El Consejo Nacional Electoral aprobó, este jueves 6 de junio, invitar para que observadores nacionales e internacionales participen en las Elecciones Generales del 2025.

La convocatoria se realizará a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE); Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB); Organización de Estados Americanos (OEA); Transparencia Electoral; Parlamento Andino; Parlamento del Mercosur (PARLASUR); Centro Carter; Unión Europea (MOE/UE); Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA); Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador; entre otros.

El CNE ratificó la organización de procesos democráticos altamente técnicos y transparentes que cuentan con la observación de diversos organismos nacionales e internacionales y de la ciudadanía.

Los servidores policiales de la ciudad de Guayaquil, Samborondón y Durán que conforman la (Zona 8) recibieron este jueves 6 de junio del 2024, 10.500 chalecos balísticos para enfrentar la inseguridad que atraviesa el Ecuador. El presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo presente en Guayaquil.

“Seguiremos firmes en nuestro objetivo para devolver la paz a las familias ecuatorianas, fortaleceremos los operativos, las tareas de inteligencia y continuaremos equipando a nuestras fuerzas de seguridad”, dijo el Jefe de Estado.

Los 10.500 chalecos son de altísima resistencia balística. La indumentaria protegerá la vida de los servidores policiales, quienes todos los días se juegan la vida por la seguridad del país, explicó el Presidente Noboa.

Para el Comandante General de la Policía Nacional, César Zapata, el camino que lleva a contrarrestar la inseguridad no es fácil, pero con la decisión presidencial de declarar el conflicto armado interno, se están afectando las estructuras de los grupos terroristas como Los Choneros, Lobos, entre otros.

Así mismo, Zapata reiteró que el Comando, ha sido trasladado a Manta de manera temporal por disposición del Jefe de Estado, seguirá replicando su fuerza para combatir a la delincuencia.

Por lo que, reconstruir la seguridad es una estrategia a largo plazo debido a que el narcoterrorismo se enquistó en la sociedad con poderosos cómplices en la política, el sistema judicial y de rehabilitación social; no obstante, su gobierno seguirá firme en esta batalla. “Hoy están amedrentados con los golpes que están recibiendo de un gobierno al que no pueden someter, de un gobierno que se ha convertido en la principal fuerza de cambio, de transformación y que tiene el empuje de una juventud que lucha por su futuro”, puntualizó el presidente de la República, Daniel Noboa.

Finalmente, el presidente Noboa indicó que “resolver los `problemas es imparable y se dirige hacia un mejor futuro, dejando atrás décadas de abandono y falta de oportunidades”, precisó.

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recibió a César Vásquez, secretario de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para analizar la situación de las becas pendientes de pago otorgadas por la institución.

El funcionario presentó un informe sobre los contratos firmados en administraciones anteriores y el estado actual de las becas. Desde el 2007 hasta el 2023 se han otorgado 44.447 programas de becas y ayudas económicas, de las cuales 14.879 aún están activas, con estudiantes cursando estudios dentro y fuera del país.

Según, Vásquez en los primeros cinco meses de gestión, en colaboración con el Ministerio de Finanzas, se han alcanzado 18 millones de dólares para saldar deudas pendientes con los becarios, acumuladas por gobiernos anteriores.

El 23 de mayo recibieron información de Finanzas que indicaba que disponían de 14 millones de dólares adicionales para atender a los becarios. Desde esa fecha, se han cancelado pagos a 342 becarios y se prevé que, en las próximas dos semanas, se cubrirán las necesidades de 4.000 becarios adicionales.

Para el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí el presupuesto total disponible para becas y ayudas económicas asciende a 38.3 millones de dólares.

 Así mismo, Falconí explicó que se ha gestionado este presupuesto en el transcurso del tiempo.

En cambio, la asambleísta Jahiren Noriega criticó la inasistencia del Ministro de Finanzas y destacó la importancia de la educación y profesionalización para el desarrollo del país. «Más de 4.000 estudiantes impagos es una problemática heredada, pero la educación debe ser una prioridad en cualquier gobierno,» dijo.

