El Pleno de la Asamblea Nacional, con 81 votos a favor, resolvió archivar el proyecto de Ley de Prevención de Conflicto de Interés, porqué contiene normas incompatibles que podrían colisionar con la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Servicio Público, lo que afectaría la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico.

Según, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Diana Jácome los ejes principales de la propuesta legal, entre ellos la creación de registros, es incompatible con el ordenamiento jurídico. Asignar atribuciones tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Contraloría del Estado constituiría un doble juzgamiento, dijo.

Además, en el ámbito penal, las disposiciones del proyecto podrían colisionar con las normas del Código Orgánico Integral Penal que tipifican los delitos de cohecho, concusión, tráfico de influencias y la oferta de realizar tráfico de influencias, señaló Jácome.

Actualmente, la Ley Orgánica del Servicio Público prohíbe a los servidores públicos solicitar, aceptar o recibir dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especie, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones.

Mientras tanto, en el debate, el asambleísta Juan Gonzaga indicó la importancia de una regulación que permita frenar los casos de conflicto de interés.

Finalmente, la asambleísta Viviana Veloz, aseguró que el proyecto de Ley lo trabajaron junto a las organizaciones sociales, fundaciones, Ciudadanía y el Observatorio Legislativo, el objetivo regular el conflicto de intereses, transparentar las agendas y establecer medidas para prevenir estas prácticas, tipificar faltas y sanciones administrativas. Por ello, insistió en la necesidad de contar con esta normativa en el Ecuador, tal como ocurre en países como Perú, Colombia, España, Francia, Canadá, Chile, entre otros.