La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, continuó con la investigación de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno que afronta el país. Por lo que, recibió al fiscal general (subrogante), Wilson Toainga, quien defendió el trabajo de la entidad, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución y la Ley.

Para del Fiscal General del Estado (s), Wilson Toainga la actuación de los fiscales, en los casos de flagrancia, depende de los partes de aprehensión o novedades elaborados por la Policía y Fuerzas Armadas, no todas las partes ni todos los expedientes cuentan con la debida fundamentación para formular cargos; tampoco encajan en los presuntos delitos que se mencionan en ellos, dijo.

Los fiscales en determinados casos, cuando los elementos probatorios lo permiten, solicitan medidas cautelares personales o reales, no todos los casos ameritan prisión preventiva y en muchas ocasiones, el juez, sobre la base de las normativas nacionales e internacionales, decide otorgar medidas como la prohibición de salida del país o la presentación periódica ante la autoridad judicial, explicó.

Además, el problema va más allá de las medidas que adoptan los jueces. En el Ecuador, los fiscales y jueces no tienen garantías para desarrollar su trabajo, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, todos los operadores de justicia tienen las mismas medidas, pese a que el riesgo es mayor en el caso de quienes están al frente de los procesos relacionados con esta materia, señaló Toainga.

También, el fiscal general (subrogante) aseguró que existe normativa internacional excepcional relacionada con la materia del crimen organizado, que es un problema regional y mundial que data de la década de los noventa. Frente a esto, nuestra legislación debería contar con medidas excepcionales para garantizar la seguridad de los jueces y fiscales, insistió.

Finalmente, el presidente de la comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, solicitó a los integrantes de la mesa legislativa que remitan sus observaciones, para efectuar un pedido de información a la Fiscalía General del Estado, documentación que será debidamente analizada y evaluada para la construcción del informe respecto de la investigación.