La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, receptó las pruebas de cargo de Ana Herrera y de Johanna Verdezoto, en la sustanciación del juicio político en su contra por incumplimiento de funciones.

Para la asambleísta Ana Herrera la reunión que habría mantenido la consejera Verdezoto con Rodrigo Frías, postulante al concurso para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, constituye un presunto tráfico de influencias, por lo cual los veedores del proceso solicitaron que se excuse de participar en las sesiones del CPCCS, relacionadas con la designación de la citada autoridad. Esto significa un claro incumplimiento de funciones.

Además, Herrera dijo que se ha demostrado que la consejera Verdezoto presentó un contrato ficticio de arrendamiento de un departamento en Quito, con el propósito de reclamar el pago del valor correspondiente a gastos de residencia, con lo cual se produjo un grave perjuicio a los fondos del Consejo y al país. “No se puede permitir que existan este tipo de funcionarios que mantengan conflictos de intereses, que vulneran su probidad notoria, más tratándose de una entidad encargada de nombrar a las más altas autoridades de control del país”.

Mientras tanto, Johanna Verdezoto cuestionó la veracidad de la documentación presentada en torno a la supuesta reunión privada con el ex postulante a Defensor Público, Rodrigo Farías, encuentro que fue desvirtuado, se trató de un acto académico en el cual coincidimos y nada tuvo que ver con el proceso de designación al que alude la asambleísta Herrera. Ningún consejero tiene incidencia en el proceso de selección ni para la calificación de los postulantes, trabajo que compete exclusivamente a la Comisión Ciudadana de Selección integrada para el efecto, manifestó.

Finalmente, fue un proceso transparente y que, al momento en que el señor Frías presentó su renuncia, en su condición de consejera votó a favor de la resolución para aceptar esa renuncia y su respectiva descalificación. El contrato de arrendamiento de un departamento en Quito para recibir el valor correspondiente a gastos de residencia. “Se trató de un contrato absolutamente legal, debidamente protocolizado ante Notario, con un pago de 800 dólares mensuales, como justo precio, cumpliendo todos los requisitos previstos en la Ley y el reglamento”. Por lo que solicitó el archivo del juicio político, por falta de pruebas.