La comisión de Transparencia resolvió inició el proceso de fiscalización sobre las actuaciones de los operadores de justicia en el marco de la denuncia presentada en contra del asambleísta Santiago Díaz, por un presunto delito contra la integridad sexual y reproductiva.

La moción la presentó el legislador Isaac Solano y aprobada con diez votos a favor.

La presidenta de la comisión, Diana Jácome, indicó que de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, ningún servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, la Asamblea Nacional tiene el deber de fiscalizar todas aquellas acciones que se ejecuten al margen del ordenamiento jurídico.

Para Jácome este proceso de fiscalización, de ningún modo, constituye una afectación al principio de independencia judicial consagrado en el artículo 168, numeral 1, de la Constitución de la República, el objetivo es garantizar la transparencia del proceso. “No vamos a evaluar las decisiones jurisdiccionales, sino las acciones que se adopten en este sentido”, dijo.

Dentro del proceso solicitarán la comparecencia del legislador Santiago Díaz y de quienes respaldaron con su firma la presentación del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, de autoría del asambleísta denunciado.