El Pleno de la Asamblea Nacional culminó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, con el carácter de urgente en materia económica, el objetivo garantizar una administración pública íntegra, eficiente, ágil, transparente y libre de violencia y corrupción.

Durante el debate, la legisladora Valentina Centeno, señaló que la normativa busca fortalecer la integridad pública y la eficiencia en los servicios que el Estado presta a la ciudadanía.

Además, Centeno lamentó la creciente influencia de los grupos de crimen organizado en las generaciones más jóvenes. En el 2024, fueron detenidos 2.777 menores de edad por diversos delitos. Por ello, la propuesta incluye una disposición para que, en casos de delitos graves cuya pena supere los 10 años, los menores de edad sean sancionados conforme al Código Orgánico Integral Penal, es decir, como adultos.

Así mismo, incorpora un nuevo delito: el prevaricato cometido por jueces y fiscales. La propuesta legal también contempla un capítulo sobre contratación pública, el rediseño de procedimientos, reformas al servicio público, entre otros.

Según, los asambleístas la contratación pública tiene un alto impacto en la economía nacional. En el 2024 se adjudicaron contratos por 73 millones de dólares, 76 millones por lista corta y 25 millones mediante concurso público, lo que representó el 6,5 % del Producto Interno Bruto.

También, advirtieron que entre el 10 % y el 30 % de los recursos destinados a proyectos financiados con fondos públicos se pierden a causa de la corrupción.

Finalmente, los legisladores coincidieron en la necesidad de garantizar el correcto uso de los recursos públicos. Plantearon evitar la manipulación del Sistema Nacional de Contratación Pública en diversos procedimientos, fortalecer las economías locales y asegurar el pago oportuno a los proveedores.