En la comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza y Washington Tiwi de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, expresaron su respaldo al proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Según, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE el proyecto de Ley trata de garantizar un mecanismo de reparación histórica. No es un formalismo o trámite por cumplir, sino de un derecho reconocido, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional.

“Más que un texto legal, es el reflejo de un reclamo histórico y legítimo de los pueblos indígenas, afros y montubios. La propuesta representa una exigencia institucional, constitucional y un mandato de justicia pendiente con los pueblos originarios del Ecuador. Esta normativa busca alcanzar una legislación transversal, libre de vicios”, sostuvo, Iza.

Por su parte, Washington Tiwi, presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, manifestó el respaldo a la Ley, Y propuso que el proyecto de Ley debe ser más articulada y pertinente, para permitir el pleno ejercicio de derechos dentro de un Estado plurinacional y que incluya artículos relacionados con la reparación y la remediación, dijo.

 Además, “la Ley va a permitir destrabar un sinnúmero de problemas que vivimos día a día”, aseguró Tiwi.

Así mismo, el presidente de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, se mostró preocupado por el hecho de que más del 68 % del territorio de Zamora Chinchipe cuenta con concesiones mineras, lo que evidencia la falta de control sobre la explotación minera ilegal, señaló.

Mientras tanto, el asambleísta Fernando Cedeño enfatizó en la necesidad de respetar el marco jurídico y las normas internacionales para lograr una armonización adecuada de la Ley.

Finalmente, esta iniciativa no solo representa una herramienta jurídica, sino un paso hacia la reparación histórica y la construcción de un Estado verdaderamente plurinacional, donde la voz de las comunidades no sea una formalidad, sino un principio fundamental de democracia y justicia social, puntualizaron.