El Ministerio de Economía y Finanzas, la Cámara de la Industria Automotriz y la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, expusieron sus observaciones y preocupaciones en relación al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, calificado como urgente en materia económica por el Gobierno del Presidente Noboa, que tramita la comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional.

Según, la delegada del Ministerio de Economía y Finanzas, Kimberly Celis, subsecretaría de Política Monetaria, Financiera, de Seguros y Valores, la atribución de emitir el informe favorable, según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es de acuerdo al rango de la tabla progresiva del impuesto a la transferencia de vehículos usados, esta debe asegurar una tarifa promedio ponderada, cuya elaboración es responsabilidad del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Por su parte, David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz, indicó que el objetivo de la propuesta normativa legal del Gobierno puede ser buena, pero no encontró una relación entre el incremento de la tarifa del impuesto y el control del lavado de activos.

Además, el presidente de la Cámara dijo que sería mejor actualizar la base imponible de las transferencias de vehículos.

Así mismo, David Molina aseguró que de aprobarse el proyecto se afectaría a 360 mil personas, que es el número de quienes compran y venden autos usados en un año, porque según la UAFE, por cada vehículo nuevo que se vende, se transaccionan tres vehículos usados. Este impuesto recaudatorio daría apenas como resultado entre 60 y 80 millones de dólares.

Por lo que, los representantes de la industria automotriz del país se encuentran preocupados y sugirieron la alternativa de reclasificación de los vehículos híbridos de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de Aduanas, que daría como resultado entre 100 y 120 millones de dólares.

Genaro Baldeón, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices, insistió que al encarecer el costo de los vehículos se encarece el costo de vida de la población, así como el costo de producción. El gremio agrupa a 120 empresas dedicadas a diferentes actividades, en cada categoría y que el sector genera 114 mil plazas de trabajo.