La subcontralora de auditoría, Gabriela Sulca delegada de la Contraloría General del Estado, anunció que, en el presente ejercicio fiscal, se han planificado 12 exámenes especiales y una auditoría específica en relación con las asignaciones presupuestarias a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua. Esto, en el marco del proyecto de reforma a la Ley 047, que busca incluir a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías provenientes de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

Además, la subcontralora recordó que, con anterioridad, se han ejecutado varios exámenes relacionados con la aplicación de esta normativa: en la provincia del Azuay, 27 exámenes a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 7 a los parroquiales; en Cañar, 14 a los municipios y 7 a las parroquias; en Morona Santiago, 16 a los municipios y 19 a las parroquias; en Tungurahua, 2 exámenes al GAD provincial y 19 a los GAD municipales.

La Comisión de Régimen Económico continuará el análisis del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas en Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica en relación al (Decreto Ley N.º 047), que busca incorporar a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Este análisis se realizará previo a la elaboración del informe para primer debate.

Así mismo, la comisión conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con enfoque preferente para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

En cambio, el asambleísta por Sucumbíos, Comps Córdova manifestó que el proyecto de Ley se sustenta en el artículo 250 de la Constitución de la República que reconoce a dicha circunscripción especial, así como en la necesidad de viabilizar la aplicación del artículo 41.3 de la denominada “Ley Amazónica”, en lo relativo a la contratación pública preferente.

Mientras tanto, la propuesta legal tiene como objetivo que, en todos los procesos de contratación pública, se otorgue preferencia a las organizaciones de la economía popular y solidaria, artesanos, pequeños productores, microempresas y emprendimientos de origen local o de residentes permanentes en la región.

Finalmente, este proyecto de Ley será unificado con otras iniciativas legislativas que aborden la misma materia y que se encuentran en trámite en la comisión.