Con 83 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional, calificado como urgente en materia económica.  

Según, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, actualmente 720 mil familias no cuentan con una vivienda digna. Por ello, al aprobarse este proyecto de Ley, las empresas podrán destinar o pagar su impuesto a la renta mediante la construcción directa de viviendas de interés popular.

Para la presidenta de la comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, “la importancia económica, productiva y social de esta tierra, y, sobre todo, por las miles de familias orenses que merecen una casa digna; un techo gratuito y seguro donde vivir. Esta Ley de vivienda social, enviada por el presidente Daniel Noboa, representa mucho más que una norma. Se trata de hacer justicia con quienes estuvieron en el olvido, darles una mejor calidad de vida, fortalecer su estabilidad, salud, seguridad y sobre todo del futuro”, dijo.

En cambio, entre las disposiciones incorporadas consta el beneficio para las familias del segmento 2, aquellas que requieren un subsidio parcial y que pueden completar el financiamiento de su vivienda mediante un crédito.

Además, el beneficio se relaciona con el uso de terrenos, permitir construcciones en terrenos del Estado y en terrenos donados al Estado, se fortaleció la redacción para incluir edificaciones en terrenos propios de las familias beneficiarias.

Así mismo, establece que, si una empresa o un privado realiza una donación destinada a construir viviendas, deberá existir previamente un convenio obligatorio con el ente rector de vivienda. Cuando el terreno sea del Estado, se mantiene el plazo de 90 días para que el ente rector entregue las escrituras públicas al beneficiario.

Por lo que, la asambleísta Centeno indicó que reducir el déficit habitacional, esta Ley dinamiza la economía al generar empleo y activar sectores como materiales de construcción, transporte, servicios técnicos, comercio y actividad inmobiliaria. La normativa creará un incentivo tributario para quienes donen viviendas de interés social o recursos económicos destinados a su financiamiento, el objetivo es promover la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales y contribuir a reducir el déficit habitacional del país, especialmente frente a eventos climáticos adversos u otras contingencias.

También, incorpora una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que permite a los contribuyentes acceder a una rebaja de hasta el 100 % del valor donado en su Impuesto a la Renta, con un límite máximo del 30 % del impuesto causado, sin derecho a devolución. Este beneficio aplicará tanto para la donación de viviendas que cubran el subsidio total del Estado como para los aportes destinados al financiamiento parcial de viviendas. Para acceder a este incentivo, se requerirá la suscripción de convenios entre los donantes y el ente rector de hábitat y vivienda, así como la verificación de su cumplimiento mediante actas de entrega recepción o escrituras públicas.

Los mecanismos para garantizar una adecuada focalización del beneficio. El ente rector de hábitat y vivienda elaborará y publicará anualmente un catálogo de necesidades de vivienda de interés social, priorizando territorios con mayores niveles de pobreza, déficit habitacional y necesidades básicas insatisfechas. El incentivo tributario tendrá carácter temporal y estará vigente durante los períodos fiscales comprendidos entre 2026 y 2029. Durante este tiempo, el ente rector de las finanzas públicas definirá el monto máximo del gasto tributario, en función de la sostenibilidad fiscal del Estado.

Mientras tanto, el Servicio de Rentas Internas y el ente rector de hábitat y vivienda deberán emitir la normativa secundaria necesaria en un plazo máximo de 30 días para garantizar la correcta aplicación de esta Ley, evaluar anualmente su impacto fiscal y económico.

Finalmente, la Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre cualquier norma de igual o menor jerarquía, consolidándose como una herramienta para promover el acceso a una vivienda digna y fortalecer la cooperación entre el sector público y privado.