ley de fomento lechero y participado en mesas de trabajo. «Sería importante la inclusión de este sector en el proyecto de Código de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca.

En cambio, Estuardo Cevallos, rector del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila, destacó la importancia del desarrollo sostenible desde la educación superior y la necesidad de tecnificar los sistemas educativos para un verdadero acceso al financiamiento.

De igual forma, la concejal de Santo Domingo, Liliana Silva indicó que el trabajo legislativo está enfocado en el beneficio de los ecuatorianos, pero es necesario que haya líneas de calidad para poder comercializar buenos productos, destacando la importancia del tema vial en la provincia para una comercialización efectiva.

Desde de la Asociación de Cacaoteros, Rubén Zambrano expresó su preocupación por la falta de financiamiento en el sector productivo. «Necesitamos un verdadero financiamiento para que el campo sea atractivo para las futuras generaciones y aumentar los márgenes de productividad», aseguró.

Sin embargo, Wagner Vélez, promotor de la marca «Santo Domingo, capital de la carne», sostuvo que comercializan bovinos, generando 5 millones de dólares en producción. «Somos la capital de la carne, el 21 % de la carne en el país». El código es importante, porque la proteína animal bien manejada es salud. «Nosotros consumimos 41 % kilos per cápita de consumo, ubicándonos en el puesto número 14 de consumo de proteína animal».

La representante del Centro Agrícola Cantonal de Santo Domingo, Rosa Cuases Sánchez insistió en la necesidad urgente de tecnificar la agricultura. «El campo está envejeciendo, se necesita el relevo generacional, pero para ello debe haber motivación y garantías  para que los jóvenes se queden en el campo», puntualizó.

Mientras tanto, la legisladora Yadira Bayas entregó al presidente de la comisión un proyecto de resolución para declarar a Santo Domingo de los Tsáchilas capital de la carne y convertirla en un referente gastronómico y de producción.

Finalmente, el presidente de la comisión, Jaminton Intriago afirmó que el proyecto de Ley busca beneficiar a 5 millones de agricultores de manera integral. «Necesitamos identificarnos como campesinos y agricultores mediante la cedulación. Entre las ventajas que tenemos están la jubilación justa para el campesino, control de precios justos, distribución, comercialización y el seguro para el sector campesino. Nuestro código defiende al pequeño y mediano agricultor», precisó.