Los delegados de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, presentaron sus observaciones para mejorar a la Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, en la comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.

Para la asambleísta Inés Alarcón la crisis institucional que atraviesa el sistema penitenciario en el país es alarmante, por lo que solicitó trabajar en un marco jurídico autónomo, moderno y funcional que garantice la protección de los servidores penitenciarios, en el marco de sus actuaciones para el restablecimiento del control en los centros de privación de libertad y “frente a los grupos de delincuencia organizada que se han apoderado de estos”, dijo. 

La reforma de esta Ley no debe ser un parche operativo, sino una apuesta por la seguridad integral del sistema y el bienestar de quienes lo resguardamos, “no existe verdadera rehabilitación social si no hay disciplina y control interno, actuaciones de fuerza legalmente reconocida, con personal capacitado y protegido por la Ley”, explicó Alarcón. 

Además, proponen generar mecanismos para incrementar el número de funcionarios operativos en el sistema, actualmente existe un déficit del 68% de guardias penitenciarios para el resguardo óptimo de las 36 mil personas privadas de la libertad a nivel nacional. 

Así mismo, señalaron que “cuántos compañeros más tendrán que morir para que le den la importancia a lo que pasa dentro de los centros penitenciarios”, las cárceles del país se han convertido en “escuelas del crimen”, por lo que se ven impedidos de ejercer plenamente sus funciones. 

Finalmente, los legisladores integrantes de la comisión preguntaron sobre los protocolos de acción frente a amotinamientos, provisión de insumos, chalecos y armamento, entre otros. Y la presidenta de la comisión dispuso que se convoque al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), los delegados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, para construir en conjunto una normativa que responda al bienestar de los servidores penitenciarios, en el marco del respeto a los derechos humanos.