El secretario del Comité de Empresa de Explocen C.A. Freddy Caisa, Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) y personas despedidas de otras compañías, pidieron sancionar al ministro de Trabajo, Andrés Isch, en el juicio político, presentada por Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana, por incumplimientos de funciones.
El Ministerio del Trabajo no cumplió con su rol de tutelar los derechos de los trabajadores, permitió el despedido de compañeros que tenían entre cinco, 10, 15 y 20 años de trabajo, con liquidaciones irrisorias, así como cuatro intentos de desalojo de las instalaciones de la empresa, contraviniendo el derecho a la huelga, insistió Freddy Caisa.
Por su parte, Edwin Bedoya, vicepresidente de la Cedocut y presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha, aseguró que el juicio político dejará un mensaje a todos los funcionarios públicos que deben cumplir con sus obligaciones establecidas en la Constitución y la ley.
Además, Bedoya indicó que en este último período del gobierno se ha violentado sistemáticamente el derecho a la organización sindical, a la contratación colectiva, es el caso de Explocen existe una confabulación entre la empresa, policía, instituciones relacionadas con la justicia y el propio ministerio del Trabajo, en contra de los trabajadores.
Por su parte, Juan Mosquera, Sonia Vicuña y David Leiva, quienes fueron despedidos de sus puestos de trabajo, en diferentes empresas, mediante la aplicación de la figura de caso fortuito o fuerza mayor, contemplado en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, señalaron que su desvinculación no cumplió con los justificativos que corresponden a la referida figura jurídica y se les consignaron liquidaciones que llegaron a 300, 400 y hasta 1000 dólares.




