La comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, este 1 de marzo, inició la recepción de pruebas de cargo y descargo, en la sustanciación del juicio político en contra de la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Johanna Verdezoto, presentada por la asambleísta Ana Herrera, por incumplimiento de funciones debido a un presunto conflicto de intereses respecto al concurso para designar a la autoridad de la Defensoría Pública. Esta etapa concluirá el próximo 6 de marzo de 2025. Luego la comisión aprobará el informe no vinculante por el que recomiende el juicio político o el archivo de la solicitud.
Además, dentro del cronograma, la comisión tenía en la matriz la participación de ocho pruebas testimoniales por la proponente del juicio, de los cuales solo se presentaron de Nicole Bonifaz, Yadira Saltos, expresidenta y consejera del CPCCS y Gabriela Cadena, presidenta de la comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública.
Según, Yadira Saltos indicó que, dentro del presunto conflicto de intereses, la enjuiciada se habría reunido de forma privada con el postulante mejor puntuado del concurso, con base en la evidencia fotográfica remitida a la comisión, con lo que se puso en tela de duda la integridad del proceso.
Por lo que, Saltos dijo que apenas conoció el hecho procedió conforme a la Ley que rige al CPCCS, remitir la denuncia a la Asamblea Nacional. “En el Consejo no se tomó acciones por sumario administrativo”.
En cambio, Nicole Bonifaz, aseguró que el pasado 27 de marzo del 2024 remitió al área de investigación del CPCCS la denuncia respectiva. Y al 1 de marzo del 2025, no se ha emitido el informe alguno del caso. “Se ha vulnerado la seguridad jurídica del concurso en múltiples ocasiones”, en su calidad de consejera del CPCCS ha recibido, una nueva denuncia ciudadana contra la enjuiciada Johanna Verdezoto, sobre la cual no aportó mayores detalles.
Sin embargo, Gabriela Cadena, presidenta de la comisión ciudadana de selección, insistió no tener conocimiento del hecho denunciado, más sí de las 4 impugnaciones a Rodrigo Frías, postulante con el que mantuvo reuniones la enjuiciada.
Mientras tanto, “los informes de impugnaciones del postulante, tanto como de los demás participantes, fueron enviados a los miembros del CPCCS, a través del sistema documental Quipux. No recibimos respuesta”. A su criterio, la comisión de selección actuó con transparencia pese a las diez acciones de protección interpuesta para retrasarlo.
Finalmente, la funcionaria cuestionada remitió dos pruebas testimoniales, que no rindieron su versión sobre el hecho denunciado.