En atención a la disposición del Pleno de la Asamblea del 27 de junio del 2024 y a la moción presentada por el asambleísta Jaime Guevara, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, aprobó el informe no vinculante del proceso de fiscalización referente a los prestadores externos de servicios de salud con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Por otro lado, los asambleístas rechazaron la inasistencia de los miembros del directorio del IESS y demás autoridades convocadas para dar cumplimiento a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, respecto a la problemática con Solca, dializadoras y prestadores de salud externa.

Además, la comisión resolvió solicitar a la Contraloría General del Estado iniciar un examen especial al contrato administrativo N.° IESS-PG-2023-0010-C respecto al servicio de auditoría de la calidad de la facturación de los servicios de salud de atenciones médicas brindadas por los prestadores externos, a los afiliados y beneficiarios del IESS a nivel nacional, por régimen especial con un presupuesto referencial aprobado de 5.396.122,81 dólares más IVA y un plazo de hasta 730 días calendario o hasta que se agoten los recursos asignados al presupuesto, celebrado entre el IESS y Espe Innovativa.

En cambio, el Ministro de Salud en treinta días deberá adecuar la normativa secundaria a los preceptos establecidos en la Ley y en las Normas de Control Interno de la CGE, sobre el proceso técnico para validar la facturación relacionada con el pago.

De igual manera, la comisión resolvió disponer a la Superintendencia de Bancos ejercer las atribuciones contempladas en la Ley de Seguridad Social, así como las facultades de supervisión y vigilancia del proceso de pago a los prestadores externos de salud.

Mientras tanto, los asambleístas consideran que se debe oficiar al Presidente de la República, para solicitar la remoción del cargo al presidente del directorio del IESS, Eduardo Peña Hurtado, por la negligencia en la búsqueda de soluciones técnicas o alternativas de pago a los prestadores de servicios externos de salud.

Finalmente, dispuso que el Ministro de Economía y Finanzas en el marco de sus atribuciones cumpla con lo dispuesto en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a fin de dar prioridad a la salud.