La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización al VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, recibió a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez y Néstor Toro, de la Contraloría General del Estado, para informar dentro de las denuncias de varias personas contratadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Según, Ivonne Núñez, ministra del Trabajo las normativas que tutelan los derechos laborales, como el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Civil, en este último cuerpo legal se sustentó el contrato de servicios especializados de las personas que colaboraron en el censo nacional, que no contiene determinados beneficios, tampoco generaron dependencia. Por tanto, el registro de este tipo de contratos no es competencia del Ministerio de Trabajo.

Para Paola Cabezas, presidenta de la comisión de Garantías Constitucionales, la institución tiene la responsabilidad de los “abusos” al personal contratado en la modalidad de servicios especializados.

Sin embargo, la ministra Núñez sostuvo que envió a la Asamblea Nacional el informe del cual se desprenden varias conclusiones, respecto a la contratación del personal del censo del INEC. Hay que definir si existió un abuso o incumplimiento de lo pactado.

Por su parte, el delegado del Contralor General del Estado, Néstor Toro expresó que existen dos informes aprobados, un borrador, dos acciones en ejecución y tres planificadas. “Tenemos un total de ocho acciones de control y un indicio de responsabilidad penal, que por su naturaleza es de carácter reservado”.

Así mismo, Toro dijo que los informes aprobados tienen relación con las fases sobre los contratos para publicidad del censo nacional y sobre los contratos de adquisición de bienes y servicios. En ejecución están las órdenes de trabajo sobre el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y honorarios. Aquí existen hallazgos en construcción.

Mientras tanto, el viceministro de Seguridad Pública, Fausto Iniguez, informó sobre la situación de las personas adultas privadas de la libertad la participación de 3.250 servidores policiales en los 35 centros de rehabilitación social y 10 centros de adolescentes infractores.

Finalmente, la asambleísta Patricia Núñez manifestó que esto fue analizada en la Comisión de Seguridad anterior, así como en el Pleno de la Asamblea Nacional, es necesario conocer los avances, respecto a la protección a las personas privadas de la libertad, alimentación, infraestructura y otras situaciones.