La Comisión de Garantías Constitucionales continuó el análisis del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio. El defensor público, Ángel Torres y Mayra Tirira, coordinadora de Acciones Legales de Surkuna presentaron observaciones a este cuerpo legal.

Por su parte, Ángel Torres indicó que la Defensoría Pública tiene la obligación de garantizar el acceso de toda persona a una defensa justa, en especial cuando se trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia y que no tienen los recursos necesarios para una defensa privada.

Entre las observaciones del Defensor Público propone que es necesario eliminar el término “otras muertes violentas”, ya que podría afectar el interés de las víctimas indirectas de femicidio, puesto que no toda muerte violenta ocurre por razones de género.

Además, Torres dijo que se debe mantener la definición de “femicidio” que se encuentra en el Código Orgánico Penal Integral (COIP), esto permite tipificar los elementos delictivos del femicidio y la definición de víctimas indirectas utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así mismo, la asignación de presupuesto es indispensable para realizar investigaciones exhaustivas de los casos de femicidio, lo que implica tener personal capacitado, equipos especializados, tecnología avanzada, así como investigadores forenses, psicólogos y otros profesionales que faciliten realizar los análisis forenses adecuados y garantizar una persecución efectiva de los responsables, como acceder a la justicia y reparación de las víctimas.

En cambio, a Mayra Tirira le preocupa la intensión de la comisión si es generar una Ley exclusiva, cuando existe la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que desarrolla todos los procesos de prevención, atención y acompañamiento para todas las víctimas de violencia de género.

Por lo que, Tirira propuso visibilizar a quienes exigen justicia, que generalmente son las madres o familiares de las víctimas. Es importante definir las edades de protección a niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad y qué tipo de protección van a recibir. Si es una Ley enfocada en la reparación y acompañamiento, sus términos deben ser claros, por ejemplo, qué tipo de servicios van a otorgar. La implementación de protocolos y políticas públicas específicas, señaló.

Mientras tanto, las preguntas de las asambleístas Paola Cabezas y Jahaira Urresta de la Revolución Ciudadana fue por la falta de diligencia de la Defensoría Pública para atender a las víctimas de femicidio, en asesoría legal y psicológica, en zonas alejadas a las grandes urbes y de escasos recursos económicos.

Sin embargo, el Defensor Público Ángel Torres aseguró que influye mucho la falta de presupuesto, en el 2022 se incorporó un equipo de psicólogos, pero que la falta de asignaciones económicas impide implementar los servicios de asesoría legal y psicológica a nivel provincial.

Finalmente, la comisión continuará en la construcción del informe, el objetivo garantizar la protección y atención a las víctimas indirectas de femicidio.