Con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución para iniciar un proceso de fiscalización sobre la gestión de residuos y el manejo del agua en las principales ciudades del país.

Según, la resolución exhorta a la Contraloría General del Estado a realizar de manera inmediata exámenes especiales a la empresa Interagua, a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP) y a los organismos encargados de la gestión de residuos y manejo del agua de las principales ciudades del país. El objetivo es verificar el cumplimiento de las inversiones en infraestructura y mantenimiento establecidas en los contratos de concesión, así como el uso y destino de los fondos recaudados a través de las tarifas cobradas a los usuarios.

Además, el Ministerio del Ambiente y Energía fortalecerá los mecanismos de monitoreo y control de la calidad del agua potable en Guayaquil y las principales ciudades del país, a través de pruebas independientes, aleatorias y periódicas a cargo de laboratorios certificados, bajo la supervisión de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).

Así mismo, exhorta al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Guayaquil y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los principales cantones del país, así como a sus entidades delegadas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP) e Interagua, a presentar informes trimestrales detallados ante la Asamblea Nacional y a ponerlos a disposición de la ciudadanía. Estos informes deberán incluir: indicadores actualizados sobre la calidad del agua distribuida, con parámetros técnicos y resultados de análisis; un detalle de las inversiones ejecutadas y presupuesto utilizado y el grado cumplimiento de los planes de mantenimiento y operación del sistema de agua potable y alcantarillado. Estos reportes deberán ser de acceso público y servirán de base para la rendición de cuentas y las acciones de fiscalización que correspondan.

En cambio, la Secretaría General de la Asamblea Nacional remitirá oficialmente la resolución a la Contraloría General del Estado; al Ministerio de Ambiente y Energía; al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Guayaquil –Municipio de Guayaquil–, y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los principales cantones del país; así como a sus entidades delegadas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP), la concesionaria Interagua y demás; a fin de que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las acciones que estimen pertinentes.

Mientras tanto, los informes de la Agencia de Regulación y Control del Agua, realizados en octubre del 2025, que evidenciaron la presencia de coliformes fecales en niveles hasta 80 veces superiores a los permitidos, así como metales pesados, lo que representa un serio riesgo para la salud pública.

Finalmente, los legisladores coincidieron en la necesidad de mejorar la gestión de residuos y garantizar el derecho al agua potable, denunciando cobros injustos, deficiencias en la recolección, irregularidades y corrupción en municipios.