La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, tramitó seis juicios políticos e investigó presuntos actos de corrupción en el manejo del sector eléctrico; de los casos Metástasis, Purga, León de Troya, Poder Policial; la concesión del Puerto de Manta; traspaso del Oleoducto para Crudos Pesados (OCP) al Estado ecuatoriano; las presuntas irregularidades en el proceso de selección del Defensor Público, entre otros.

El control político de la comisión de Fiscalización inició con el juicio a Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, por retirar el Bono de Desarrollo Humano a más de un centenar de beneficiarios en condición de vulnerabilidad, el proceso sustentado por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eckenner Recalde. Luego, tramitó el juicio contra Fausto Murillo y José Morillo, expresidente y exvocal del Consejo de la Judicatura, por arrogación de funciones, tráfico de influencias y por incumplir la homologación salarial a los funcionarios judiciales, Carlos Vera Mora asambleísta del Partido Social Cristiano le interpeló. Bernal, Morillo y Murillo fueron censurados y Fausto Murillo fue destituido de su cargo.

Otro, fue el proceso contra Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, propuesto por Nicole Saca, por incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis eléctrica, conocía las alertas sobre posibles efectos del estiaje que podrían llevar a un racionamiento de energía y no tomó acciones.

Así mismo, la comisión de Fiscalización tramitó el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata, presentado por Carlos Vera Mora, por la grave inseguridad en el país. Los dos exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso fueron censurados.

En cambio, el juicio político presentado por Jorge Peñafiel contra Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, expresidente y exvocales del Consejo de la Judicatura, por las irregularidades el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, la prórroga de otros magistrados y las decisiones arbitrarias de la mayoría integrada por los tres miembros del CJ. La comisión recomendó el juicio solo para Muñoz, no obstante, el Pleno resolvió que se continúe con el juicio contra Terán y Barreno. Solo Muñoz fue censurado.

Por otro lado, debido al retiro de firmas de respaldo por varios asambleístas, la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, archivó las solicitudes de juicio político en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Pablo Arosemena, exministro de Economía, propuestas por las asambleístas Patricia Núñez; María Fernanda Araujo; e, Inés Alarcón.

El juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, propuesto por la asambleísta Jhajaira Urresta, por incumplimiento de funciones en la incursión policial en la Embajada de México en Quito y la captura del exvicepresidente de la República, Jorge Glas. No hubo votos para aprobar el informe, en consecuencia, el Pleno conoció los informes de posiciones de los miembros de la Comisión y archivó el proceso.

También, la comisión unificó y calificó el juicio político propuesto por Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, por la incursión en la Embajada de México del pasado 5 de abril, la falta de acción en seguridad, la ausencia de implementación del Plan Fénix, el aumento de muertes en el país y la falta de resultados efectivos. Luego del receso, continuará con la fase de actuación de pruebas de cargo y de descargo.

Mientras tanto, la comisión de Fiscalización desarrolló procesos de fiscalización a la crisis del sector eléctrico, para establecer responsabilidades, del anterior y actual Gobierno. Uno de los informes responsabiliza políticamente a los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso, así como a los exministros de Energía, Fernando Saltos Alvite y de Finanzas, Pablo Arosemena, por sus acciones u omisiones en este ámbito. El expediente fue remitido al contralor General del Estado, Xavier Torres, el objetivo es establecer las posibles responsabilidades civiles, administrativas y penales. Las denuncias del teniente de Policía Rodney Orlando Rengel, uno de los agentes que investigó el denominado caso “León de Troya”, quién habría descubierto presuntos vínculos de la mafia albanesa con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. El caso “La Purga”, la Fiscalía General del Estado desarrolló una serie de allanamientos, principalmente en Guayas, como resultado la detención de varios jueces y ex servidores del Consejo de la Judicatura, entre otros involucrados en presuntos actos de corrupción, analizó los casos Metástasis, León de Troya y Poder Policial.

De igual manera, la comisión analizó el proceso de transferencia y entrega del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) al Estado ecuatoriano, una vez que se han cumplido los 20 años del plazo para la construcción y operación de esta importante infraestructura, establecidos en el respectivo contrato.

Finalmente, el presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica del Norte (EMELNORTE), Robinson Mejía, explicó que desde el inicio de sus funciones no ha habido desvinculación de servidores, solo se han dado por concluidos los contratos temporales que cumplieron el plazo para el cual fueron suscritos. Investigó el contrato de concesión celebrado entre la Terminal Portuaria de Manta y la empresa chilena Agencias Universales (AGUNSA), Johanna Verdezoto, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se refirió a las denuncias que presuntamente podrían en entredicho la transparencia del proceso de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Esto como parte del trabajo en territorio, escuchó a los diversos sectores productivos y sociales de Galápagos, quienes expusieron los problemas que afronta la Región Insular.