Con 78 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional recomendó este martes 16 de septiembre 2025 y continuar con las mesas de diálogo sectoriales organizadas por el Gobierno Nacional, con la participación representativa de los sectores sociales, económicos y productivos directamente involucrados en los decretos ejecutivos N.º 125 y 126.

Además, exhortó a los órganos judiciales a dar trámite y resolución urgente a los procesos relacionados con el comercio ilícito de combustibles. Esta decisión tras conocer el Programa de Redistribución de Recursos y la entrega de incentivos sociales, como respuesta al nuevo cálculo del precio de venta al público del diésel en 2,80 dólares el galón, establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 126, vigente desde el 13 de septiembre del 2025.

Según, el legislador Esteban Torres, los subsidios a los combustibles se aplican en el país desde hace 51 años. Esto ha representado para el Ecuador un gasto de 33.000 millones de dólares en los últimos 10 años, dijo.

Frente a esta situación, lo importante es la redistribución de los recursos dirigida a compensaciones para transportistas, el bono Raíces, el Bono de Desarrollo Humano, la construcción de zonas de descanso para transportistas, el crédito 7×7, entre otros mecanismos, sostuvo Torres.

Por su parte, la asambleísta Annie Muñoz advirtió que la medida constituye un “golpe duro a la producción ecuatoriana” y exhortó a reformar, a fin de evitar un aumento de la desigualdad.

Mientras tanto, el parlamentario Héctor Rodríguez explicó que la eliminación de los subsidios generará un impacto del 20 % en la estructura de costos del sector productivo.

Finalmente, con la participaron 14 asambleístas en el debate respecto a la eliminación del subsidio al diésel, impacto, importancia de los incentivos sociales y los sectores beneficiarios de la redistribución de recursos, resolvieron exhortar al gobierno y los actores sociales a continuar con el dialogo.