Mientras tanto, Cecilia Baltazar expresó su preocupación por los becarios en el exterior, quienes están solos y dependen de becas que no se entregan a tiempo.

Finalmente, la Subsecretaria de la SENESCYT expresó que se ha recibido un ingreso económico para implementar nuevos programas de becas, estos fondos no pueden ser utilizados para pagar proyectos de inversión ni solventar los pagos pendientes a los becarios, puntualizó.

En una rueda de prensa improvisada, este miércoles 5 de junio 2024, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, junto a los vicepresidentes Viviana Veloz, Eckenner Recalde, algunos miembros del CAL, el jefe de la bancada de Construye, Camilo Salinas, salieron al paso y rechazó las declaraciones del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, de una supuesta pugna de poderes al interior de la Asamblea Nacional; confabulación contra el Ejecutivo para alcanzar la destitución.

Además, Kronfle  “pidió al Gobierno que cambie a su vocero, por una persona que tenga conocimiento jurídico y político, para que no diga que sabe más de la Asamblea Nacional cuando ni siquiera pisa el Parlamento”, insistió.

Así mismo, “las declaraciones del viceministro de Gobierno, Torres son completamente ilógicas, carecen de sentido jurídico, aquí no estamos para luchar los poderes del Estado, estamos para buscar gobernabilidad y para darle estabilidad política al país; y los poderes del Estado son independientes, por lo cual no debemos interferir los unos con los otros”, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional.

Por lo que, las comisiones han sido debidamente integradas y duran dos años. No se va a cambiar, ni se puede cambiar ninguna comisión; de dónde saca esa información; ha dicho que se ha conformado una comisión multipartidista para intentar el inicio de un juicio político al Primer Mandatario. La Asamblea aprobó la comisión que por mandato constitucional y legal debe analizar el Informe a la Nación rendido el 24 de mayo, y elaborar un informe motivado sobre el cual la Asamblea se pronunciará, dijo.

Mientras tanto, el Asambleísta de Construye, Jorge Peña señaló que es “un cuco el que tiene el viceministro de Gobierno, el trabajo de la comisión será de forma técnica el análisis del informe presidencial, un acuerdos político no existe y peor con el correismo.

Finalmente, la primera vicepresidenta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz sostuvo que como existe un analfabetismo jurídico intenta engañar a la ciudadanía el vocero del Gobierno, de acuerdo al artículo 120 numeral cuarto, artículo 44 inciso final, el artículo 129 de la Constitución de la República establece claramente las causales para la destitución del Presidente de la República y es descabellado lo que dice el viceministro Torres.

La Asamblea Nacional, con 75 votos a favor designó al delegado ante la Comisión Técnica encargada de realizar el seguimiento a la gestión de los procesos de creación de las cuatro universidades estatales de la Amazonía, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Ley Reformatoria a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

El asambleísta Celestino Wisum, de la provincia de Morona Santiago, como representante de la Asamblea Nacional, destacando la importancia del acceso a la educación superior en la región amazónica.

Con la designación, no solo está garantizada una representación digna, sino que estaremos reafirmando nuestro compromiso con la inclusión y diversidad cultural de nuestro país”, puntualizaron los legisladores.

El presidente Daniel Noboa asistió al Encuentro sobre seguridad y construcción de una cultura de la legalidad, el objetivo ampliar el debate y la visión sobre acciones y estrategias de seguridad frente a grupos de delincuencia organizada, basadas en evidencia y experiencias, a nivel nacional e internacional. El evento se realizó en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), en las instalaciones del Club La Unión, en la ciudad de Quito. En el encuentro participaron líderes gubernamentales, expertos internacionales y altos representantes de organizaciones multilaterales, un esfuerzo coordinado para enfrentar la situación que aqueja al país y a la región, debido a la persistencia del crimen organizado.

Según, el presidente Noboa estos espacios permiten “discusiones de alto nivel, con reflexiones necesarias, con propuestas encaminadas a fortalecer la política pública y a la toma de decisiones en un campo tan necesario para nuestro país como es el de la seguridad”, dijo.

