“La delimitación de páramos debe considerar criterios climatológicos, ecológicos y socioculturales para su uso tradicional”, consideró Tarsicio Granizo, director de World Wildlife Fund (WWF), al presentar sus observaciones a la Ley Orgánica para la Conservación de Páramos que se analiza en la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional.

Además, Granizo sostuvo que la propuesta de zonificar los páramos y elaborar planes para determinar qué actividades turísticas y económicas de bajo impacto podrían permitirse en estos, con base en estudios científicos.

“Es importante prohibir de manera terminante las actividades que causan daño a los páramos del Ecuador, como la ganadería, la agroindustria y apertura de vías que no cumplan con requisitos técnicos de sostenibilidad”, la Ley debe establecer sanciones para actos como la explotación botánica con fines comerciales, dijo.

Así mismo, solicitó evaluar la posibilidad de permitir intervenciones que garanticen el suministro de agua, siempre y cuando se realicen con los más altos estándares de control ambiental; las actividades que no afecten la recarga hídrica; la agricultura familiar; el turismo de baja intensidad; o los caminos vecinales, con el objetivo de comunicar a comunidades sin acceso a servicios esenciales.

Para el legislador Christian Hernández existen actividades que merezcan una prohibición tajante, a lo que el invitado respondió que «las actividades mineras deberían ser prohibidas se ha demostrado que la minería es una fuente de contaminación de los nacientes de agua que se encuentran en los páramos del Ecuador”, señaló.

Mientras tanto, el asambleísta Manuel Casanova sostuvo que los mecanismos adecuados para garantizar la sostenibilidad de los páramos. Granizo respondió que una gobernanza adecuada, con la participación de los habitantes de estos territorios y los gobiernos autónomos descentralizados, podrían ser útiles para este objetivo.

Finalmente, Camila León, asambleísta presidenta de la comisión destacó la participación de los expertos en materia ambiental, como una garantía para que la propuesta normativa responda a criterios de sostenibilidad ambiental.