La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, avanza en el proceso de fiscalización a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que escuchó los argumentos de los colectivos.

Para Roberto Fajardo, del colectivo Yasunidos, el acuerdo con el FMI, “profundizan las condiciones de endeudamiento del Ecuador”. El extractivismo está atado a los endeudamientos históricos que ha tenido el país, porque ha impulsado la publicidad de la extracción minera y ha transformado al sector privado en el motor principal de América. “Se ha mercantilizado la naturaleza por los intereses de la minería metálica”, dijo.

Además, Fajardo puso como ejemplo a los territorios de Sigchos y a la población Shuar debido a los proyectos de extracción minera que se ejecutan en etas zonas. “Los acuerdos con el FMI comprometen la soberanía del Estado y los derechos constitucionales de los pueblos, nacionalidades y la naturaleza”, expresó.

Sin embargo, la asambleísta, Gissela Garzón preguntó la factibilidad para incluir en el acuerdo respecto al cambio ambiental como ha manifestado el FMI, la contradicción es porque se refiere al crecimiento económico, visto desde el modelo extractivista del petrolero y la minería metálica.

En cambio, el asambleísta, Franklin Samaniego cuestionó el canje de la deuda por naturaleza que contiene el acuerdo internacional, trata de un mecanismo novedoso y que al momento no se puede ver los resultados. “En estos canjes de deuda se han dejado de lado a comunidades, gobiernos parroquiales y organizaciones sociales que no fueron consultados por el Gobierno”.

Según, César Raza, experto en Derecho Constitucional, el convenio con el FMI no requiere la aprobación legislativa, pero la Asamblea Nacional tiene la obligación de realizar la fiscalización que considere necesaria, sí existen atropellos a las leyes ecuatorianas. Se debe realizar una lista de las vulneraciones legales provocadas por el Comité de Deuda del Gobierno Nacional que aprobó el acuerdo con el FMI. Consideró importante tramitar una acción de protección en contra de las políticas públicas generadas por el acuerdo, por vulneración de derechos del pueblo ecuatoriano.

De igual forma, al presidente de la comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, le preocupa el impacto que puede tener el acuerdo internacional en el sector productivo, especialmente en las Pymes y emprendedores.

Finalmente, Gloria Toapanta, representante de la Unión Nacional de Educadores, explicó que la carta de intención N.° 23 con el FMI, es una continuación de gobiernos anteriores, por la flexibilización laboral que propone el FMI, pone en riesgo la estabilidad laboral y las remuneraciones, entre otras, el incremento del IVA, la reducción de subsidios y la subida en el precio de la gasolina, así como la reducción significativa de recursos económicos para inversión pública, puntualizó.