Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, presentado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. El objetivo erradicar la violencia en las calles, la corrupción en todos los niveles y funciones del sector público, mejorar la eficiencia institucional y garantizar que los bienes y servicios del Estado respondan a las necesidades ciudadanas.

Según, el legislador Andrés Castillo el proyecto de Ley incorpora los elementos relacionados con: el balance general del Banco Central del Ecuador; la sanción de expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional; la deportación en el contexto del conflicto armado interno y la designación de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, señaló.

Además, el proyecto de Ley aborda cuatro ejes fundamentales: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público; la gestión pública en su conjunto y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.

Para la asambleísta Valentina Centeno es una ley necesaria, justa e inédita, que reforma cerca de 20 cuerpos normativos y que está enfocada en la protección de la vida, la dignidad humana. “Esta Ley es un paso clave en la búsqueda de un Ecuador justo, transparente e íntegro, manifestó.

También, Centeno explicó los aspectos relacionados con la seguridad, declaratoria de emergencia judicial, expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos, lucha contra el hacinamiento carcelario, evaluación de servidores públicos y reformas al régimen de contratación pública.

Mientras tanto, durante el debate intervinieron diez legisladores, quienes abordaron temas como: sanciones por prevaricato cometido por los jueces; la necesidad de democratizar la contratación pública; penas de hasta 15 años para adolescentes infractores; duración de la declaratoria de emergencia judicial; prevención del uso de jóvenes por parte del crimen organizado; balance general del Banco Central; apoyo a la economía popular y solidaria mediante una reserva de mercado y la depuración del Registro Único de Proveedores, entre otros.

Finalmente, el proyecto Ley no se limita únicamente al ámbito de la contratación pública, sino que va más allá, incorporando reformas integrales que permiten enfrentar la problemática de la corrupción de manera estructural, puntualizaron.