El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos a favor, la resolución que dispone a la comisión de Fiscalización iniciar un proceso de seguimiento y fiscalización integral, a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias, a las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, respecto de las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada, a fin de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades políticas y recomendar las acciones correctivas y las reformas normativas que fueran necesarias.

Así mismo, exhortó a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a realizar el control y seguimiento al cumplimiento de las Resoluciones Nro. 069-DE-ANT-2022, Nro. 070-DE-ANT-2022 y sus respectivos anexos, e informe sobre su cumplimiento al Ministerio del Interior y a la Comisión de Fiscalización.

Además, dispuso a la Secretaría General de la Asamblea Nacional notificar el contenido de la presente resolución a la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Según, el asambleísta José Luis Nango, esto no es un ajuste administrativo, sino una decisión trascendental sobre si la Asamblea se ubica del lado de la ciudadanía honesta o permite que las mafias sigan infiltrando las instituciones de tránsito. Denunció que en varias ciudades existen indicios concretos de matriculación ilegal, emisión irregular de placas y manipulación de sistemas para legitimar vehículos robados, prácticas que terminan facilitando asaltos, secuestros y asesinatos, dijo.

La Constitución obliga a fiscalizar el uso de las competencias públicas sin importar si pertenecen al nivel central o a los gobiernos locales y advirtió que la delincuencia organizada busca capturar estas entidades porque controlar el sistema de matrículas significa controlar la identidad de los vehículos usados para mover droga, lavar dinero o ejecutar sicariatos.

También, abrir un proceso de fiscalización serio, técnico y transparente que permita identificar responsabilidades, detectar patrones inusuales, articularse con organismos de control, si es necesario, promover reformas que blinden a las instituciones frente a la captura criminal. No se trata de perseguir a municipios ni funcionarios honestos, sino de defender al Estado, proteger a la ciudadanía y evitar que cada matrícula ilegal se convierta en un arma más del crimen organizado.

En cambio, el legislador Adrián Castro indicó que dichas resoluciones evidenciaron prácticas graves en más de 150 municipios, donde se matricularon más de 115 mil vehículos sin pago alguno, con un perjuicio superior a 50 millones de dólares, la creación de alrededor de 400 usuarios ilegales con claves vendidas clandestinamente.

Para Sergio Peña los artículos 120, 129 y 425 de la Constitución sustenta la competencia de la Asamblea Nacional en la fiscalización de todas las funciones del Estado y de los servidores públicos, incluidos quienes laboran en los GAD. La normativa constitucional prevalece sobre cualquier otra disposición, expresó.

Por su parte, el asambleísta. Isaac Solano alertó que la descentralización del tránsito, originalmente concebida para generar eficiencia, ha sido distorsionada por prácticas irregulares y presiones delictivas sobre servidores municipales. La Asamblea Nacional tiene el deber de fiscalizar con firmeza y empatía: “Si hay corrupción, debemos fiscalizar; si hay extorsión, también debemos fiscalizar”, señaló.

Mientras tanto, el legislador Juan Gonzaga aseguró que fiscalizar no significa obstaculizar al Gobierno, sino cumplir con el mandato constitucional, por lo que hizo un llamado a ordenar la agenda parlamentaria para atender temas prioritarios de manera responsable.

Finalmente, el parlamentario, Diego Franco advirtió que las mafias han alcanzado penetrar estructuras estatales, y que la captura del sistema de tránsito no es un problema administrativo, sino un facilitador directo del sicariato y el narcotráfico. La ANT ha confirmado estas irregularidades, lo que evidencia la gravedad y urgencia de la situación, puntualizó.