El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, indicó el grave riesgo para la operatividad de los municipios. Los ciudadanos serán los principales afectados con las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). “El peor de los mundos, gente sin servicios y servidores sin empleo”, el proyecto de Ley debe ser archivado por ser inconstitucional, tener vicios de ilegalidad y porque su aplicación sería nefasta.

Segú, las partidas 71 (Gastos de Personal) y 78 (Transferencias para Inversión), el planteamiento de la reforma, se centra en una asfixia que desmantelaría el modelo de bienestar de la ciudad. El impacto es crítico porque, al intentar limitar el gasto en personal (71) y condicionar las transferencias de capital (78), se ignora que, en servicios básicos como salud, educación y cuidado social, el “recurso humano” es la herramienta de inversión misma, explicó Muñoz.

Para Quito, esto se traduce en riesgos específicos para los programas más sensibles: En educación, sostenibilidad de las unidades educativas municipales y el programa de bachillerato virtual se vería comprometida. Si se restringe la partida 71, no hay presupuesto para docentes y sin la flexibilidad de la 78, se detiene el mantenimiento de la infraestructura escolar. En salud: programas emblemáticos como “Salud al Paso” y las Unidades Metropolitanas de Salud quedarían en el aire. Estos servicios dependen directamente de profesionales especializados (médicos, enfermeras, psicólogos) cuya contratación se vería bloqueada por los techos impuestos a la partida 71, dejando a miles de quiteños sin atención primaria gratuita.

En cambio, inclusión social: El acompañamiento a grupos vulnerables, como los centros de erradicación del trabajo infantil o los comedores populares, no son “obras de cemento”, sino servicios de atención humana. Al priorizar solo la infraestructura física en la reforma, estos programas de acompañamiento social y escolar perderían su financiamiento, la Ley dejaría de considerarlos una “inversión” válida bajo los nuevos parámetros.

Así mismo, la falta de transferencias oportunas (78) o el recorte de competencias sin financiamiento significaría, en la práctica: Paralización de obras viales en barrios periféricos. Deficiencias en el saneamiento y gestión de residuos e inestabilidad en programas sociales de atención a grupos vulnerables.

Mientras tanto, el debilitamiento de los ingresos locales generaría un “efecto dominó” que terminarían pagando las familias. La falta de transferencias oportunas o el recorte de competencias sin financiamiento significaría, en la práctica: paralización de obras viales en barrios periféricos, deficiencias en el saneamiento y gestión de residuos, inestabilidad en programas sociales de atención a grupos vulnerables.

Finalmente, el alcalde de Quito, Pabel Muños llamó a los asambleístas a legislar con responsabilidad. “Son momentos duros para el Ecuador, donde estamos amenazados por la inseguridad y la pobreza y que nosotros desatendamos a esas familias no es lo correcto, le pido a la Asamblea Nacional, de manera respetuosa y democrática, no cometan un grave error, no abandonen a las familias más pobres de todo el Ecuador”, precisó.