Con 82 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, como económico urgente.

Además, el objetivo del proyecto de Ley es establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones destinados exclusivamente al fortalecimiento de las fuerzas del orden, entre sus atribuciones constitucionales de protección interna, mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana, defensa nacional y seguridad integral del Estado.

Para el asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la c omisión de Desarrollo Económico, este es un gran día para fortalecer y respaldar a las fuerzas del orden, que durante años han sido injustamente criticadas pese a arriesgar su vida por la seguridad de todos los ecuatorianos, dijo.

Así mismo, sostuvo que la Ley busca dotar de recursos estratégicos a las fuerzas del orden, promover la corresponsabilidad del sector privado y atraer la inversión, reduciendo el riesgo país. “Hoy es el momento de decidir si queremos un Estado que se arrodilla ante las mafias o un Estado que protege la vida de los ecuatorianos”, aseguró.

Los legisladores coincidieron en el debate la necesidad de garantizar la seguridad nacional frente al aumento de la criminalidad.

En cambio, los recursos destinados a estas instituciones llegarán directamente, sin depender de la distribución del Ejecutivo en la proforma presupuestaria anual.

Sin embargo, el asambleísta, Franklin Samaniego cuestionó que, el Ejecutivo insista en enviar una Ley económica urgente, advirtió que se repite el uso indebido de este mecanismo, recordando que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional una norma similar por mezclar materias y vulnerar procedimientos.

La Ley aprobada permitirá fortalecer las capacidades estratégicas y operacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mediante la canalización de recursos complementarios a la inversión pública, la promoción de la participación del sector privado a través de incentivos tributarios y la creación de un marco legal transparente para la recepción y rendición de cuentas de donaciones.

Mientras tanto, las donaciones podrán consistir en bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso, provenientes tanto de contribuyentes nacionales, con beneficios tributarios hasta el 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución, como de organismos y gobiernos internacionales, conforme a los acuerdos de cooperación y la normativa reglamentaria vigente.

Finalmente, e l proyecto de Ley aprobado será remitido al Presidente de la República para su sanción u objeción, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.