Además, el Primer Mandatario recordó que este flagelo toma fuerza a nivel regional, por lo que “para librar la lucha que llevamos adelante, necesitamos fortalecer espacios de cooperación interinstitucional y por supuesto de la cooperación internacional”, aseguró.

Para la ministra del Interior, Mónica Palencia sin unidad, “la supervivencia de nuestros Estados está en riesgo”, al enfrentarse a un crimen organizado y narcotráfico, fortalecidos, que compiten con las industrias más rentables del planeta. Por lo que “es un momento crucial no solo del Ecuador sino para la historia de Latinoamérica”.

De igual manera, Sergio Díaz, presidente ejecutivo de la CAF, expresó que América Latina y El Caribe concentran 400.000 hectáreas de toda la producción de coca a nivel mundial. “Somos un escenario de la empresa criminal transnacional y esa entidad criminal, sumada a la corrupción, socava la estructura democrática en nuestros países”. Por ello, esta lucha exige consensos y coordinación de todos los niveles. Bajo ese enfoque, durante este Encuentro sobre Seguridad se priorizó el intercambio de conocimientos y prácticas internacionales de los distintos niveles de gobierno.

Mientras tanto, el presidente de la República, Daniel Noboa hizo un llamado a la unidad, sobre todo a los jóvenes, para alcanzar el objetivo más grande que tenemos: “Limpiar nuestras naciones, de las mafias y alcanzar el verdadero bienestar para todos los ciudadanos”, insistió.

Finalmente, el presidente Noboa anunció que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía Nacional ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde Manta. “Desde aquí se peleará esta guerra y este conflicto armado interno”, precisó.

El incremento de las penas hasta en el 319 %, las investigaciones financieras previo a la extinción de dominio, la eliminación de la confiscación, el hacinamiento en las cárceles, entre otros, son los temas que preocupa a los representantes de los gremios de profesionales del derecho, universidades y docentes, en relación al proyecto de Ley unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio, de acuerdo a las cinco iniciativas remitidas por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

Según, Paúl Córdova, catedrático universitario la comisión Multipartidista dentro del tratamiento de las reformas al COIP debe considerar la dosimetría penal, que es la aplicación de principio de proporcionalidad de las penas en función del daño efectuado a la sociedad, así como los estándares convencionales y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, al momento de definir el procedimiento establecido en la Ley de Extinción de Dominio.

En cambio, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña indicó que el incremento de las penas en ciertos delitos. Y consultó a los legisladores en qué basan el análisis o estudio criminológico se sustenta el incremento en el 319 % de la pena en el delito de financiación de terrorismo, constante en el artículo 367 del COIP.

Para César García del Colegio de Abogados del Guayas, la reforma a la Ley de Extinción de Dominio que violaría el principio de inocencia, se debe respetar la supremacía de la Constitución y la voluntad popular, no solamente se deben subir las penas, sino fortalecer la política criminal y medios alternativos para solucionar los problemas. Planteó efectuar investigaciones financieras a la par de la investigación penal.

De su lado, Santiago Velásquez, decano de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo, señaló que la reforma al COIP, respecto a la entrega de las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, para uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, se elimine la facultad de confiscación, porque contradice la Constitución. Respecto al incremento de las penas espera que haya el criterio técnico respetando el principio constitucional de proporcionalidad. La Ley Orgánica de Extinción de Dominio planteó que la declaratoria sea efectuada mediante un proceso judicial autónomo.

Por lo que, el director ejecutivo de Posgrado y Educación Continua de la Universidad ECOTEC, Mario Cuvi es partidario que tiene que ser estrictamente a la Constitución y a los estándares de la sentencia de la Corte Constitucional en las reformas legales. El porte y tenencia de armas no debe afectar a la tenencia y uso civil.

Mientras tanto, el rector de la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, Jaime Alarcón aseguró que el aumento de las penas en los delitos no es el camino más adecuado para reducir la delincuencia, porque genera congestión de trámites en las unidades judiciales, hacinamiento en los centros de rehabilitación social y aumento del costo del sistema carcelario, que en la mayoría de los casos empeoran los problemas. Planteando medidas subsidiarias a la pena privativa de libertad, como el trabajo comunitario, en delitos leves.

