Este jueves 26 de diciembre 2024, la Asamblea Nacional en la sesión 999 aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que responde a un cambio estructural en la población ecuatoriana y exige un enfoque renovado para garantizar un envejecimiento activo, digno y saludable.

Según, Saúl Chalco de la Asociación de jubilados y pensionistas del Azuay la importancia de esta Ley para este grupo que crece y representa el 8 % de la población del Ecuador, es “un paso importante e histórico”.

Además, Chalco indicó que se requiere reformas para el progreso de los adultos mayores en la sociedad, así como contar con cuidadores especializados en los centros geriátricos.

Por su parte, Karen Santamaría delegada del Ministerio de Inclusión Económico y Social, resaltó la actualización de esta Ley que, “representa un compromiso ético y de responsabilidad social”.

Así mismo, Santamaría sostuvo que es un reconocimiento a los cuidadores que recae en especial las mujeres, refuerza la corresponsabilidad con el Estado y las familias, el fortalecimiento de los centros gerontológicos, establece mecanismos de supervisión y monitoreo para la atención de las personas adultas mayores.

En cambio, la asambleísta Catalina Salazar, señaló que el proyecto de Ley no genera presupuesto y se asignarán recursos ya determinados, será de manera progresiva en un futuro. El proyecto de Ley reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con la protección de las personas adultas mayores, garantiza la atención de salud eficiente y oportuna.

Mientras tanto, la legisladora Paola Cabezas aseguró se debe trabajar en la recolección de información para la elaboración del informe, la articulación de las instituciones y el rol de cada una para la construcción de las políticas públicas.

Finalmente, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores cuenta con 114 artículos, 1 disposición general, 4 disposición transitorias, 2 disposiciones reformatorias y una final, el mismo que será enviado al ejecutivo para su sanción constitucional.