Luego, de conocer una amenaza dirigida a una jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Paján, en la provincia de Manabí, el Consejo de la Judicatura activó de manera inmediata los mecanismos institucionales correspondientes, una vez verificado este lunes 2 de febrero de 2026, personas no identificadas dejaron un mensaje intimidatorio. La institución dispuso acciones urgentes a nivel interno y coordinó de forma inmediata las gestiones necesarias con las entidades competentes para precautelar la integridad de la servidora judicial quien, actualmente, cuenta con el resguardo permanente de dos efectivos policiales.

El Consejo de la Judicatura solicitó formalmente al Ministerio del Interior la actualización del nivel de riesgo de la servidora judicial, con el objetivo de que se evalúen y determinen las medidas de seguridad correspondientes, conforme al análisis técnico respectivo.

Mientras tanto, las acciones preventivas, la jueza labora, desde hace dos años, bajo la modalidad de teletrabajo, disposición que se mantendrá de manera íntegra y al 100% para proteger su vida e integridad.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura condeno enérgicamente cualquier acto de intimidación o amenaza contra los servidores judiciales y reafirmó el compromiso con la independencia judicial.

Este domingo, 1 de febrero del 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía y el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, urgentes en materia económica, presentados por el presidente de la República, Daniel Noboa.

La decisión del CAL se tomó con base a los informes técnico jurídico no vinculantes de la Unidad Técnica Legislativa, que establecen que las iniciativas legales cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Los dos proyectos de Ley serán tramitados en la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. La primera normativa tiene como propósito modernizar el marco legal minero y energético para atraer inversiones mediante seguridad jurídica y eficiencia regulatoria; así como maximizar los ingresos fiscales y el suministro eléctrico para fortalecer la estabilidad económica estatal.

La segunda propuesta tiene como objetivo incorporar en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) las reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias, en armonía con la planificación y la sostenibilidad fiscal. Establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen al menos el 70% del presupuesto e inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.