Dentro del proceso de fiscalización sobre la desaparición forzada de cuatro niños de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, la comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional recibió a Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; Mónica Luzárraga, experta en Derechos Humanos y Lorena Jalón Garcés, directora nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas Documentadas por la comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo.

Según, Billy Navarrete la seguridad ciudadana y las violaciones a los derechos humanos son algunas de las principales preocupaciones que su organización ha documentado, especialmente en la provincia del Guayas. Las desapariciones forzadas cometidas tanto por agentes de la fuerza pública como por civiles, bajo la tolerancia de las autoridades.

Además, respecto a los niños de Las Malvinas relató que, el 8 de diciembre del 2024, una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana los detuvo arbitrariamente a los niños, sin justificación legal y los trasladó fuera de su jurisdicción, dejándolos en la carretera de Taura en condiciones deplorables. “Estos chicos fueron detenidos ilegalmente y finalmente, encontrados muertos tras ser sometidos a torturas”. Este caso no debe ser considerado un hecho aislado, sino parte de un fenómeno creciente de desapariciones forzadas en el Ecuador, agudizado por la militarización de la seguridad en varias zonas del país, dijo.

En cambio, Mónica Luzárraga sostuvo que el inadecuado procedimiento legal en este caso de detención de menores de edad. Los derechos de los niños no fueron respetados en el proceso y la detención fue ilegal y arbitraria. No fueron observados por los agentes del Estado, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Finalmente, Lorena Jalón presentó una cronología de los hechos y destacó que la Defensoría recibió una alerta sobre la desaparición entre el 14 y 15 de diciembre, la denuncia no fue clasificada como desaparición forzada, sino como secuestro, lo que impidió una respuesta más eficaz por parte de las autoridades. Las estadísticas de desapariciones a nivel nacional en el 2023 se registraron 3 680 alertas, el 80 % aún no se han resuelto. El 2024 las alertas ascendieron a 3 426, y en enero del 2025 ya se han registrado 250 casos. Las provincias con mayor número de desapariciones forzadas son Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, puntualizó.