Finalmente, Daniel Pontón, docente de la Universidad de Posgrado del Estado, explicó la sociología del castigo, utilidad de la pena y sus fines. El Ecuador más allá del incremento de las penas requiere efectividad de la justicia, puntualizó.

El nuevo Coordinador Zonal 4 de Educación es Maximiliano Núñez Tomaselli, con más de 8 años de experiencia en el sector público y privado, experto en innovación, diseño de proyectos tecnológicos, sociales y educativos. Desde el 29 de mayo del 2024 asumió las funciones y estará al frente del sistema educativo de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Además, Núñez es Ingeniero en Negocios Internacionales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral; Project Manager del Regional Entrepreneurship Aceleration Program (REAP) en el Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT; Máster en Innovación y Desarrollo de Proyectos por la Universitat de Valencia y Máster en Transformación digital en el TECH Universidad Tecnológica.

Así mismo, ha desempeñado funciones como director de Innovación y Competitividad del Gobierno Municipal de Portoviejo y coordinador del CETI (Centro de Emprendimiento, Innovación y Competitividad), Coordinador del Clúster de Salud, director Ejecutivo de Fundación Edúcate, director de Proyectos de Nexos para la Competitividad y Sociedad y director de Operaciones de Hult Prize Ecuador.

En el ámbito académico ha apoyado como investigador en la Escuela de postgrados ESPAE, tutor del diplomado de Innovación Pública de la CAF y la ESPOL y asesor de innovación en la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Finalmente, el coordinador centrará su trabajo en los territorios y de cerca con las comunidades educativas para garantizar el acceso y permanencia a la educación. “Vamos a poner todo nuestro esfuerzo y corazón para que el sistema educativo de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas se fortalezca y permita que nuestros niños, niñas y jóvenes sigan en el camino del éxito que le permita cumplir cada uno de sus sueños”, puntualizó.

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización al VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, recibió a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez y Néstor Toro, de la Contraloría General del Estado, para informar dentro de las denuncias de varias personas contratadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Según, Ivonne Núñez, ministra del Trabajo las normativas que tutelan los derechos laborales, como el Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Civil, en este último cuerpo legal se sustentó el contrato de servicios especializados de las personas que colaboraron en el censo nacional, que no contiene determinados beneficios, tampoco generaron dependencia. Por tanto, el registro de este tipo de contratos no es competencia del Ministerio de Trabajo.

Para Paola Cabezas, presidenta de la comisión de Garantías Constitucionales, la institución tiene la responsabilidad de los “abusos” al personal contratado en la modalidad de servicios especializados.

Sin embargo, la ministra Núñez sostuvo que envió a la Asamblea Nacional el informe del cual se desprenden varias conclusiones, respecto a la contratación del personal del censo del INEC. Hay que definir si existió un abuso o incumplimiento de lo pactado.

Por su parte, el delegado del Contralor General del Estado, Néstor Toro expresó que existen dos informes aprobados, un borrador, dos acciones en ejecución y tres planificadas. “Tenemos un total de ocho acciones de control y un indicio de responsabilidad penal, que por su naturaleza es de carácter reservado”.

Así mismo, Toro dijo que los informes aprobados tienen relación con las fases sobre los contratos para publicidad del censo nacional y sobre los contratos de adquisición de bienes y servicios. En ejecución están las órdenes de trabajo sobre el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y honorarios. Aquí existen hallazgos en construcción.

Mientras tanto, el viceministro de Seguridad Pública, Fausto Iniguez, informó sobre la situación de las personas adultas privadas de la libertad la participación de 3.250 servidores policiales en los 35 centros de rehabilitación social y 10 centros de adolescentes infractores.

Finalmente, la asambleísta Patricia Núñez manifestó que esto fue analizada en la Comisión de Seguridad anterior, así como en el Pleno de la Asamblea Nacional, es necesario conocer los avances, respecto a la protección a las personas privadas de la libertad, alimentación, infraestructura y otras situaciones.