Con el objetivo de profundizar el debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, las leyes de Seguridad de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la Comisión de los Trabajadores recibió las comparecencias de los ministros de Gobierno, Defensa y autoridades del ISSPOL e ISSFA.

Según, la propuesta establece que el Estado reconozca el pago del 100 % a los beneficiarios de las pensiones jubilares por vejez o retiro que estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia y perciban, por ello, sueldo, salario o remuneración.

Además, actualmente en la legislación consta el descuento del 40 % del aporte estatal a las pensiones jubilares cuando el jubilado reingresa al mercado laboral y se afilia al IESS como trabajador en relación de dependencia.

Así mismo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, consideró que el proyecto tiene sentido constitucional y carácter social respecto a la intangibilidad de las pensiones, motivaciones básicas para que la reforma siga su trámite normal y se haga realidad, en el menor tiempo posible, la pensión jubilar es el fruto de aportaciones de los uniformados durante su carrera profesional antes de pasar a retiro, las que de ninguna manera pueden ser embargadas, retenidas o recortadas.

Por su parte, Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, señaló que ese descuento del 40 % en las pensiones es una medida inconstitucional, por lo que propuso a los comisionados que se incorpore una disposición para que el ISSPOL pueda tener jurisdicción y capacidad coactiva, a fin de cobrar deudas y recuperar fondos, tomando en cuenta los escándolos y estafas que tuvo que soportar la entidad.

De su lado, Ángel Esquivel, director del ISSPOL indicó de debe tomar en consideración el artículo 370, último inciso, de la Constitución de la República dispone que el Estado garantizará el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en el Art. 371 de la Carta Magna manifiesta que las prestaciones en dinero del Seguro Social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos o de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, precisó, al argumentar que la reforma no afecta a las finanzas del Instituto.

Mientras tanto, Alejandro Vela, director General del ISSFA, expresó que no es factible coartar la posibilidad de reintegración laboral de un pensionista, se debe considerar la pensión jubilar como un derecho de seguridad social, como la remuneración laboral, precisó.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de los Trabajadores, Karina Arteaga, solicitó que se envíen por escrito las observaciones para que el equipo técnico pueda analizarlas y sean incluidas, aseveró.

El periodo legislativo que iniciará el 14 de mayo entrará en vigencia, al menos, el 95 % de las reformas recientemente aprobadas por el pleno de la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, lleva adelante las acciones que buscan concluir el actual periodo con orden y responsabilidad, cuando restan más de 40 días para que los asambleístas electos se posesionen.

En esta línea avanzan las actividades, incluyendo reuniones y capacitaciones alineadas a conseguir que el trabajo Legislativo no se detenga.

Están previstas dos reuniones con los representantes de las nuevas bancadas que conformarán el parlamento 2021-2025, se abordaran temas que están en tratamiento, el estado de las leyes en proceso de construcción y los procesos administrativos en curso para la aplicación de la LOFL.

Otra reunión planificada es con los asambleístas más votados en las últimas elecciones, ellos son, en su orden: Pierina Correa, Salvador Quishpe y Wilma Andrade, el objetivo de este encuentro será establecer los lineamientos para la primera sesión del Pleno, dentro del procedimiento parlamentario, puesto que serán quienes la dirijan conforme establece la ley.

Mediante un programa de formación, la Legislatura generará la inducción a los 137 asambleístas electos, del 1 al 30 de abril para el efecto contará con el apoyo del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y la Fundación de Estudios Parlamentarios Manuel Giménez Abad, de las Cortes de Aragón de España, la misma que contará con el aval académico de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

El propósito de esta actividad es brindar conocimientos sobre las funciones, atribuciones, competencias, prohibiciones, que tienen los asambleístas, conocimientos sobre los procedimientos legislativos y fiscalizadores establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y sus reformas.

El Programa se desarrollará en cinco módulos, el primero, sobre la organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional, el segundo abordará el procedimiento legislativo, un tercero tratará la práctica parlamentaria; el cuarto desarrollará la función fiscalizadora y de control político y finalmente recibirán información sobre derechos y participación ciudadana.

Finalmente, la inducción tendrá una modalidad abierta en línea y los asambleístas electos podrán optar por generarla de acuerdo a sus tiempos, hasta el 30 de abril, los docentes que participarán en los diferentes módulos son profesionales nacionales con amplia experiencia en el ámbito legislativo y que se han interesado por el estudio del Derecho Parlamentario y la Técnica Legislativa,
de esta forma se realiza la transición que dará paso al nuevo periodo legislativo, encargado de poner en plena vigencia la LOFL, cuya reforma afianza el rol del Primer Poder del Estado.