La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, dentro del proceso de fiscalización respecto a las actuaciones de los operadores de justicia, recibió información de los delegados de la Fiscalía General del Estado, quienes expusieron sobre los diversos procesos de investigación, en especial aquellos relacionados con delitos contra la integridad sexual.

Para el director de Estadísticas y Sistemas de la Información, Darwin Padilla actualmente la Fiscalía General del Estado cuenta con un visualizador público que presenta información sobre más de 280 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, indicó.

Por lo que, durante el período de análisis 2015–2025, se registraron 86.962 denuncias por delitos como violación, abuso sexual, acoso sexual, contacto con fines sexuales, distribución de material pornográfico, oferta de servicios sexuales con menores de edad, entre otros.

Además, esta información está desagregada por año, mes, provincia y cantón del incidente.

Así mismo, la mayor cantidad de denuncias se registró en Quito, con 17.085 casos, lo que representa cerca del 20 % del total; le siguen las ciudades de Guayaquil y Cuenca.

En cambio, Alejandro Bañó, director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, informó que, en el ámbito misional de la institución, existe un plan de cobertura con 929 fiscales a nivel nacional. De ellos, 95 están especializados en violencia basada en género y 217 son multicompetentes para conocer este tipo de casos.

En el país existen 42 puntos de atención integral para víctimas de delitos de naturaleza sexual. Desde el 2020, la Fiscalía cuenta con un módulo de denuncia en línea. A esto se suma la creación en el 2019 de un equipo interdisciplinario especializado en el seguimiento de este tipo de casos, orientado a la atención de víctimas. Paralelamente, opera el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.

Mientras tanto, Jonathan Ramos, director de Política Criminal de la Fiscalía, recordó que se creó una unidad especializada en la investigación de delitos digitales, otros instrumentos diseñados para apoyar las investigaciones en este ámbito.

Finalmente, los legisladores solicitaron ampliar la información respecto a la carga procesal, los protocolos para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes durante las investigaciones, entre otros.