Autonomía, control a las organizaciones deportivas y un régimen especial tributario que incentive la inversión en las actividades deportivas es lo que plantea incluir en el proyecto de Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación, sostiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Así lo expresó Francisco Egas, presidente de la FEF, en la Comisión de la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, junto al asesor jurídico, Nicolás Solines, aplaudió que se analice una nueva Ley que se adapte a la realidad del deporte, que permita fortalecer y desarrollar herramientas para el mejoramiento de está actividad, la sociedad y a través de éste impartir principios a la juventud.

Además, Egas, señaló que al margen de la autonomía que debe tener el fútbol, por estar bajo el régimen de Leyes y estructura internacional, debe haber regulación y control permanente estatal a de las corporaciones deportivas que les permita cumplir y actuar de forma organizada.

Así mismo, sostuvo en la necesidad de promover el régimen tributario para las sociedades anónimas deportivas como manera de atraer la inversión privada al deporte.

Mientras tanto, Nicolás Solines, asesor jurídico, indicó que la estructura supranacional que tiene el fútbol, sin violentar la normativa interna, les obliga a tener autonomía para desarrollar esta disciplina en todas las áreas del deporte y no solo el profesional.

Por lo que, Solines aseguró que las organizaciones deportivas deben tener ciertas regulaciones y normas legales que estén acordes con la normativa internacional, a fin de posibilitar que tengan seguridad jurídica.

Las características de las sociedades anónimas deportivas que deben constituirse sobre la base de un régimen jurídico especial, que les permita poner en marcha el objetivo para las que fueron creadas bajo el paraguas de la estructura internacional conformada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

De su lado, el presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Santo Domingo de los Tsáchilas, Salustio Cabrera, coincidió y felicito la iniciativa del proyecto, solicitó se consideren los inconvenientes que existen con los bienes y espacios destinados al deporte que son de propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados.

Con relación a la asignación de recursos para el fomento, desarrollo e infraestructura del deporte barrial y parroquial dijo se incluya al deporte formativo y recreativo para que pueda tener ayuda económica, sin pasar por tantos inconvenientes a nivel municipal y provincial.

De acuerdo a los asambleístas trabajan en una nueva Ley que fortalezca el deporte, con un enfoque integral.

Sin embargo, expresaron su preocupación por el problema económico que tienen varios clubes del fútbol profesional, la falta de ingresos, aportes y apoyo de los auspiciantes, por lo que incluirán en el proyecto un capítulo sobre el deporte profesional, la regulación que beneficie el funcionamiento de las sociedades anónimas.

Finalmente, el presidente de la Comisión, William Garzón, manifestó que serán respetuoso de las regulaciones establecidas en las normas internacionales, resaltó los aportes y visión de las organizaciones de fútbol para el proyecto que se construye con la participación ciudadana, respetando el marco constitucional, precisó.

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El Presidente de la República, Lenín Moreno, veto parcialmente por inconstitucional el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio remitido por la Asamblea Nacional el pasado 19 de enero.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso de lucha contra la corrupción y reconoce la necesidad de contar con una Ley que permita la recuperación de los bienes obtenidos de manera ilegal.

Sin embargo, para tener seguridad y eficacia en la aplicación de esta norma, es necesario contar con un dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, para tener absoluta garantía del contenido de la Ley y su aplicación, sea en el marco del respeto de los derechos constitucionales.

La objeción parcial, se ha enviado a la Asamblea Nacional varios textos alternativos que tienen como finalidad fortalecer y mejorar la institucionalidad necesaria para la operatividad de la extinción de dominio en el Estado ecuatoriano, destaca el documento.

De igual manera, se han realizado ciertas precisiones que deben considerarse en el marco de la cooperación internacional, para poder realizar investigaciones y procesos de extinción de dominio sobre bienes que se encuentren fuera del país.

Además, la objeción parcial por inconstitucional, existen algunas preocupaciones respecto de la seguridad jurídica y el debido proceso en el proceso judicial, mismas que por su alcance deben ser analizadas por la Corte Constitucional.

Por otro lado, el Ejecutivo observa que el texto propuesto por la Función Legislativa podría contener imprecisiones que no pueden ser subsanadas por el Primer Mandatario, toda vez que el alcance e impacto de las mismas podría afectar el contenido y las garantías de los derechos reconocidos en la Constitución.

Por lo que se ha requerido un análisis de la constitucionalidad de la creación de nuevas competencias y atribuciones a varias instituciones públicas que participarían en el procedimiento propuesto, a fin de mantener armonía con los roles constitucionales asignados a cada entidad.

De igual manera, se ha requerido se realice un examen de constitucionalidad respecto del establecimiento de la norma procesal penal como supletoria para una acción de naturaleza civil, lo cual ha sido transversalizado en todo el proyecto.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional en su análisis hace énfasis en la necesidad de respetar el principio de jerarquía normativa en todo el proyecto de ley, mismo que guarda directa relación con el derecho de la seguridad jurídica y todas las garantías del debido proceso.

Con respecto al principio de retrospectividad, introducido por primera vez en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, genera preocupación que el texto propuesto por la Asamblea Nacional diste del alcance que dicho principio posee y pueda asemejarlo a una aplicación retroactiva de la norma.

El Gobierno Nacional reconoce plenamente la necesidad de contar con la retrospectividad en la aplicación de la extinción de dominio ya que permite rever situaciones jurídicas actuales que pudiesen haberse originado de hechos fraudulentos e ilegales y reafirma la vigencia del ordenamiento jurídico bajo el cual, “el paso del tiempo no convalida ni subsana ilegalidad”. Razón, por lo que solicita un análisis de constitucionalidad por el máximo órgano correspondiente, respecto del principio de retrospectividad.

Respecto a la imprescriptibilidad propuesta para la acción de extinción de dominio, llama la atención que la Asamblea Nacional determine la misma acción de extinción de dominio, cuando es una acción independiente, sugiere que ésta debe ser imprescriptible, ya que existen delitos que por norma constitucional lo son.

La imprescriptibilidad de las acciones determinan responsabilidades es una excepción que encuentra su límite en la Constitución ecuatoriana, por lo cual es necesario contar con un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la posibilidad de nominar como imprescriptible a una acción de esta naturaleza, sin que afecte los derechos consagrados en la Constitución de la República.

Por otro lado, se requiere analizar el destino de los fondos dispuestos en el proyecto de ley en el marco de las pre-asignaciones presupuestarias determinadas en la Constitución de la República, que garanticen una asignación transparente de recursos priorizando los sectores de salud, educación y justicia, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Finalmente, el Gobierno Nacional, informó que manteniendo su política de apertura al diálogo, ha recibido opiniones desde el sector de los profesionales en el ámbito legal, de la academia y organizaciones que velan por el correcto manejo jurídico de la legislación ecuatoriana, que exhortaron al Presidente de la República Lenín Moreno, el veto parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, resaltando su preocupación por el contenido, ya que el texto viola el principio de irretroactividad de la ley, viola el principio de responsabilidad penal individual y viola el derecho a la propiedad; tal como está redactado el proyecto de Ley, este “pase de ser un instrumento de combate a la corrupción para convertirse en una herramienta de confiscación arbitraria y persecución política, porque, una norma que viola tantos principios constitucionales no es sostenible ni deseable”.