La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, conoció la situación actual del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) a través de Gina Chávez, Carla Álvarez y Ana Lucía Ponce, docentes y miembros del Consejo Académico Universitario de la institución.

Según, las docentes la normativa vigente permite que el rector del IAEN sea designado por el Presidente de la República, lo que hace que sus decisiones estén supeditadas a voluntades políticas cambiantes. “Esta determinación legal le ha traído una altísima inestabilidad académica al Instituto, cambia de rector cada catorce meses, e impide al Consejo Académico de la Universidad filtrar y analizar el perfil de la autoridad nombrada”, manifestaron.

Además, advirtieron que las modificaciones frecuentes de la autoridad rectora, decanos y vicedecanos, llegan a manera de cuota política, implica una nueva curva de aprendizaje y desconocimiento de la realidad del IAEN, lo que se traduce en incapacidad de solventar problemas urgentes, procesos internos y de bienestar estudiantil.

Así mismo, entre el 2019 y 2023, ha existido una reducción significativa de personal, de 206 a 189. “Solo el 34 % del personal pertenece a la planta docente y el 66 % al personal administrativo, generando una clara distorsión de la función de un centro de educación superior”, insistieron.

En cambio, “el presupuesto de 5 millones de dólares anuales que tiene el IAEN, el 77.7 % es destinado a las remuneraciones administrativas. La inversión en investigación e infraestructura es mínima en la institución”, puntualizaron.

La institución enfrenta demandas de acoso laboral y de género y demandas laborales por despidos injustificados, que se suman al ambiente excesivamente conflictivo de la universidad, por lo que requirieron la fiscalización por parte de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijeron.

Finalmente, Pablo Beltrán, presidente del CES, indicó que una vez conocidas las presuntas irregularidades en el IAEN, iniciará una veeduría y la elaboración de un informe hasta finales de julio del 2024, para tomar las decisiones correspondientes en favor de la estabilidad de la Universidad de Posgrados del Estado.