La Comisión de Justicia, continuó con la recepción de las observaciones sobre el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Penal y de La Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para prevenir y sancionar la violencia sexual digital.

La comisión recibió a Francisco Cevallos, secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, quien indicó que frente a las violaciones de derechos y delitos en línea, es fundamental un abordaje integral de la temática en lo educativo, la familia y las empresas.

Además, Cevallos recomendó definir las rutas y protocolos adecuados, que contemplen la pertinencia y oportunidad de la denuncia, armonización entre lo administrativo (sistema educativo, familia, el ente regulador de las telecomunicaciones, etc.) y lo judicial (Fiscalía, justicia especializada, delito cibernético).

Así mismo, dijo que la prevención, protección y restitución, es corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia, tras asegurar que la prevención no es prohibición y se requiere de un acompañamiento adecuado con criterio para disminuir la vulnerabilidad, el control para el uso del internet es responsabilidad de la familia.

Por ello que, el sistema educativo se ha volcado a las tecnologías de la información y la comunicación, las que tienen una potencialidad impresionante, se convierten en escenarios de riesgo, principalmente para niños, niñas y adolescentes.

Cevallos dijo que considera que el proyecto es importante en la identificación y tipificación del delito, ayudará a desarrollar competencias tecnológicas para que la niñez y adolescencia puedan tener una vida digital saludable, por lo que es indispensable mantener una relación directa con la Ley de Educación Intercultural y el nuevo Código de la Niñez.

El hostigamiento debe ser incluido, el robo o suplantación de identidad en el entrono digital y endurecer la pena cuando la víctima de este delito sean niños, niñas y adolescentes.

Mientras tanto, Cevallos propuso que en el ámbito de la violencia sexual digital, se incorpore una excepcionalidad o aclaración respecto a que en caso de niñez y adolescencia, no existe la figura de consentimiento porque hay una relación de poder, coacción, sometimiento sobre el niño, niña y adolescente, al estar en un proceso de crecimiento y desarrollo, es parte del supuesto que no necesariamente este grupo humano comprende las implicaciones y consecuencias de una determinada acción y sus consecuencias.

Finalmente, la asambleísta, Lourdes Cuesta explicó que se debe hacer una clara diferenciación entre lo que sucede con niños, niñas y adolescentes, al igual que con personas vulnerables, en cuyo caso jamás habrá un consentimiento para una grabación, fotos, videos e imágenes, respecto a los ciudadanos adultos que se realicen una grabación en pareja con el debido consentimiento, esto no significa que se pueda autorizar su difusión y extorsión.

Con 125 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el informe no vinculante en torno de la fiscalización de la obtención de carnés de discapacidad, elaborado por la Comisión de Salud, el documento exige al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que definan las políticas, normativas y medidas, que garanticen el cumplimiento de los derechos a los que tienen todas las personas con discapacidad.

La moción la presentó el legislador Rodrigo Collaguazo, quien planteó acoger el informe y las recomendaciones.

Además, se pronunció por instar a las autoridades de las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia, y otros órganos del poder público a cumplir con el principio de legalidad consagrado en la Constitución de la República y su obligación de remitir a la legislatura, la información que le sea requerida, a fin de no obstruir su competencia de fiscalización y control político.

Exige al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad se enfoque especialmente en el procedimiento establecido para viabilizar el otorgamiento de los certificados médicos emitidos por los profesionales de centros prestadores de salud privados, que deben contar con las garantías necesarias de veracidad sobre la especialidad acreditada para esta finalidad, con el propósito de que su uso sea el correcto y evitar situaciones como las presentadas durante las sesiones en este proceso de fiscalización.

Así mismo, exhorta a la Contraloría y a la Fiscalía General para que dentro del debido proceso concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la presunta irregular de emisión y obtención, uso y abuso de los carnés de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal.

Igualmente, se solicita al Ministerio de Salud un reporte actualizado respecto del seguimiento y estado procesal actual de las denuncias que presentó en la Fiscalía General respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29 708 carnés, de los cuales 2454 presentaron irregularidades; mismo que se será remitido a la Comisión del Derecho a la Salud.

Por último, se dispone que se inicie, respetando el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la legítima defensa, la investigación del caso del legislador Fabricio Villamar, para cuyo efecto el parlamentario Rodrigo Collaguazo será el encargado de presentar la respectiva denuncia.

Por su parte, el asambleísta William Garzón, presidente de la Comisión de la Salud, calificó de un hecho miserable la entrega fraudulenta de alrededor de 3 mil carnés de discapacidad, más aún en medio de la pandemia, cuando el proceso estaba suspendido durante el estado de excepción.

El deficiente control de las autoridades de salud permitió que la red de corrupción actúe incluso en la emergencia sanitaria para entregar de forma irregular los carnés de discapacidad, solo 11 de los 137 asambleístas estaban inmersos en esta temática, explicó Garzón.

Finalmente, en el debate intervinieron 15 asambleísta, las opiniones se enfocaron en que el parlamento ofrezca una respuesta firme y contundente, sin cálculos políticos, para determinar los responsables y juzgar a los que han actuado dolosamente en la tramitación de los carnés, en que se configuran delitos como tráfico de influencias, asociación ilícita, concusión, defraudación tributaria, la necesidad de exigir a la Contraloría, Fiscalía y la administración de justicia, en general, celeridad en los procesos judiciales, para que estos actos reñidos con la moral y la ética no se queden en la impunidad, y se transparente la información.