La secretaria Nacional de Planificación, Diana Ramírez entregó a la Asamblea Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo “Ecuador no se Detiene 2025-2029”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147 y 280 de la Constitución de la República, el documento aprobado por el Consejo Nacional de Planificación el 21 de agosto y es la guía que orienta las políticas públicas y acciones del Estado en los próximos cuatro años, priorizando el bienestar de la ciudadanía, la equidad social y el desarrollo sostenible.

Según, la funcionaria la visión del primer mandatario, Daniel Noboa, prioriza el crecimiento social, con ejes sostenibles. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 proporciona la base técnica que orienta la formulación e implementación de las políticas públicas destinadas a enfrentar de manera estructural problemáticas como la desigualdad, pobreza y la exclusión social, dijo.

Además, los cinco ejes en el área se enfocan en lo Social; Económico, Productivo y Empleo; Ambiente, Agua, Energía y Conectividad; Institucional y Riesgos, este último de gran trascendencia porqué el país tiene una condición de multiamenaza.

Esto forma parte de una Estrategia Territorial Nacional que presenta diagnósticos y propuestas a nivel provincial. Cuenta con un mapa ampliado y oficial del Ecuador, continental e insular, donde destacan los límites marítimos con Costa Rica. Por primera vez, la visión de largo plazo fue construida con expertos en prospectiva y anhelos ciudadanos. El Plan cuenta con una alineación a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 96 de las 98 metas planteadas están relacionadas con las metas de la Agenda 2030, explicó la secretaría.

Mientras tanto, Diana Ramírez aseguró que la Secretaría de Planificación debe presentar el Plan Nacional de Desarrollo 90 días después de la posesión del Presidente de la República. Este “no es un Plan de escritorio, fue construido con la participación de más de 1.800 actores (ciudadanos, gremios, empresas, multilaterales, artistas, adultos mayores, comerciantes, jóvenes, deportistas, instituciones públicas de todas las funciones del Estado, academia”, entre otros.

Finalmente, el Plan refuerza el compromiso institucional con una planificación inclusiva, que reconoce y valora la diversidad social, étnica, territorial, generacional y de capacidades en el país, lo que permite que las políticas públicas respondan de manera pertinente y equitativa a las necesidades de la población, precisa el documento.