Este 16 de noviembre, el Gobierno Nacional movilizó de manera inmediata a ministerios y entidades para asistir a la población afectada por los incendios forestales en las provincias de Loja y Azuay. Convocó de manera extraordinaria al Gabinete Sectorial de lo Social, que se desarrolló en el ECU 911 de la ciudad de Loja.

Esta reunión tuvo como objetivo articular acciones interinstitucionales para brindar una respuesta integral a la emergencia, enfocándose en la protección de la población, el control de los incendios y la mitigación de sus impactos en el territorio. Para ello, articularon esfuerzos con el Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras instituciones. Tras culminar la sesión extraordinaria, las autoridades del Gabinete Social se movilizaron hasta las zonas afectadas en diferentes puntos para conocer las necesidades de las comunidades.

Además, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que están realizando investigaciones para esclarecer las causas de los incendios, ante indicios de que varios habrían sido provocados intencionalmente.

“Estamos en territorio cumpliendo la disposición del presidente Daniel Noboa, a fin de brindar todo el contingente gubernamental necesario para enfrentar estas emergencias y atender a la ciudadanía de manera oportuna e inmediata”, dijo la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira.

Según, informó la SNGRE, los incendios afectan a 16 cantones de Loja. Actualmente se reportan incendios activos en Chuquiribamba, Fierro Urco, Zamora Huaico Alto y Paltas (Landapo), con más de 4.000 hectáreas afectadas en total. El más relevante es el incendio en Saraguro (Selva Alegre), que fue liquidado el 15 de noviembre y el de San Pedro de Vilcabamba, con una afectación de más de 3.100 hectáreas consumidas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus.

En cambio, en Azuay al momento se registran un total de ocho incendios forestales activos y dos controlados en los cantones: Cuenca, San Fernando, Chordeleg, Santa Isabel, Sevilla de Oro, Sigsig y Nabón.

Entre la gestión, ayuda social y apoyo internacional en las dos provincias afectadas, como parte de estas acciones de respuesta, la SNGR en articulación con cuerpos de bomberos, Fuerzas Armadas y gobiernos locales, está el monitoreo y respuesta. En Loja, San Pedro de Vilcabamba, se instaló un Puesto de Mando Unificado, mientras que helicópteros y brigadistas trabajan en sofocar los incendios activos, voluntarios y comuneros han sido pieza fundamental en apoyar las labores de control. Mientras que en Azuay las FF.AA. y FAE trabajan con tres helicópteros en los incendios forestales de Chaucha, Llaviuco (El Cajas) y Baños en Cuenca, en horas de la mañana, el Gobierno Nacional entregó equipamiento a los bomberos, que consiste en batefuegos, mochilas forestales y un bambi bucket, con esto se fortalece el trabajo de la institución bomberil para el combate de los incendios forestales.

Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) habilitó un centro de acopio en las oficinas de su Coordinación Zonal 7, ubicada en las calles Lauro Guerrero y Venezuela, de la ciudad de Loja. En este lugar se cuenta con bebidas hidratantes, mascarillas, alimentos no perecibles y 71 kits de ropa ya preparados, en caso de que la emergencia lo amerite.

Por su parte, el Ministerio de Educación activó el Plan de Continuidad Educativa en modalidad no presencial para 15 instituciones educativas del cantón Loja, vigentes hasta el 19 de noviembre.

Finalmente, en Azuay activó el componente de salud del Plan Nacional de Respuesta para la Reducción de Riesgos de Desastres EDUC-EC, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) suspendió las actividades presenciales en la ciudad de Loja como medida preventiva frente a la emergencia. El Ministerio de Salud Pública movilizó a brigadas médicas hasta los sectores afectados por los flagelos. En Cuenca están activos ocho equipos de atención integral en Salud, dos unidades móviles y una ambulancia para brindar atención inmediata a las personas afectadas. En apoyo a las labores de extinción, el Gobierno peruano envió dos helicópteros equipados con sistemas de agua bambi buckets.

La comisión Técnica que da Seguimiento a la Creación de las Cuatro Universidades Estatales Amazónicas sesionó para conocer los avances de varias entidades públicas competentes en la consecución de este objetivo, planteado en la disposición transitoria décima de la Ley Amazónica.

Según, Roberto Larrea, delegado de la SENESCYT, “tanto la Procuraduría como el Banco Central ha remitido sus criterios, el pasado 28 de octubre y 13 de noviembre, sobre la creación de universidades en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe y la asignación de los porcentajes de los fondos asignados para cada una”.

Mientras tanto, Isabel Enríquez, de la Secretaría Técnica Especial Amazónica, aseguró que se han levantado criterios técnicos para verificar el número de beneficiarios de la creación de estas Instituciones de Educación Superior, que asciende a cerca de 200 mil jóvenes.

Para Andrea Sánchez, delegada de la Secretaría Nacional de Planificación, la creación de estas cuatro IES requiere de planes estratégicos, ofertas de carreras, estudios financieros y económicos que, en algunos casos, no han continuado por falta de asignación presupuestaria, dijo.

En cambio, John Arroyo, del Banco Central del Ecuador, sostuvo que la asignación presupuestaria de 20.7 millones de dólares para la creación de las universidades se efectivizará una vez que se encuentren aprobados los proyectos de inversión.

Sin embargo, aproximadamente 1 millón 900 mil dólares se encuentran ya asignados en las cuentas creadas para cada una de las universidades.

Finalmente, el preside la comisión Celestino Wisum y los legisladores de las provincias amazónicas exigieron a las autoridades garantizar la operación de las universidades en el plazo máximo de 18 meses, establecido desde la entrada en vigencia de la más reciente reforma a la Ley Amazónica, de enero de 2024.